Por Consuelo Ahumada
Profesora
Universidad Externado de Colombia, miembro de número de la Academia Colombiana
de Ciencias Económicas. Integrante del Comité Ejecutivo del Partido de Trabajo
de Colombia. Tomado del periódico El Bancario, ACEB, noviembre de 2018.
La ley de financiamiento es en lo fundamental una reforma tributaria
que profundiza los mismos criterios de las 13 reformas aprobadas durante las
últimas tres décadas en Colombia. El nuevo proyecto pretende además venderle al
sector privado algunas de las empresas estatales que aún sobreviven a la arremetida
neoliberal de todos estos años, con lo que se obtendrán 2,3 billones, y se
conseguirán 1,2 billones adicionales con el programa de ahorro y reducción del
Estado, que traerá una pérdida considerable de empleo en este sector.
Tal como se afirma en la exposición de motivos, se trata de una
ley “por la cual se expiden normas de financiamiento para el
restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras
disposiciones”. Es decir, se dice que el objetivo es conseguir 14 billones de
pesos faltantes para cubrir el costo de algunos programas sociales que están
desfinanciados en el presupuesto del 2019. Se insiste también en la necesidad
de cumplir con la regla fiscal o Ley 1473 de 2011, cuyo objetivo es garantizar
las prioridades financieras del país: pago de la deuda externa y de las
regalías o utilidades de las empresas multinacionales, al tiempo que se
restringe el gasto público y social.
Al igual que las reformas anteriores, y contrario a lo que pregona la
retórica oficial, esta ley regresiva incrementará la concentración de la
riqueza y aumentará la pobreza en el país. Se pretende que los trabajadores y
los sectores más vulnerables aporten los recursos faltantes, al tiempo que se
favorece con mayores exenciones y beneficios a los más ricos. Por ello el punto
que ha generado mayor polémica y rechazo de la reforma presentada es la
extensión del IVA y su imposición a casi todos los productos de la canasta
familiar en un porcentaje del 18%. Se prevé que este impuesto, de naturaleza
profundamente regresiva, deberá generar el grueso del faltante: 11,3 billones
en el primer año y 12 billones en el segundo. Al igual que la reforma
tributaria aprobada en diciembre de 2016, esta nueva propuesta tiene un
carácter recesivo, por cuanto reducirá el consumo e incrementará el desempleo.
En el proyecto se contempla una devolución bimensual anticipada de
$99,468 pesos a los hogares más pobres del país, pero no es claro el
procedimiento para hacerlo. Se partirá de la base de datos del Sisben para
Familias en Acción, que está desactualizada desde hace una década. Tampoco se
sabe de dónde saldrán los recursos para la devolución. En el hipotético caso de
que se pudiera hacer, sus resultados serán mínimos. Primero, porque esa
devolución corresponde al impuesto causado por un gasto mensual en alimentación
de aproximadamente $280.000, lo que es un cálculo muy bajo. Segundo, este
mecanismo incrementará el clientelismo y la corrupción, sobre todo en la mira
de las elecciones regionales. Y tercero, la medida no beneficiará a los
trabajadores de salarios más bajos, por cuanto no pertenecen a dicho programa
de subsidios.
Como si dicha medida no fuera suficientemente grave, el proyecto busca
también ampliar la base tributaria, de manera que los trabajadores de menores
salarios paguen más. El ingreso de las personas incluidas como contribuyentes
baja ahora de $4.770.000 a $4.268.059 y la retención en la fuente partirá de 85
UVT (Unidades de Valor Tributario), es decir, $2.818.260 pesos.
Por el contrario, el proyecto de financiamiento le baja la carga
tributaria a los empresarios, del 33 al 30% en dos años. Les permite deducir el
100% del IVA por la compra de bienes de capital. Plantea también la reducción
en 10 puntos de la tarifa efectiva de renta para mejorar la competitividad de
las empresas del país y anuncia el desmonte paulatino del impuesto a la renta
presuntiva. Se establece de nuevo el impuesto al patrimonio, de carácter
temporal, por cuatro años, para personas con patrimonio superior a los $3.000
millones de pesos, con tasas de entre el 0,75% y el 1,5%.
