Néstor García Buitrago
Tomado de http://www.vengalecuento.com/ (apartes)
A un mes del cese de actividades adelantado por
trabajadores y emprendedores de la minería ancestral y tradicional en los
municipios de vocación económica minera del nordeste antioqueño, Segovia y
Remedios, y que en solidaridad con sus 20.000 mineros que aún esperan del
gobierno la formalización de su ancestral actividad minera ha parado toda la
población, al tiempo que la multinacional minera Gran Colombia Gold asume el
mando del timón de la locomotora minera y con toda la desfachatez declara,
contra toda evidencia, la inexistencia de la minería ancestral y tradicional en
la región. Las armas oficiales del Estado puestas al servicio de los intereses
de dicha multinacional acaban de asestarle tiro franco de fusil en su pecho al
imberbe minero Brandon Stid Ochoa, asesinándolo.
Esto, cuando la única ilegalidad cometida en esa región
ancestral y tradicionalmente de vocación minera es la apropiación ilegal y
fraudulenta del territorio y de las reservas auríferas de la región acometida
por la multinacional Gran Colombia Gold, bajo la anuencia cómplice del Estado.
La presión de las comunidades ha conseguido escalar el
conflicto social a una Mesa Minera de Soluciones, Mesa saboteada desde la
Gobernación mediante prácticas del más mañoso filibusterismo al programar por
decreto unas reuniones que no eran avisadas a los trabajadores y emprendedores
mineros, y estos por tanto viéndose obligados a parar en sus labores
contractuales con la multinacional Gran Colombia Gold y su filial Zandor
Capital S.A. Protesta que a los pocos días ya contaba con todo el apoyo de las
mujeres, comerciantes, transportadores, indígenas y estudiantes de las
poblaciones de Segovia y Remedios, quienes también se hacen sentir con el paro
cívico y cese de sus actividades productivas.
Al día 28 del paro se tiene un negro balance de la represión
contra la legítima protesta de 300 habitantes atendidos de urgencia por los
letales efectos de los gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente contra
toda la población, 15 mineros gravemente heridos y el joven minero alevosamente
asesinado, y la única explicación dada por los mandos militares a sus
atropellos es, según ellos, la de estar confrontando un paro armado.
Y saber que resultan mucho más letales y lesivos la
andanada de proyectiles en forma de incisos, resoluciones, decretos, leyes, en
particular los planes nacionales de desarrollo, que en nombre de la seguridad
jurídica y el eufemismo “confianza legítima” (léase confianza inversionista)
están siendo arrojados por la Locomotora Minera contra la satanizada actividad
minera ancestral, tradicional y artesanal. La Locomotora Minera es todo un
engranaje de normas al servicio de las multinacionales mineras conformado,
entre otras, por el Plan Nacional de Desarrollo ‒Ley 1450/2011‒, el Plan Nacional
de Desarrollo ‒Ley 1753/2015‒, el decreto 1073/2015 único reglamentario del
sector administrativo de minas y energía, la resolución 40103/febrero2017, el
decreto 1102/junio2017, el proyecto de ley 169/2016 a punto de ser ley y el
mismísimo Código Penal en acción, mediante las cuales todas a una apuntan a legalizar
el despojo y criminalizar a las comunidades por su ancestral actividad minera
confinándolas exclusivamente a la minería pequeña de subsistencia, de tal
manera que todo lo demás por fuera de la minería de subsistencia entraría a ser
ilegal y sospechosa de lavar activos, al menos que se trate de la explotación
por parte de honorables compañías multinacionales.
Esto es, la advenediza multinacional aurífera Gran Colombia
Gold que mediante fraudulento cambiazo ha pretendido ilegítimamente hacerse a
los activos mineros de la otrora Frontino Gold negociados por esta antes de
abandonar el país con sus trabajadores como única forma de resarcirles el pago
de pasivos laborales pensionales, además de haber incorporado indebidamente de
hecho otras minas ancestrales ubicadas dentro de los linderos de su dudosa
propiedad, de un momento a otro funge de maquinista de una locomotora que está
a punto de darle patente de corzo en su voracidad degradante de fuerza humana
de trabajo y depredación del medio ambiente.
Gran Colombia Gold ha impuesto condiciones leoninas al
emprendimiento de unidades de producción minera mediante unos contratos de
operación de esclavitud que las obliga a cederle el 65% del producido; impone
la ilegalización e erradicación de toda práctica de minería ancestral y
tradicional; presiona para que no se formalice dicha actividad y se criminalice
la compra y venta del oro; opta por deslegitimar la protesta acusando a los
mineros de estar al servicio de un cartel ilegal de los explosivos que atentan
contra redes del acueducto y de estar al servicio del clan del golfo en lavado
de activos; pone al gobierno a pronunciarse no estar dispuesto a negociar con
ilegales la legalidad y buenas prácticas mineras exclusivamente ostentadas por
Gran Colombia Gold. (ver
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/no-estamos-dispuestos-negociar-la-legalidad-viceministro-de-minas-articulo-706241).
