Si bien Carrasquilla sigue en el ministerio y su mandato como el de Duque apenas comienza, su nombre goza de poca credibilidad ante la opinión pública. Quedó como un peligroso especulador financiero que se preocupa de la utilidad de sus socios por encima de los intereses de la nación. Después de conocerse sus triquiñuelas quedó frágil, vulnerable y expuesto, así la bancada gobiernista lo haya defendido. Le vendrán semanas todavía más “desagradables” que las previas al debate. Cuando presente la reforma tributaria o pensional, privilegiando a los inversionistas y afectando el bolsillo de los menos favorecidos, los colombianos se acordarán de los bonos, del criterio de que el salario mínimo es exagerado. Colombia ya no es la misma y el pulso esta encendido. Estamos expectantes.
Por Alberto Herrera
Director de La Bagatela
Después de realizado el debate de control político en
el Congreso del martes 18 de septiembre es poco lo que se puede añadir. Quedó
clara la responsabilidad del ministro Carrasquilla en el deterioro, y en
algunos casos la inviabilidad de las finanzas de decenas de municipios, por la
adquisición de los bonos de agua creados por la ley 1176, que se constituyó en
una nueva forma de hacer negocios privados con los dineros destinados al saneamiento
básico y a la construcción de acueductos.
Carrasquilla siendo ministro de Hacienda de Uribe concibió
a su querer y entender el proyecto de ley que reformó la Constitución y que
tiempo después utilizaría para hacer negocios. Él acompañó personalmente el
trámite en los primeros cuatro debates en el Congreso y lo dejó encarrilado
para que en el período de su sucesor, Oscar Iván Zuluaga, fuera aprobado sin
mayor contratiempo. Él sabía el alcance de la nueva ley. Era suficiente haber sido gestor del proyecto e
iniciador de su trámite para por ética, decoro y moral, haberse privado de ser
parte en negocio alguno derivado de esta nefasta reforma. Pero eso no es todo. Gustavo
Petro en una primera contribución al debate, mostró que “la intervención de
Carrasquilla en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue vital
porque allí se estructuraron los planes departamentales de agua y la
posibilidad de pignoración de recursos municipales derivados del Sistema
General de Participaciones (SGP) (ley 1151 de marzo 2007 en los artículos 94 y
100), donde está configurada la estructuración de lo que serian los bonos del
agua”, y demostró que Carrasquilla sí participó en la elaboración de los
proyectos de ley, conjuntamente con otros funcionarios del ministerio, incluido
Andrés Flórez, quien se retira del gobierno al momento de la aprobación del PND
para convertirse en pieza clave del posterior negocio. Es decir, los que
configuraron la operación privada de los bonos del agua hicieron parte del
gobierno y de la institucionalidad, y aprovechándose de ella, establecieron las
estructuras legales y normativas que permitieron desarrollar este negocio,
incluso la partida de $400 mil millones con Carrasquilla al frente. También han
pretendido ocultar esta información.
Ya asegurada la “legalidad” del negocio, faltaba
estructurar las condiciones económicas, que se constituiría en la jugada
central y definitiva de la operación. Carrasquilla salía aprestigiado del
ministerio ante el mundo económico, haber logrado durante su gestión como
ministro, deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos
y golpear a las masas con todo un catálogo neoliberal de privatizaciones que
entusiasmó a la banca mundial, a los banqueros y a los capitales que andan por
el mundo ávidos de hacer inversiones.
Las cifras del negocio son conocidas. Como si se
tratara de activos de alto riesgo, se ofreció una rentabilidad elevada. Se escogieron municipios con poca
capacidad administrativa. Dichos bonos a tasas de interés tan onerosas
aseguraban una abundante ganancia aun cuando no los pudieran pagar, pues las
condiciones incluían que en ese caso el gobierno nacional saldría en su rescate.