Se contemplan también algunos incentivos tributarios para quienes
inviertan en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac). En
cambio, nada se dice en el proyecto del catastro multipropósito, uno de los
puntos centrales contemplados en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de paz
con las Farc. Esta es una medida estratégica que no solo permitiría formalizar
la propiedad rural sino recaudar importantes recursos para el desarrollo rural,
estableciendo las bases para que los grandes propietarios de la tierra empiecen
a tributar de una vez por todas. Por obvias razones, ha sido uno de los puntos
más rechazados por el uribismo.
La Ley de financiamiento favorece ampliamente a los dueños del capital,
en especial extranjero. Anuncia un régimen tributario especial para las
Compañías Holding Colombianas, CHC, que busca proporcionarles todos los
incentivos para fomentar la competitividad de capitales, “tal como se impone en
todo el mundo”. De acuerdo con el texto de la reforma, se otorgarán beneficios
especiales a aquellas que tengan como objeto la tenencia de valores, inversión
o holding de acciones o participaciones en el exterior y/o administración de
dichas inversiones. Estas deben contar con una participación de al menos 10% de
capital extranjero por un mínimo de 12 meses. Para pertenecer a este régimen,
se exige como requisito contratar al menos un empleado y contar con una
dirección corporativa propia en Colombia. Por su parte, el impuesto a los
dividendos seguirá entre el 5 y el 10%, es decir, en lo fundamental no se
afectará el mercado de acciones, cuya propiedad está muy concentrada en el
país.
Por último, el proyecto parte de dos falacias que los economistas
neoliberales pregonan desde hace tiempo, en contra de toda evidencia histórica.
La primera es que las empresas en Colombia son gravadas en exceso, lo que
desestimula la inversión y la generación de empleo. Este argumento, defendido
ampliamente en la campaña electoral por el entonces candidato Duque y por entidades
como Fedesarrollo, no corresponde a la realidad. No es cierto que las empresas
paguen impuestos excesivos. En general, las grandes empresas, nacionales y
extranjeras, gozan de grandes privilegios tributarios, exenciones, deducciones
y subsidios públicos. Tienen al Estado a su servicio y se han beneficiado mucho
con las 13 reformas tributarias que se han aprobado y puesto en práctica
durante los últimos 28 años.
Los grandes empresarios trasladan sus ganancias al exterior y las
dedican a operaciones financieras. Por lo tanto, no generan nuevos empleos, tal
como lo muestran las mismas cifras oficiales. De acuerdo con cifras del
Ministerio de Comercio e Industria, de 2017, el 80,8% del empleo en Colombia
proviene de las pymes, que registran alto nivel de informalidad, tienen poco
acceso a créditos y una baja capacidad de innovación y de exportación.
La segunda falacia que se repite una y otra vez desde el gobierno
anterior, es que Colombia es un país de clase media, en donde la demanda, y por
tanto, el mercado interno, han crecido mucho. No obstante, en este punto
también las cifras del Dane son contundentes: El 61,5% de los trabajadores gana
menos de un salario mínimo. Según las cifras del Ministerio del Trabajo, del
total de empleados del país, solo un 8%, o sea 1.647.000 personas, ganan un
salario mínimo. Entretanto, 10,7 millones de trabajadores ganan un salario
inferior al mínimo.
En síntesis, la reforma tributaria propuesta y defendida en el Congreso
por el Ministro de los bonos de agua, Alberto Carrasquilla, no responde a la
necesidad de construir un país más equitativo, en el que se sienten las bases
del desarrollo económico y social, una vez superado el conflicto armado.
1 comentarios:
Write comentariosBuen análisis, sobre todo, porque delata las falacias del gobierno, sobre las cuales sustenta y justifica la reforma tributaria.
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