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| La exgobernadora Oneida Pinto conducida a responder ante la ley. |
Arturo Villarreal Echeona
Corresponsal de La Bagatela en el Caribe
La destitución del último gobernador de La Guajira elegido
hace apenas cinco meses y el nombramiento de un gobernador encargado por parte
del presidente Juan Manuel Santos, no constituye un caso aparte en el cáncer de
la corrupción nacional, que alcanzó niveles mayúsculos de escándalo con las
revelaciones de Odebrecht, y en las cuales casi no ha habido instancia política
o gubernamental de alta jerarquía que no haya sido salpicada. Un breve
recorrido por las circunstancias que han rodeado la destitución de sus últimos
cinco gobernadores, muestra que no es La Guajira la que está a punto de
convertirse en un departamento fallido, sino el Estado colombiano, con su
corrupto entramado de directorios políticos proclives a la mafia o directamente
comprometidos con ella.
La Guajira es manejada hoy por dos clanes políticos: La Gran
Alianza, movimiento que encabeza el hoy condenado exgobernador Francisco ‘Kiko’
Gómez, y la Nueva Fuerza Guajira, bajo el mando del también exmandatario
departamental Jorge Pérez Bernier. Varios dirigentes de la Gran Alianza están
en líos con la justicia: la exgobernadora Oneida Pinto, el exgobernador José
María Ballesteros y el recién capturado alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez
Rivadeneira. Del lado de Pérez Bernier, de la Nueva Alianza Guajira, sus
principales aliados han sido el gobernador Wilmer González Brito, llamado a
imputación; la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo; así como Hernando y
Alfredo De Luque.
Ambas fuerzas han tenido vínculos con la ilegalidad: la de
Kiko Gómez con Marcos Figueroa, y la de Pérez Bernier con las Autodefensas
Unidas de Colombia. Cada uno de esos clanes va rotando las alcaldías y la
gobernación. En seis años ha habido cinco gobernadores, uno por año, todos
destituidos.
Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien ocupó la gobernación
antes de Kiko Gómez del año 2008 a 2011, fue capturado en noviembre del año
pasado. La Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de al menos $26.000 millones
destinados a la construcción de megacolegios en ese departamento. El acusado
había reemplazado en el cargo a José Luis González Crespo, quien en el 2012 fue
condenado a 10 años de cárcel por la Corte Suprema.
Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, sucesor de Pérez Bernier en la
gobernación, fue condenado a 55 años de prisión por el asesinato de la
exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, en agosto de 2012. La
exmandataria municipal fue ejecutada por la banda delincuencial de Marcos de
Jesús Figueroa, conocido como “Marquitos” Figueroa. Gómez Cerchar, quien fue
gobernador de 2012 a 2013, habría dado órdenes precisas para acabar con la vida
de la exmandataria debido a que consideraba que le había incumplido las
promesas que le había hecho si llegaba a la alcaldía municipal.
Su sucesora, Oneida Pinto, fue imputada por irregularidades
en un contrato para la reducción de la mortalidad infantil de 2014 por 18.900
millones de pesos, celebrado días antes de abandonar su cargo como alcaldesa
del municipio de Albania, para iniciar la campaña a la Gobernación de La
Guajira. Por este caso está preso también Yan Keller Hernández, exconductor y
exescolta de Pinto, quien la remplazó en la Alcaldía. Según la imputación, la
exgobernadora subcontrató a 1.459 personas no para reducir la mortalidad
infantil, flagelo que año tras año mata a decenas de niños wayuu, sino para que
votaran por ella a la alcaldía de Albania en 2011. Durante la imputación de
cargos, el fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, aseguró que “Oneida
Pinto era la dueña, ama y señora de la contratación irregular en el municipio
de Albania, y al menos durante la última década gobernó y aún gobierna en
cuerpo ajeno en Albania y otras regiones de La Guajira”. También se le acusó
por amenazas de muerte al gobernador encargado que la sucedió en La Guajira,
Jorge Enrique Vélez, No obstante, a su llegada al complejo judicial de
Paloquemao, la Pinto declaró muy campante: “Estoy tranquila, no tengo nada que
temer”. Entre los argumentos que esgrimió en su defensa, dijo que estaba siendo
procesada porque es mujer, es indígena y es guajira.
A Oneida Pinto la sucedió Wilmer González, elegido el pasado
6 de noviembre en elecciones atípicas. Perteneciente a la Nueva Fuerza Guajira
el otro clan que se alterna en el poder del departamento, Wilmer fue destituido
por cohecho y fraude electoral. En la acusación resultaron implicados la
concejala de Maicao Silbelly Solano, y otros concejales y particulares.
Mientras tanto, Fabio Velásquez Rivade-neira, alcalde de
Riohacha, fue capturado el 28 de enero acusado por irregularidades en la
contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE. El funcionario fue
aprehendido junto con la secretaria de Educación, Dilcey Acosta, en la sede de
la Alcaldía por funcionarios del CTI de la Fiscalía y luego fue trasladado de
incognito a Bogotá, en un operativo con visos de película melodramática. Tras
la captura, decenas de seguidores, familiares y amigos de Velásquez llegaron a
la Fiscalía y lloraban, mientras un pastor cristiano oraba, clamando:
“Defiende, Señor, al alcalde electo para que salga de este lugar”.
