Con el nombre de “Una mala vecina” Juan Carlos Toro, exedil de la localidad de Ciudad Bolívar, con conocimiento de causa nos describe el desastre social y ambiental que la mala planificación y el deseo de enriquecimiento desmedido han provocado a los habitantes del sur bogotano con el Relleno Sanitario de Doña Juana. Narra la historia de este engendro y las consecuencias nefastas a la salud y vida de los habitantes de la ruralidad de Ciudad Bolívar y de los barrios de Usme. Solo enfermedad, moscas, malos olores y desarraigo es la huella que ha dejado esta mala vecina, que pretende ser perpetuada por la administración Peñalosa.
Por Juan
Carlos Toro Rodríguez
Líder y
exedil de Ciudad Bolívar
A treinta
años de su apertura, el panorama sobre el botadero Doña Juana es sombrío. El
pasado 27 de septiembre de 2017 se cumplieron veinte años del inmenso derrumbe
que extendió por todo el sur capitalino el olor de la podredumbre allí
enterrada, y que evidenció el pésimo manejo dado al relleno, donde la ganancia
de los operadores se antepone a la vida de pobladores y trabajadores del
basurero.
Hoy con
el aumento de tarifas, con la excusa de mejorar el manejo del relleno, y un
decreto expedido por el alcalde Peñalosa la crisis se agudiza y aumenta la
incertidumbre en los campesinos de las veredas Mochuelo Alto y Bajo, pues el
burgomaestre sentencio en una reciente visita a la zona rural de Ciudad Bolívar
que: “a la buena o a la mala la expansión del basurero va hasta el año 2070”.
Algo de Historia
Corría el
año 1985 cuando la comunidad que habita la localidad de Usme se entera de que
abrirán un relleno sanitario en su territorio. La inconformidad no tarda en
expresarse: visionando los perjuicios que éste ocasionaría, declaran un paro
local. Al frente de la iniciativa estuvo el líder comunal Gerardo Santafé.
Sería ésta la primera de muchas protestas, con asiento en el río Tunjuelo,
ocasionadas por el que sería conocido como relleno Doña Juana.
Las
protestas no logran contener el desafuero. El basurero, finalmente es localizado
en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, pero sobre la misma cuenca
del Río Tunjuelito, que empieza a recibir desechos desde noviembre de 1988, y
no son pocos, ya que cada día recibe 6.200 toneladas de basura proveniente de
toda la ciudad, además de algunos municipios circunvecinos; basura ingresada
por más 800 vehículos compactadores.
El área
total utilizada para el mismo se extiende a 592 hectáreas. Su inauguración
oficial corrió a cargo del otrora alcalde Andrés Pastrana, era el año de 1989,
en el cual también pasó a cargo, para su operación, de la empresa española Prosantana
Ltda.
Casi diez
años después de su apertura, el 27 de septiembre de 1997, ocurrió el derrumbe
de un millón de toneladas de la Zona II, lo que obligó a la alcaldía bogotana a
declarar una emergencia sanitaria. No era para menos. Producto de este desastre
ambiental fueron atendidos cerca de treinta mil personas; siete veredas y
novecientos dos barrios del sur de Bogotá padecen el efecto del derrumbe, como
lo confirmó la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 05/2007.
Cambio de tercio
A partir
de marzo de 2000 el consorcio español Proactiva Doña Juana ESP contrató la
operación del relleno, la misma que desde el 2010 pasó a control del Centro de
Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana S.A E.S.P. de Brasil, bajo la
licencia ambiental dispositivas de las resoluciones 1351 de 2014 y 2320 de 2014
de la CAR.
El Sur que resiste al modelo de ciudad
El Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) (Decreto 619 de 2000), en su artículo 425
señala zonas de suelo rural, con una extensión de 500 hectáreas, las cuales se
reservan para estudiar su posible adecuación futura como ampliación del relleno
sanitario de Doña Juana. La mencionada área de expansión implica el desalojo de
ciento veintitrés predios de la vereda Mochuelo Alto, predios fértiles
habitados por familias campesinas productoras de papa, arveja, haba y ganado;
además de la afectación sanitaria y ambiental de las veredas Pasquilla,
Mochuelo Alto y Bajo, Quiba Alta y Baja y un centenar de barrios de las
localidades de Usme y Ciudad Bolívar.