De qué presume la advenediza Gran Colombia Gold
En artículo publicado el 4 de marzo 2017 en este portal
Venga Le Cuento se lanzaba la alerta sobre la inminente demanda que la
multinacional aurífera Gran Colombia Gold presentaría contra el Estado colombiano
por la presencia de mineros ilegales en el área de la mina El Burro de Marmato,
Caldas, y porque la Corte Constitucional había ordenado el cierre temporal de
sus operaciones en esta mina hasta tanto se consultara a los habitantes del
municipio (ver http://www.vengalecuento.com/dizque-grancolombiagold-tambien-demandara-al-estado/).
En efecto, un mes después en abril la multinacional minera
ha formalizado su demanda por USD 700 millones contra el Estado colombiano bajo
el tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá. Y al mes siguiente, en
mayo, hace presencia en la conferencia anual de los CEO ‒directores ejecutivos‒
de las multinacionales mineras que operan en Colombia agremiados en la ACM, y echaba
babaza de su santa ira contra la Corte Constitucional y sus fallos. Sobra
relatar que el gobierno nacional a través su ministro y viceministro de Minas
supo comportarse como los buenos dependientes de las multinacionales mineras
que son. En este evento y de corifeos ante sus mandantes el ministro Germán
Arce se salió de los chiros imprecando que la Corte Constitucional había
excedido su jurisdicción al legislar en lugar de aplicar la ley, y el
viceministro Carlos Andrés Cante, el mismo que salió a desconocer la consulta
popular de Cajamarca con su cuento de que los habitantes de Cajamarca no podía
tomar decisiones en nombre de los 50 millones de colombianos, acusó a la Corte
Constitucional de sembrar el caos y la confusión en la industria. ¡Cipayos!
(ver http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170524/grupos-mineros-colombia-temen-reaccion-popular-negativa).
Hasta cuándo tener que padecer a la camarilla de
inescrupulosos dirigentes que sólo llegan a serlo en la medida que a cambio de
una coima se han prestado a la entrega de nuestras riquezas del subsuelo
nacional a la voracidad del capital extranjero, los que desde el regalo dorado
del tesoro Quimbaya en 1893 por el genuflexo presidente Carlos Holguín a la
reina de España María Cristina de Habsburgo no han parado de entregar la
riqueza nacional.
Toca investigar a la advenediza Gran Colombia Gold porque
de qué callada manera y bajo qué gobierno, qué ministros y demás funcionarios,
los canadienses de la Medoro Resources y Pacific Rubiales han sabido
disfrazarse de Gran Colombia Gold haciéndose a los títulos mineros del cerro El
Burro de Marmato, si desde 2008 las cinco mil familias de los mineros
artesanales de las comunidades indígenas y afrodescendientes venían pidiendo a
gritos la protección del Estado.
A cuento de qué ¡coima! y con aval de quién aparece la
canadiense Gran Colombia Gold comprándole en 2010 a Mineros de Antioquia las
minas de la Frontino Gold Mine de Segovia por USD 25 millones, si como se ha
dicho los únicos legítimos propietarios de esas minas son los extrabajadores
jubilados y activos dolientes de la Frontino que han organizado su
emprendimiento en unidades de producción minera tan perseguidas por Gran Colombia
Gold.
De un listado oficial de 2004 publicado en cuadro excel por
la Superintendencia de Sociedades se lee claramente en la fila o casilla N°
1352 que bajo el código 890903503 aparece la Frontino Gold Mines domiciliada en
Bogotá y Medellín, a nombre de Luis F. Alvarado Ortiz, clasificada en el grupo
de liquidación concordatos.
De qué presume Gran Colombia Gold, si son los trabajadores
hoy precariamente pensionados de Frontino Gold Mines Limited los legítimos
propietarios de las áreas del R.P.P (Reconocimiento de Propiedad Privada),
usurpada esta R.P.P. desde el año 1979 por la Superintendencia de Sociedades de
Colombia, tiempo en el que estas áreas fueron cedidas a los trabajadores
activos y jubilados por los antiguos dueños de la Frontino como pago por su
pasivo pensional y que aún hoy están a la espera de un fallo de reconocimiento
y restitución de sus derechos por parte del Estado colombiano como los
legítimos propietarios de la nueva C.I. Frontino Gold Mines Colombia S.A. que
son.
¡Cibernautas del mundo, uníos!, que la advenediza y
usurpadora Gran Colombia Gold a cambio de un puñado de monedas de plata ha
contado con los incondicionales cipayos colombianos para fungir de virrey de
Colombia; que ella debe indemnizar y salir de los territorios de Segovia y
Remedios.
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