Así lo señala Salomón Kalmanovitz en su columna de El Espectador, El pecado capital de Carrasquilla: “Los inversionistas nacionales o
extranjeros en los bonos agua obtenían una rentabilidad de UVR (inflación) más
8% a 19 años que tenían una garantía tácita del gobierno nacional, como
evidentemente sucedió cuando en 2014 salió al rescate de los 117 municipios que
se embarcaron en el negocio y que le costó $490.000 millones más los intereses
que seguirá abonando hasta el año 2029. Sin embargo, los títulos del gobierno
bajo la misma modalidad pagaron 3,2 % promedio entre 2009 y 2017 por TES UVR a
diez años, a los que se les agrega 0,5 % para convertirlos a 19 años; de tal
modo que por el mismo riesgo sus inversionistas obtuvieron una rentabilidad de
más del doble a la que hubieran obtenido adquiriendo los títulos del Tesoro” y
terminó: “¿De cuánto fue el detrimento patrimonial de la nación y los
municipios? El 70% de acueductos que no se terminaron ($350.000 millones) más
otros $800.000 millones de intereses simples en 15 años”.
Los recursos para emitir
los bonos fueron captados en el extranjero en el año 2008 que es cuando se
produce la crisis mundial económica originada en los EE.UU que “se define por la
existencia de una alta cantidad de recursos monetarios sin captadores de
crédito, por eso era posible conseguir prestamos incluso a tasas negativas. La
diferencia entre esa tasa de captación y la cobrada a los municipios constituye
la gran utilidad del negocio”, aclara Petro. La empresa del ministro
Carrasquilla, Konfigura, recibe esos dineros en Panamá, los convierte a pesos y
emite los bonos, en lo que incluso se puede configurar un lavado de activos,
con el hecho adicional de que fueron asesorados por la firma Mossack Fonseca,
conocidos por su notable actuación en esconder capitales, según la
investigación conocida como los Panamá Papers. Otro detalle que omite el
ministro es que el representante legal del grupo financiero que emite los bonos
es el mencionado Andrés Flórez, su socio.
Petro en otro aporte al
debate calificó que los bonos Carrasquilla “mercantilizan el agua y necesita
ser empresarizada”, cuando el preciado líquido es un derecho y “bajo ese
contexto el gobierno del entonces ministro Carrasquilla idea los planes de agua
que socavan la autonomía municipal y les quita los recursos de SGP de agua
potable, pasándolos a fiducias mercantiles que ya no administran los municipios
sino en el fondo la nación, convirtiendo el agua en un negocio inmenso de
especulación financiera”. Sobre este tema el ministro no dijo ni pio “en su
defensa turbia que esconde lo principal” por eso “yo si creo que usted no
debería seguir siendo ministro de Hacienda de la República de Colombia”, remató
el senador.
La
defensa del ministro
Al momento de su
intervención el señor Carrasquilla aparentó ser un guerrero de mil batallas en
el Congreso. Él puede tener una hoja de vida llena de pergaminos y ser un
generador de negocios admirables, además maneja el papel que juega la acción
estatal en ellos, pero no pudo responder a los interrogantes de la oposición que
en forma clara, argumentada y madura expusieron cuatro partidos en el debate;
por el contrario fue impreciso, omitió temas sustanciales, se le notó nervioso
y dio datos generales. A tan graves acusaciones, respaldadas con cifras,
documentos y hechos, se declaró perseguido, “irrespetado”, “aguantando
calumnias y mentiras” y víctima de
una conspiración política. Acusó a la gran prensa bogotana de aliados de
sus contradictores. Aseguró que
persistirá “en el sueño de sus socios”,” todos de primerísimo nivel”,
que “era tener inversiones en
muchos países”. Con toda razón el senador Robledo preocupado le inquirió: ¿cuál era su próximo
negocio? Pregunta que alborotó a la bancada del Centro Democrático.
Bonos tentadores
Encontrar en Colombia municipios con arcas vacías, con
afugias presupuestales, endeudados hasta el 2029, con baja cobertura en salud y
educación, sin servicios básicos y sin posibilidades de conseguirlos, es fácil.