La
comunidad rechazó la expansión, negándose a vender sus predios. La
administración distrital decide iniciar estudios para expropiarlos por vía
administrativa, con el argumento del beneficio colectivo (la población de
Bogotá), sobre el beneficio particular (la población de los ciento veintitrés
predios). Los pobladores de las veredas Mochuelo Alto y Bajo, apoyados por
usuarios del acueducto de Aguas calientes que surte de agua los barrios del
centro poblado de Mochuelo Bajo (Lagunitas, Barranquitos, Paticos, La
esperanza, Vista Hermosa) y habitantes de las localidades del sur de Bogotá,
inician jornadas de protesta que desembocan en dos paros que bloquean Doña Juana.
En el segundo de ellos –realizado el 19 de diciembre del 2005– se declaran en “Asamblea
permanente por el cierre del basurero”, ante lo cual la administración
distrital inicia un proceso de diálogo que no culmina en adelantos concretos.
La
resistencia continúa. Corría la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, y en el mismo
momento en que se realiza la apertura de la “Semana Ambiental Distrital” en el
auditorio del Centro de Alto Rendimiento, los miembros de la “Asamblea permanente”
se toman el evento principal, exigiendo la no expansión del relleno. El alcalde
Garzón manifiesta su decisión de no expandir el relleno e iniciar mesas de
concertación con la comunidad para compensar el daño y pagar la deuda social.
Con el transcurrir de las siguientes administraciones los acuerdos se
incumplen, las afectaciones aumentan y otro gran derrumbe de setecientas
cincuenta toneladas de basura ocurre el 2 de octubre de 2015.
Incumplimientos,
y engaños, que proceden desde el mismo momento en que es abierto el basurero en
esta parte de la ciudad, durante los cuales lo único ofertado a las comunidades
es envenenar sus familias y casas para controlar las plagas y enfermedades.
Todo con la complicidad de la institucionalidad que no ha tenido la honestidad
de denunciar este genocidio ecológico y de impactos socio-ambientales.
Las
tecnologías probadas de manejo de basuras eficiente existen y han sido
propuestas al Distrito, pero la corrupción, la ambición y el desprecio por los
pobladores del Sur, no han permitido su implementación. Como es conocido, la
administración proyecta continuar con este basurero, expandiéndolo, como está
expreso en la propuesta del nuevo POT.
Sin dar
el brazo a torcer. En asamblea realizada el 5 de marzo 2017 en la vereda
Mochuelo Alto, la comunidad urbano rural de la cuenca del rio Tunjuelo, informó
al operador del basurero, a la Administración Distrital, a la CAR –como
autoridad ambiental–, a los entes de control (Personería, Contraloría,
Procuraduría), la decisión de otorgar un último plazo para la concertación de
una solución definitiva a esta problemática, para lo cual exigen la presencia
en la Vereda Mochuelo Alto del Alcalde Distrital y el Fiscal General de la
Nación. De no contar con su presencia, o no llegar a un acuerdo, darán inicio
al paro cívico desde el sur de Bogotá, convocando a todas las comunidades de
Bogotá y de la Sabana que se encuentran en conflictos socio-ambientales, a la
conformación de una asamblea de negociación popular conjunta, con los entes
territoriales y el gobierno nacional.
En esta
asamblea, la comunidad expuso, de manera firme y contundente, sus peticiones:
convocar a la realización de una consulta popular para el cierre definitivo del
basurero Doña Juana y el pago, por parte de las instituciones correspondientes,
de la deuda social por treinta años de afectación en el medio ambiente, la
salud, bienestar y dignidad.
Exigir la
declaratoria de emergencia socio ambiental para el sur bogotano, que implica la
implementación de medidas técnicas necesarias por parte de la Administración
Distrital, para así mitigar los malos olores y proliferación de ratas y moscos
en la zona de influencia del botadero. También, iniciar los trámites para la
vinculación formal a la nómina del Distrito Capital de los trabajadores del
basurero. Una tarifa diferenciada, en el pago de los servicios públicos, para
la población afectada por el basurero, e implementar una atención médica
diferencial y especializada a la población afectada por el basurero.
Al iniciar el camino para realizar un paro
cívico de los pobladores del sur, exigimos la implantación de empresas sociales
para el aprovechamiento energético de residuos al interior de Doña Juana, como
alternativa para el pago de la deuda social y resarcimiento de daños
ocasionados por el relleno a lo largo de tres décadas. Asimismo, declarar el
área de influencia del basurero en el POT como área especial para la aplicación
de tecnologías sociales, desde donde se promueva el salto cultural que requiere
la sociedad bogotana.
