Juraima AlmeidaInvestigadora brasileña, analista del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae, estrategia.la). / Publicado por Alai América Latina en movimiento
online 25/10/2017
La reforma laboral impuesta por el presidente de facto de
Brasil, Michel Temer, significa una regresión para los derechos de los
trabajadores conquistados durante décadas y consagrados en la Constitución,
entre ellos la definición del trabajo esclavo, denunciaron las centrales
sindicales brasileñas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh).
Organizaciones sociales y el Estado de Brasil
plantearon el lunes 23 de octubre sus argumentos a favor y en contra de la
reforma laboral aprobada por el gobierno de Temer. En la audiencia los
representantes de la sociedad civil mencionaron varias políticas del gobierno
de Temer que afectan los derechos de los trabajadores como las modificaciones
en la definición y el control del trabajo esclavo que fueron aprobadas con una
acción ejecutiva, sin mediación del Congreso.
Comisionados de distintos países de la región,
manifestaron su preocupación por el impacto que estas medidas regresivas puedan
tener sobre la región, máxime cuando el gobierno del presidente argentino
Mauricio Macri amenazó con imponer legislaciones similares de “flexibilización
laboral”.
En la 165 audiencia de la Cidh realizada en el
Palacio Legislativo, en Montevideo, Uruguay, los representantes de la Central
Única de Trabajadores (CUT), la Nueva Central Sindical y la Unión General de
Trabajadores (UGT) pidieron justicia ante la reforma laboral de Temer, que
entrará en vigor el 11 de noviembre, porque contiene propuestas como jornadas de
12 horas con 30 minutos de descanso, señalaron.
La reforma, –que modifica más de 100 normas
incluidas en el Código Laboral brasileño vigente hasta ahora– favorece la
tercerización y la precarización de las condiciones de trabajo: permite que la
jornada laboral se extienda a 12 horas diarias si se mantiene un límite de
horas semanal y habilita que mujeres embarazadas o en etapa de lactancia sigan
trabajando en lugares definidos como insalubres.
Además, da prioridad a los acuerdos directos
entre cada trabajador y la empresa, y le resta peso a la negociación colectiva.
Los representantes de los sindicatos denunciaron que se trata de una norma
regresiva porque va en dirección contraria a los avances logrados en la última
década en Brasil en materia de derechos de los trabajadores.
Asimismo, la Asociación Nacional de los
Magistrados de la Justicia Laboral, que reúne a 4.200 profesionales del área en
Brasil, denunció ante el gobierno de facto intenta mediante presiones que los
jueces no avancen en el trámite de recursos presentados en contra de su reforma
laboral. “Los jueces laborales están siendo presionados para que no apliquen
las convenciones internacionales de derechos humanos”, dijo Noemia Porto, su
vicepresidenta a Ladiaria.
Alexandre Ghisleni, director del Departamento
de Derechos Humanos y Temas Sociales de la Cancillería brasileña, leyó un
comunicado del gobierno en el que se argumenta que la reforma laboral se
elaboró en base a un diagnóstico negativo del mercado de trabajo y su
evolución, se enumeran las ventajas que el gobierno encuentra en la reforma y
se niega que se estén afectando los derechos de los trabajadores. Ghisleni
también se refirió a los cambios vinculados con el trabajo esclavo: primero
aclaró que no era el tema a tratar en la audiencia, y después dijo que es otra
medida dirigida a mejorar la situación laboral.
El comisionado estadounidense James Cavallaro
le pidió al gobierno brasileño que aclare y presente pruebas acerca de las
consultas hechas antes de la aprobación de cualquiera de las dos reformas y de
cómo las propuestas presentadas en esas instancias habían sido incorporadas a
los textos finales.
Además, preguntó “si el Estado brasileño
entiende que la resolución sobre el trabajo esclavo cumple con los requisitos
interamericanos” y adelantó que cree que la respuesta será negativa. “Nos
preocupa, en este y en otros temas, el choque entre el desarrollo de los
derechos de los brasileños en los últimos años y estas nuevas normas”, agregó.
