Jairo Gálvez
Dirigente del PTC del Valle del Cauca, Cali, 24 de mayo de
2017
La crisis
social que vive Buenaventura es histórica. La diferencia de ahora con el pasado
es que se ha profundizado. En los años 70, en desarrollo de la política de
“pies descalzos” del PTC me radiqué en el puerto “donde cumplí los 21 años de
mayoría de edad y de donde es mi cédula” con el propósito de afianzar la
política del partido. Entonces existían Puertos de Colombia, la Flota Mercante
Grancolombiana y los Ferrocarriles Nacionales como las empresas estatales más pujantes que constituían pilares fundamentales
en las actividades económicas no solo de Buenaventura sino de toda la costa
pacífica colombiana. Sumadas al resto de empresas del Estado como Telecom,
Inderena, Incora, Caja Agraria y otras de capital privado nacional como
navieras y pesqueras, además de prestar necesarios servicios, generaban empleo
e ingresos que hoy ya no tiene esta ciudad y que hacían más llevadera la vida,
aunque las necesidades básicas insatisfechas no se hubieran superado.
Producto
de la apertura económica, la privatización y la ola neoliberal, se liquidaron
todas las empresas que sostenían la economía del puerto y de las cuales se
beneficiaba el conjunto de sus habitantes. Ahora, todo el lucro solo va a parar
a las pocas manos de los empresarios que los medios han denunciado como los
“dueños de la actividad portuaria” y grandes negociantes internacionales que
con el beneplácito de los gobernantes de turno, a todo nivel, y a cambio de
esquilmar el erario público y apropiarse de los recursos, solo permiten el
desarrollo que le sirva a sus negocios, descartando todo interés por la
inversión social.
La Sociedad Portuaria, desde su
creación, ha pretendido ser un enclave, e incluso cambiar de ubicación
geográfica hacia bahía Málaga, protegido de la “contaminación” de pobres y
negros a quienes han condenado a sufrir miseria, hambre, discriminación y
muerte.
A pesar de los cuantiosos recursos
que se han anunciado para la implementación de planes y programas de
desarrollo, jamás se han cumplido, aunque la plata sí ha desaparecido.
La inserción
de la economía en el mercado mundial a través de la cuenca del Pacífico, solo
cuenta para los grandes inversionistas y las transnacionales, pero no para la
gente que sigue padeciendo de la falta de servicios públicos, agua, hospitales,
infraestructura deportiva y, sobre todo, empleo, inversión social y
reconocimiento.
Las razones para el paro cívico abundan y todas
sus peticiones son justas. Se adelanta desde el 16 de mayo y ha contado con el
respaldo decisivo y contundente de toda la ciudadanía y sus organizaciones
representativas, incluyendo a la Iglesia, los comerciantes, transportadores
terrestres y marítimos, empresarios locales, sindicatos, mujeres, jóvenes,
pensionados, juntas comunales, maestros, estudiantes, que han hecho sonar su
estribillo de lucha: se cansó, Buenaventura se cansó, por toda la nación y
hasta en el extranjero.
La
movilización, que ha sido multitudinaria y alegre, se suma también a la
protesta cívica del departamento del Chocó con idénticos objetivos y al paro
nacional del magisterio y trabajadores estatales. Protestas y paros buscan
obligar al gobierno a atender con prontitud y eficacia los problemas acuciantes
que se les han planteado y decretar, de ser necesario, la emergencia económica
e iniciar el camino para resolver la deuda social histórica contraída con el
pueblo de la costa pacífica colombiana.
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