En igual
sentido, la asamblea conmina al alcalde Enrique Peñalosa Londoño y a sus
funcionarios de gabinete, a que se presenten ante la asamblea y públicamente
expongan las decisiones que su administración ha tomado frente a las demandas
de los campesinos y pobladores afectados por el basurero.
Principales daños del relleno
Contaminación
del río Tunjuelo por vertimiento de lixiviados. Según la firma interventora
Unión Temporal Colombo Canadiense (Utcc), los resultados obtenidos a partir de
estudios realizados durante los primeros seis meses del año 2003, reflejaron el
continuo incumplimiento de la resolución 3358 de 1990, en parámetros como:
hierro, grasas y aceites, DBO5 (demanda biológica de oxígeno que mide posterior
a cinco días el grado de contaminación), plomo, níquel y cadmio.
De manera
adicional, según el Estudio de Impacto Ambiental relleno sanitario Doña Juana
Zona VIII realizado en 2000, la mezcla de todo tipo de desechos
independientemente de su origen y características, refleja el inadecuado manejo
de los residuos, sumado a la modificación de los cauces naturales como las
quebradas: Puente Tierra, que fluía por las zonas VII y VIII, El Botello, que
fue desviada y canalizada, al igual que Hierbabuena y el cauce de la quebrada
Puente Blanco por la disposición de materiales de excavación.
En julio
de 2006, la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, realizó la
evaluación del impacto del Relleno Sanitario Doña Juana, (RSDJ) en la salud de
grupos poblacionales en su área de influencia, dando como principales
conclusiones que:
“Dadas
las características geomorfológicos de la región, cabe la posibilidad de que se
genere contaminación en aguas que pueden llegar a ser utilizadas para el
consumo agrícola y humano, la presencia de un alto número de moscas en la zona
expuesta, verificada por los investigadores y referida por los habitantes del
área, puede deberse a que la cobertura de las basuras en el RSDJ no se realiza
con la frecuencia adecuada, este estudio muestra que la velocidad de
crecimiento de los niños entre 0 a 3 años es menor en la zona expuesta al RSDJ
que en la zona control, en la población de 1 a 5 años, la exposición al relleno
sanitario se asoció a una mayor probabilidad de presentar síntomas irritativos,
se encontró que, los adultos mayores de 50 años residentes en la zona expuesta
al RSDJ presentaron mayor frecuencia de síntomas respiratorios en comparación
con los residentes en el área control, es de esperar que las personas que viven
cerca del RSDJ, dado que tienen más síntomas respiratorios, síndromes
respiratorios más severos y un menor flujo espiratorio pico, tengan una función
física menor que las personas de la zona control”.
A un año
del “Paro Desde el Sur” la situación no mejora. La administración distrital viene
incrementando las tarifas de aseo con el argumento que estas alzas se justifica
para alcanzar lo óptimos niveles de calidad que requiere el manejo del relleno.
Lo cierto es que cuando el alcalde Peñalosa anuncio en cambio en el modelo de
recolección y disposición de residuos sólidos en la capital enfatizo que este
nuevo esquema reduciría las tarifas y mejoraría la calidad en la prestación del
servicio.
Adicionalmente
en diciembre de 2017, Enrique Peñalosa expidió el Decreto 621 que “declara la
existencia de condiciones de urgencia por motivo de utilidad pública e interés
social para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales
sobre los terrenos e inmuebles requeridos en el marco del Proyecto Sanitario Doña Juana . . .”; este decreto en resumidas
cuentas determina que se ofertará a los propietarios de una veintena de predios
de las veredas Mochuelo bajo y Quiba Alta para que acedan a la venta de estos
al Distrito, y de no ser posible un acuerdo de venta se iniciara el proceso de
expropiación administrativa del caso.
Ante este
polémico decreto surgieron muchas inquietudes por parte de los campesinos
ancestrales propietarios y vecinos de este sector. Entre otra no se ha hecho la
debida socialización publica del decreto explicando el alcance y afectación del
mismo. Pero la mayor inquietud se da en el sentido que no se entiende porque
los predios que se pretende expropiar para el proyecto sanitario Doña Juana, se
ubican a varios kilómetros del actual relleno, y justamente donde existen
varios nacederos de agua próximos a la zona de paramo.
Ante la
perentoria decisión de la administración distrital, los pobladores vecinos de
la cuenca del rio Tunjuelo se ponen en máxima alerta y movilización en defensa
del territorio y la reiteración del cierre definitivo de este basurero que está
perjudicando a los moradores de un considerable sector del sur la ciudad.
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