La comisionada panameña Esmeralda de Troitiño,
presidenta durante la audiencia, retomó un concepto manejado por los
representantes de la sociedad civil, el principio de no regresividad, y
preguntó al Estado si considera que este principio continúa vigente con la
aprobación de la reforma laboral. Además, de Troitiño subrayó que es necesario
evaluar “la trascendencia que la reforma laboral puede tener” en cuanto a su
impacto en la región.
El comisionado Jesús Orozco pidió más pruebas
sobre una denuncia presentada por la sociedad civil acerca de presiones sobre
los jueces laborales y consideró que, de quedar demostradas, el Estado deberá
ser consultado acerca de “si esto es compatible con los principios de
independencia judicial y de las garantías del derecho a la justicia y la
protección judicial para todos los brasileños”.
Los representantes de agrupaciones judiciales
denunciaron el debilitamiento de la Justicia laboral en general y de la unidad
que trabaja contra el trabajo esclavo en particular. “En los últimos dos años
hubo una reducción del presupuesto y de las acciones dirigidas contra el
trabajo esclavo”, aseguró Machado.
Además, Porto denunció que dos jueces fueron
sometidos a procedimientos administrativos por haberse manifestado públicamente
en contra de la reforma laboral, uno de ellos en San Pablo y el otro en Río
Grande do Sul. Añadió que el gobierno amenaza con eliminar la Justicia laboral,
“que incluso sobrevivió durante la dictadura militar”, si los jueces de esta
área avanzan en contra de la reforma de Temer.
En las últimas dos semanas, distintos
referentes del Ejecutivo brasileño, así como el presidente de la Cámara de
Diputados, Rodrigo Maia, se han manifestado a favor de una iniciativa que
limite la Justicia laboral, por considerar que los trabajadores abusan de este
tipo de tribunales y generan gastos excesivos al Poder Judicial.
Acerca de los pasos a seguir por parte de los
magistrados, Porto dijo que están recurriendo a cortes internacionales porque
el Ministerio Público presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal,
pero no ha tenido ninguna respuesta.
Preocupación uruguaya
El gobierno del Frente Amplio, en Uruguay, está
ideológicamente en contra de la visión económica de Temer, resumida en una
mayor desregulación de la economía para incentivar la inversión y la actividad
privada. Desde su ascenso al poder, hace una década, ha generado sucesivas
políticas en la dirección contraria, tendiente a dar mayor protección y poder
de negociación a los trabajadores.
"Si vale más un acuerdo individual entre
un empleado y un patrón que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres
siglos, y eso no será solo para los brasileños", opinó el ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
Por otro lado, parte de la preocupación pasa
por un tema de competitividad. Al flexibilizar el mercado laboral, los costos
globales de la economía brasileña se reducen, y hacen que los productos
uruguayos estén en peores condiciones para competir a nivel de precios.
"Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de
derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar", dijo el
canciller Rodolfo Nin Novoa.
Trabajo esclavo
Aunque un trabajador sea explotado en
condiciones degradantes a la dignidad humana, si no estuviera impedido de
transitar libremente, no se caracterizaría como trabajo análogo a la
esclavitud. La medida tomada por el Ministerio de Trabajo, alteró el concepto
de trabajo esclavo, y para el procurador Roberto Ruy Netto, de la Coordinadora
Regional de Combate al Trabajo Esclavo, no le cabe al ministro hacer
alteraciones de cuño jurídico, superponiendo una medida ministerial con la
propia legislación nacional.
“El
ministro del Trabajo, pese a no tener esa atribución por la Constitución, aun
así está tratando de reglamentar una materia que es de derecho penal y que no
tiene nada a ver con su cartera. Entonces, está tratando de alterar un concepto
legal que ya está definido en el Código Penal, artículo 149 donde consta el
concepto de lo que es el trabajo análogo al esclavo”, explicó el procurador
Roberto Ruy Netto, de la Coordinadora Regional de Combate al Trabajo Esclavo
del Ministerio Público del Trabajo en Pará.
