Editorial. Los socios de Odebrecht: No pueden tapar el cielo con las manos

No logra cuajar la maniobra ilegal del video sobre Petro para desplazar hacia este la indignación pública que gravita sobre el fiscal y el Grupo Aval

La cúpula bancaria del país, con la anuencia de su gobierno recién estrenado, y a través de sus agentes en el Congreso, entre los cuales descuella el uribismo, ha pugnado de modo frenético por convertir el debate del 27 de noviembre en el Senado, contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, en un contragolpe que ponga a la reacción colombiana a la ofensiva contra las fuerzas democráticas. Tal como el país observó, el elemento que hizo de palanca para empujar ese tramposo desplazamiento fue la presentación del video hecho por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en el mencionado debate. Una vez que Robledo, Petro y Angélica Lozano plantearan los irrefutables cuestionamientos que implican a fondo la responsabilidad del fiscal general en varias irregularidades del escándalo Odebrecht, en artera y sucia maniobra, el video de marras fue lanzado como deliberado petardo para impedir que el debate alcanzara su pleno desarrollo y profundización. Era lo que querían evitar a como diera lugar, y fue lo que hicieron.

La maniobra revela el serio aprieto en que las revelaciones del fallecido Jorge Pizano, soportadas en documentos y grabaciones, colocaron al fiscal general y a sus patrones. Confirma que los límites de la democracia parlamentaria llegan hasta donde empiecen a poner en riesgo los intereses de la gran burguesía y del régimen político hecho a su imagen y semejanza. Y constatan cuando esto ocurre, cómo proceden la alta burguesía, su gobierno y sus agentes dentro y fuera del Congreso. Sin el más mínimo escrúpulo, se llevan de calle, barren sin contemplaciones figuras político-legales a las cuales normalmente prodigan reverencias y elaborada prosopopeya, verbigracia, el control político, el Congreso como escenario de la democracia, el derecho de réplica y ─a juicio de estrategas y ejecutores de la maniobra─ otras nimiedades similares. Severa lección de la lucha política sobre las realidades de la desflecada república colombiana.

El resto consistió en difundir de inmediato el video sobre Petro e impedir que los citantes pudieran hacer uso de su derecho de réplica para desmenuzar la intervención del fiscal, truncando el debate para que lo que quedara en la retina del público fuese la “denuncia” de la senadora uribista. Quedó claro que de lo que se trataba en realidad era de conjurar el indudable impacto que causaría en el país el hecho de que, sin cortapisas, el debate tocara fondo y expusiera a plena luz la raíz oligárquica, estatal-privada, de la gran corrupción. Que podría generar una toma de conciencia tal que bordearía lo subversivo, capaz, no sólo de barrer del escenario la oscura figura del fiscal, cual espantapájaros arrastrado por un huracán, sino suficiente para hacer retemblar los cimientos mismos de la institucionalidad vigente, expoliadora, opresiva y corrupta.

No exageramos. Lo prueba la respuesta popular a la serie de explosivas revelaciones y escándalos de los últimos tiempos. Las protestas ante la indignante situación económica y social producto de décadas de neoliberalismo, a las descaradas medidas y proyectos legislativos del mismo corte anunciados por el gobierno Duque, como las reformas tributaria y de la justicia, la pretensión de “regular” la protesta social y mutilar el alcance de la tutela. Aunque el ambiente general registra los palos de ciego y la incompetencia del novato mandatario, en medio de la chambonería y la frívola ronda diaria de la Casa de Nariño, sobresale el acatamiento a los puntos más gruesos de la agenda uribista, como el agresivo servilismo progringo frente a Venezuela, la actitud de desconocer e incumplir los acuerdos de paz, al igual que la definida orientación de afianzar todavía más el regresivo modelo neoliberal e implantar un régimen ultrarreaccionario que extirpe derechos y libertades.

Tamañas y elocuentes como han sido, las numerosas manifestaciones de esta fuerte tendencia hacia un cambio están a la vista. La gran votación sin precedentes, más de 8 millones de votos, por una candidatura presidencial, la de Gustavo Petro, claramente orientada hacia cambios sustanciales del orden económico y social del país. La votación de más de 11 millones de votos en favor de la consulta anticorrupción, superior a la obtenida por Duque para su elección como presidente. La abrupta caída de la influencia pública del presidente Duque en el breve lapso de sus primeros 100 días, expresada en más del 60% de su imagen desfavorable. Otro tanto indica el pronunciado descenso del influjo público de Álvaro Uribe, el caudillo de la ultraderecha, mayor que en todo tiempo anterior, también registrado en las encuestas. Y sobre todo, el notable aumento de la protesta social y de sus movilizaciones, cuya curva en alza desde 2014 se ha triplicado, contándose en el presente año cada mes por más de un centenar y acercándose al millar anual. Pero fuera de serie, la gran protesta estudiantil en defensa de la universidad pública, y las de los trabajadores y maestros contra los anuncios de nueva alza del detestado IVA y en pro de los recursos públicos para la educación. Potente, prolongada y aglutinadora de todos sus estamentos como hace mucho no se veía, la tumultuosa movilización de los universitarios ha desenmascarado el rancio continuismo privatizador del gobierno Duque en este terreno, colocado el asunto en el centro del debate público y despertando un respaldo tan extendido como entusiasta. Los modestos logros preliminares en materia de recursos públicos obtenidos, insuficientes como se señala para conjurar el enorme déficit de la educación pública superior, muestran que la batalla no ha terminado pero sirven para demostrar que, desde la calle, el ímpetu juvenil masivo, se revela eficaz y cobra sus frutos tempranos.