Encontrarse en estas situaciones y que de pronto se aparezca el ministro o
exministro, el del dinero público y privado, ofreciendo “bonos de agua”, crédito
con pocas exigencias y con cinco años de gracia, cualquier alcalde se siente al
menos tentado a tomar ese crédito. Al fin y al cabo quedarían engrampadas las
próximas cinco administraciones. Fueron 117 municipios muy bien seleccionados que
se dejaron llevar por los venenosos ofrecimientos del ministro (¿cuáles son los
lazos políticos con ellos?). Solo faltaba que el gobierno declarase “ilegal” la
protesta de municipios como Buenaventura por ser “financiada por las mafias”,
como ya dictaminó el ministro de la Defensa, y eso que no se sabía que el
puerto más importante de Colombia cayó con los “bonos Carrasquilla”: recibió
$47.000 mil millones, pagó $57.000 y debe $42.000. Y vayan a ver como funciona
el acueducto, miren la evolución de las tarifas. Ojalá el ministro pasara un
reporte actualizado del estado de los acueductos, no de los 117, sino de los
1137 municipios que tiene el país.
Sus defensores de turno argumentaron las buenas
intenciones del ministro y su preocupación por el desarrollo y el bienestar de
los municipios. Las bancadas gobiernistas fueron dando el respaldo político al
ministro, esa era la línea, y sin mayor conocimiento del caso, ni vergüenza o
compromiso alguno por la población, pasaron los conservadores, la U, Cambio
Radical, eso si con honrosas excepciones, hasta que salió a la arena el “eterno
presidente”. Uribe atinó a mencionar la hoja de vida, brillante de verdad, como
la tantos otros “buenos muchachos” que ha tenido a su alrededor y cuya suerte
conocemos. Es un hombre “probo” repitió, su compañía apenas ganó unos miles de
millones de pesos, nada tuvo que ver con la ley 1176 ni con el PND ni con las
marañas legislativas ni financieras (todo ocurrió en su mandato), y exaltó su
esfuerzo al conseguir un crédito en medio de la crisis para así justificar las
altas tasas y los largos plazos de los bonos. Fue Uribe además el parlamentario
que se tomó más tiempo en la palabra gracias al favoritismo del presidente de
la Corporación (21 minutos).
Conclusión
Robledo terminó reafirmando su posición en el debate:
“Este es un negocio de corrupción, cambiar la constitución para hacer el
negocio es corrupción. Mi posición de exigir la renuncia de Carrasquilla es
porque es un hombre de negocios irresponsable, que abusó de su poder, que
maltrató a esos municipios, que adoptó actitudes corruptas, ese es el pleito,
por eso no puede ser ministro y por eso señalo que el error garrafal de Duque
es nombrarlo y mantenerlo ahí. En la calle los colombianos están con nosotros
reclamando que Carrasquilla renuncie”. Los bonos del agua fueron un fracaso
rotundo, al punto que al Estado colombiano le toco salir a rescatar a los
tenedores de los bonos, a seguirles cuadrando el negocio a los banqueros”.
Si bien Carrasquilla
sigue en el ministerio y su mandato como el de Duque apenas comienza, su nombre
goza de poca credibilidad ante la opinión pública. Quedó como un peligroso
especulador financiero que se preocupa de la utilidad de sus socios por encima
de los intereses de la nación. Después de conocerse sus triquiñuelas quedó frágil,
vulnerable y expuesto, así la bancada gobiernista lo haya defendido. Le vendrán
semanas todavía más “desagradables” que las previas al debate. Cuando presente
la reforma tributaria o pensional, privilegiando a los inversionistas y
afectando el bolsillo de los menos favorecidos, los colombianos se acordarán de
los bonos, del criterio de que el salario mínimo es exagerado. Colombia ya no
es la misma y el pulso esta encendido. Estamos expectantes.
Adenda: La Cámara de Representantes aprobó el lunes 22 de octubre adelantar un debate de moción de censura contra el Minhacienda, Alberto Carrasquilla, por los conocidos bonos de agua. Dicho debate se llevará acabo el miércoles 24 a las 5 pm en plenaria de la corporación.
Adenda: La Cámara de Representantes aprobó el lunes 22 de octubre adelantar un debate de moción de censura contra el Minhacienda, Alberto Carrasquilla, por los conocidos bonos de agua. Dicho debate se llevará acabo el miércoles 24 a las 5 pm en plenaria de la corporación.
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