Por Yezid García Abello
Jueves 26 de enero de 2017
Es evidente que el debate sobre la realización o no de corridas de toros en Bogotá ha polarizado la ciudad. Y la razón principal de esa polarización actual es que una de las partes en disputa, la minoritaria según ellos, la de los taurinos, impidió con una tutela de “dudosa ortografía” a la cual el Consejo de Estado le dio trámite favorable, la realización el 25 de octubre de 2015, simultáneamente con las elecciones territoriales, una consulta ciudadana que definiera si se prohibían o no las corridas de toros en el territorio del Distrito Capital. De haber tenido curso normal la convocatoria de los y las ciudadanas para esa consulta la democracia de las urnas habría zanjado esa contradicción, y hoy no estaría expuesta Bogotá a un muy agudo enfrentamiento entre taurinos y animalistas, que aunque todos esperamos que sea civilizado y pacífico, nadie puede dar garantía que no se transforme en un hecho de lamentables consecuencias.
Es necesario hacer un par de precisiones:
a. Si bien es cierto que la Corte Constitucional, hasta hoy, no ha prohibido en general el toreo y permite “excepcionalmente” el maltrato animal, exige que esa “tradición cultural” tenga “arraigo mayoritario en la población” del municipio donde se pretenda realizar corridas de toros. Y la única manera civilizada de saber si el toreo tiene ese “arraigo mayoritario” en Bogotá es a través de una consulta ciudadana.
b. Los taurinos claman que ellos son “una minoría” protegida por la Constitución Nacional. No es cierto, la Constitución se refiere a minorías que no violen la ley y el maltrato animal está prohibido por ley de la República. Si la Constitución se refiriera a “todas” las minorías y avalara “todas” las pretendidas “tradiciones culturales”, independientemente de su naturaleza, Colombia terminaría, según el raciocinio de los taurinos, protegiendo a las minorías pedófilas; o las que practican ritos satánicos o sacrificios humanos, o sacrificio de animales; o a fanáticos de tradiciones esclavistas o racistas; o a las que practican la ablación; o a nostálgicos del feudalismo que añoran la vigencia del “derecho de pernada”.
En junio de 2015 varios colectivos ciudadanos solicitaron a la Alcaldía de Bogotá la realización de una consulta popular de carácter local, como concreción de un derecho político colectivo, con el fin de que mediante procedimientos democráticos, pacíficos y civilistas, los habitantes de la capital de la República decidieran sobre la conveniencia o inconveniencia de mantener este tipo de prácticas taurinas que al igual que las peleas de gallos o de perros fieros, constituyen actividades degradantes no sólo de los animales sino de los mismos humanos que participan en calidad de negociantes o de espectadores. Todo ello en el entendido de que la lucha por la protección de los derechos de los animales y específicamente contra las corridas de toros, es un paso adelante en el sentido de acceder a la modernidad, a desarrollar el humanismo integral, a mejorar la educación frente a la relación con la naturaleza, a fortalecer la sensibilidad y el espíritu de la ecología humana, y la superación de siglos de colonialismo, machismo, salvajismo y manipulación de las inclinaciones más primitivas del ser humano, que no tienen otra finalidad que estimular la violencia y degradar la dignidad.
La Alcaldía de la Bogotá Humana inició el trámite, de acuerdo con el procedimiento legal establecido, solicitando un “Concepto de conveniencia” al Concejo de la capital que luego de varios debates, con audiencias con taurinos, animalistas, expertos constitucionales y ciudadanos culminó con la aprobación mayoritaria del Concejo, 26 votos a favor y nueve en contra, de la ponencia favorable suscrita por los concejales Olga Victoria Rubio, Clara Sandoval y Yezid García, este último coordinador de ponentes, el 28 de julio de 2015.
El trámite continuó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, organismo competente que el 25 de agosto del año mencionado expidió el “Concepto de constitucionalidad” de la consulta. Quedaba así despejado el camino para que el 25 de octubre Bogotá se expresara en las urnas sobre si se permitirían corridas o no en el territorio del Distrito.
La actitud dilatoria del Registrador de ese entonces, Carlos Ariel Sánchez, alegando falta de recursos para cumplir el mandato legal, fue derrotada con la posición categórica de la Alcaldía en el sentido de contribuir económicamente y con recursos humanos y técnicos que hicieran perfectamente factible realizar la consulta. Sin embargo, como la liebre salta de donde menos se espera, y los taurinos no querían que la consulta se realizara, una tutela con concepto favorable en el Concejo de Estado sepultó, por esa vez, la expresión ciudadana que debía definir si la práctica del toreo tenía arraigo mayoritario en la población bogotana.
Peñalosa ganó las elecciones a la alcaldía ese 25 de octubre, ha contado con las mayorías en el Concejo de Bogotá que le ha aprobado cosas absurdas como la privatización de la ETB, la urbanización de buena parte de Reserva Forestal Van der Hammen y el cambio de un Metro subterráneo con diseños por un hipotético Metro elevado con recorrido más corto que no cuenta con estudios ni diseños de ingeniería. El alcalde ha afirmado que no es partidario de las corridas de toros. Y si esa afirmación es cierta, ¿Porqué no reinició el proceso de convocatoria a una consulta popular en la Capital sobre el tema, aprovechando en el Concejo sus mayorías y el seguro respaldo de la oposición a un concepto de conveniencia? ¿Teme enfrentarse a Corporación Taurina, a la cual condecoró en el pasado?
Es evidente que la posición de Peñalosa es sesgada, cobarde, vacilante. Anuncia su participación personal en las legítimas marchas de protesta el domingo anterior y termina, como todo en esta administración, con los atropellos del ESMAD y la policía bajo sus órdenes contra los manifestantes. No hay razón de la Alcaldía ni de la Policía sobre la presencia de extraños encapuchados que, con sus actos violentos, terminan llevando agua al molino de los taurinos. El “incomprendido” aprovecha el desorden y prohíbe las manifestaciones de protesta en vez de suspender por razones de conveniencia ciudadana la corrida, luego se da cuenta de las consecuencias de desconocer un derecho constitucional fundamental, el de la protesta, y cambia hacia el permiso a la manifestación pero a cuadras del sitio de los hechos. ¡Nada impedirá, sr Peñalosa, la movilización gigantesca en rechazo al maltrato y la tortura animal en la Santamaría!
De haber optado Peñalosa por el camino de la democracia, como le correspondía, a través de la consulta popular, ya taurinos y animalistas sabrían a qué atenerse, habría definiciones incontrovertibles y la ciudad se hubiera ahorrado los traumatismos y riesgos del peligroso enfrentamiento entre ciudadanos en las calles y plazas de la capital que a nadie convienen.
Bogotá D.C., 25 de enero de 2017.
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