El artículo 149 define cuatro elementos –que
pueden presentarse juntos o aisladamente– que caracterizan el trabajo análogo a
la esclavitud:
-Condiciones degradantes de trabajo:
incompatibles con la dignidad humana, caracterizadas por la violación de
derechos fundamentales que colocan en riesgo la salud y la vida del/a
trabajador/a
-Jornada exhaustiva: cuando el/a trabajador es
sometido a esfuerzos excesivos o sobrecarga de trabajo que acarrea daños a su
salud o pone en riesgo su vida.
-Trabajo forzado: mantener a la persona
trabajando a través de fraudes, aislamiento geográfico, amenazas y/o violencias
físicas y sicológicas.
-Servidumbre por deuda: hacer que la o el
trabajador contraigan ilegalmente una deuda o atarlo a ella.
Lo que determina la resolución 1129 del
Ministerio del Trabajo (del 16 de octubre último) sobre el concepto de trabajo
análogo al esclavo indica que para que sea considerada jornada exhaustiva o
condición degradante es necesario que haya privación del derecho de moverse
libremente, lo que en el Código Penal no es obligatorio. Frei Jean Marie Xavier
Plassat, coordinador de la Campaña contra el Trabajo Esclavo de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT), explica que la resolución limita el concepto de
esclavitud a la única condición que es la de la libertad de movimiento del
trabajador.
La resolución ministerial dice que ninguna de
esas condiciones valen solas y solo valdrá, para ser considerada como trabajo
esclavo, si, al mismo tiempo que sufre eso, se da el uso de fuerza armada para
obligar los trabajadores a no salir del lugar, “Sólo sería trabajo esclavo si
la persona fuese literalmente amarrada al trabajo u obligada, bajo la mira de
una carabina, a continuar trabajando”, señaló Plassat a Brasil de Fato.
En Brasil, desde 1995, fueron rescatadas cerca
de 52 mil personas de condiciones análogas a la esclavitud, gracias a que hasta
hoy existe “una definición de trabajo esclavo extremamente robusta, clara,
moderna y adaptada la realidad, y porque creamos varios instrumentos para
identificar el trabajo esclavo con un grupo móvil especializado”. El decreto
también determina que las fiscalizaciones solamente tendrán validez si se
registra una denuncia en una delegación.
Otra regla se refiere a la divulgación de la
llamada lista sucia que es el registro de empleadores que sometieron a sus
trabajadores a condiciones análogas a la de esclavo. Según el texto nuevo, una
empresa sólo puede ingresar al listado si lo determina el ministro de Trabajo.
Como la decisión pasa a ser discrecional, abre un margen para que el empleador
deje de estar en la lista incluso cuando las posibilidades de recursos en la
esfera administrativa ya estuvieran agotadas.
A partir de ahora, ese documento sólo podrá ser
publicado con autorización del Ministro de Trabajo y en la página web del
mismo, dos veces al año, en junio y noviembre. Antes, la organización y
divulgación eran de responsabilidad de la División de Fiscalización para la
Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae) y la actualización de la relación
ocurría en cualquier momento.
Aunque no admita revocar la polémica normativa
que debilita al combate contra el trabajo esclavo en el país, el gobierno
federal deberá modificarla en lo que se considera el aspecto más importante
para las entidades, órganos de fiscalización, organismos internacionales y
especialistas involucrados en el tema: la conceptualización del delito.
La combinación de condiciones degradantes de
trabajo, alojamiento precario, falta de paga y ausencia de condiciones mínimas
de higiene, por ejemplo, deja de configurar una situación de trabajo análoga a
la esclavitud, quedaron en evidencia en Montevideo. "En verdad, no fue
acto mío, del presidente, sino una normativa del ministro (de Trabajo)",
dijo el presidente de facto, Michel Temer, a la revista Valor.
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