Velásquez, un político de nueva generación, resultó elegido
con el apoyo del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, quien
ha sido mentor de otros políticos en el departamento de La Guajira. Robles
participó en marchas para apoyar la campaña política de Velásquez y además
organizó un evento en su honor que contó con la presencia de artistas como Mr.
Black, Iván Villazón y Poncho Zuleta y “pudo costar 350 millones de pesos que
salieron de las arcas de la universidad”, según las versiones de algunos portales
de internet. Robles ha sido cercano a Cambio Radical y, en especial, al
polémico exgobernador de este departamento Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.
La captura de Velásquez causó una verdadera tormenta
política en Cambio Radical, partido que lo avaló en 2015 para aspirar a la
Alcaldía. Primero, el senador Carlos Fernando Galán, otrora director del
partido, tuiteó: “Al alcalde de Riohacha le dieron el aval los mismos que me
atacaron y le dieron el aval a Oneida Pinto. Que pongan la cara ¡Que
respondan!”. Su reacción ocasionó una disputa entre Galán y la familia Char,
principales líderes de Cambio Radical en la Costa, quienes terminaron ganando
el pulso a favor de la exgobernadora. Galán finalmente renunció a la dirección
de Cambio Radical. Otro que entró en la polémica fue el presidente del partido,
Rodrigo Lara, quien arremetió contra la directora de Caracol Radio, Diana
Calderón, por afirmar que él había otorgado el polémico aval. Lo cierto es que
la entrega de avales en la región Caribe fue coordinada por el actual alcalde
de Barranquilla, Alejandro Char, tal como lo reconoció su propio hermano, el
senador Arturo Char.
Como es normal en La Guajira y en muchas partes de Colombia,
estos episodios de corrupción política han estado entreverados de amenazas
criminales que, blanco es gallina lo pone, no pueden tener otra procedencia
distinta a los propios implicados. Gentil De León Mármol, fiscal cuarto de
Administración Pública en La Guajira, quien inició la investigación contra la
exgobernadora Oneida Pinto Pérez, denunció que fue amenazado de muerte a través
de llamadas telefónicas y panfletos firmados por un presunto “Escuadrón de la
muerte Albania”.
El fiscal cuarto recibió la investigación contra Oneida
Pinto y otras 13 personas involucradas en la firma de los tres convenios
fraudulentos que la exalcaldesa de Albania firmó con un hospital de esa
localidad. Además de este caso, también lleva a cabo otras investigaciones por
corrupción en los municipios de Albania, Uribia, Manaure y Hatonuevo. Sin
embargo, el fiscal dice que no tiene esquema de seguridad y solo cuenta con un
policía que lo acompaña en sus desplazamientos a las audiencias y a su
residencia.
En cuanto al también destituido exgobernador José María
Ballesteros, de Opción Ciudadana, aparece vinculado junto con Oneida Pinto a
investigaciones por el hallazgo de anomalías en contratos que suman $34.000
millones. En la lista de imputados acompañaron a Ballesteros Freddy Díaz
Quijano, contratista; el exsecretario de Salud de La Guajira Francisco Araújo y
el exasesor del gobernador Marco Pedraza”. Quijano aparecía como representante
legal de la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Ciencia y la
Tecnología, Olfis, entidad que según la Fiscalía “no tenía ninguna experiencia
ni capacidad económica”.
A raíz de estos sucesos, todas las miradas apuntan a Cambio
Radical, movimiento que domina políticamente La Guajira y otros departamentos
del país, con personas de dudosa reputación. Una constante que no pareciera
tener remedio, es que en los procesos electorales los avales se otorgan a pesar
de las alertas y de las sospechas, según lo afirmó un representante de la
Misión de Observación Electoral (MOE): “El partido pareciera que se desentiende
y privilegia los candidatos, como ha pasado en La Guajira en 12 elecciones,
independientemente de si sus hojas de vida son las más adecuadas para
someterlas al escrutinio público”.
Pese a lo anterior, los más altos representantes de Cambio
Radical se hacen los locos cuando les interrogan sobre el desbarajuste. Cuando
se conoció la condena contra Kiko Gómez, el exvicepresidente Germán Vargas
Lleras respondió así a un periodista que le preguntó por qué el partido Cambio
Radical le dio el aval a ‘Kiko’ Gómez: “Ayy... yo no sé. Yo no era miembro de
la dirección en ese entonces. Dejé de serlo en 2010. Bueno, pero hoy lo que
estamos es muy contentos aquí en la ciudad de Villavicencio”. (Noticias
Caracol.com).
Vargas Lleras estaba obligado a saberlo, aunque ya no
perteneciera a la dirección de Cambio Radical. Todo el mundo sabe que es el
jefe máximo de ese partido y que cuenta con el apoyo de su plana mayor para sus
aspiraciones a la Presidencia en la contienda electoral que se avecina. Abril
21 de 2017.
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