Lo de registrar como muy positivo es el encendido repudio al proyecto de aumento del IVA en la canasta familiar, el repetido señalamiento de que el esquema tributario se basa en la exacción masiva de las clases trabajadoras y las capas medias en tanto que exonera, llena de estímulos e, incluso, subsidia la minoría plutocrática de las finanzas. Que todo ello esté siendo materia del debate público, así no se indique con claridad que el IVA, esa suerte de remembranza de la alcabala colonial española en plena época de la globalización, tenga como fuente la institución financiera global del imperio y sus aliados, el FMI, ni tampoco se concluya todavía que la solución democrática es darle un consecuente carácter progresivo a la tabla de impuestos que grave más la riqueza acumulada, es de por sí un avance en la dirección correcta. Que haya salido a relucir en esta controversia que debe gravarse el capital financiero y otro tanto a conglomerados como Postobón y Bavaria, debe haber hecho rechinar los dientes de la dorada aristocracia dominante y señala que, al fin, la vetusta fortaleza conceptual de los antiguos Chicago boys, con todos sus hechizos y conjuros, se encuentra bajo asedio, aquí, en Colombia, uno de los países cuyas élites han sido de las más obsecuentes al Consenso de Washington.

Que algo de este estado de ánimo creciente entre el pueblo, alarmante para el statu quo, ha sido captado por las filas de la reacción ─así sea con vista a las próximas elecciones─ lo indican algunas de las propuestas y voces, con claros visos demagógicos e incomprensibles en otras circunstancias, del expresidente Uribe. Quien, consciente de las ostensibles limitaciones de su pupilo presidente, le ha ordenado que “enderece” la marcha. Es decir, que deje de esforzarse por aparecer original en su descomunal trivialidad y se concentre más en los asuntos propios del programa uribista. Es el costo que ha debido pagar la corriente que jalona la extrema derecha colombiana, el uribismo, haciendo elegir presidente “al que Uribe dijo” para asegurarse la docilidad de un improvisado gobernante que cada vez más va siendo percibido por el grueso público como poco más que un papanatas.

Pero además del objetivo inmediato de escamotear el juicio político de responsabilidades al fiscal y sentar en su lugar, en el banquillo de los acusados, a Gustavo Petro, se trataba con ello de coronar un acariciado cometido del uribismo y de la oligarquía colombiana: decapitar de su liderazgo el ascendente movimiento de masas del país. Dado que ha sido Petro quien ha logrado movilizar el mayor volumen de colombianos en pos de un cambio social de fondo, el asunto es atajarlo mediante el recurso previsto como más eficaz. El recurso escogido para lograr este oscuro propósito es el descrédito de la persona. Precisamente el descrédito de quien ha abanderado en Colombia la batalla contra el paramilitarismo, la antidemocracia uribista, la gran corrupción, y el esquema neoliberal aplicado por todos los gobiernos desde 1990. Calculan los urdidores y ejecutores de la encerrona en que se convirtió el debate al fiscal en el Senado, que para evitar que el alza de la gran corriente democrática desemboque en una gigantesca pleamar de rebeldía social contra la injusticia y la opresión, precisan la destrucción del liderazgo del candidato de Colombia Humana que, como todos los de su alcance, no se gesta ni forja en un parpadeo porque requiere un laborioso y complejo proceso, no de años sino de lustros e incluso décadas. Con el enlodamiento de Petro se busca provocar el desánimo y una desmoralización y escepticismo prolongados en las filas del pueblo. De nuevo se intenta sacarlo del camino por la vía judicial, un expediente común en Colombia y América Latina adoptado por las fuerzas de derecha en su persecución de los líderes progresistas y de izquierda. Se trata, en suma, nada menos que de truncar de modo indefinido el poderoso ascenso democrático de masas que viene experimentando Colombia. Una cuestión crítica, a la cual no puede sustraerse ni verse con indiferencia por ningún genuino demócrata colombiano.

Porque tanto el potencial inherente al actual movimiento democrático, como la contracorriente regresiva al mando del Estado, acercan a Colombia a una situación de crisis definitoria de su rumbo. Que puede desembocar, definidamente hacia un desatado torrente de inconformidad popular, capaz de adquirir magnitud y contornos de ola de tsunami, de iniciar el vuelco de reformas de fondo, empezando por el cumplimiento cabal de los acuerdos de paz, y transformaciones que desatasquen el país del atraso económico, la desigualdad social y la opresión foránea. Este desenlace presupone un movimiento democrático con la fuerza necesaria para contrarrestar y hacer retroceder lo que implica el retorno del uribismo al poder. De lo contrario, otro eventual y ominoso resultado del desenvolvimiento de la situación de Colombia podría consistir en la consolidación del actual régimen de extrema derecha, que abra la puerta a un prolongado y tenebroso período de reacción. Cuya gravedad podría centuplicarse con la absurda política uribista, aventurera y guerrerista, de la administración Duque frente a Venezuela. Su negativa a ventilar los asuntos entre los dos países por la vía diplomática, pese a los reiterados llamados de Venezuela, como las agresivas declaraciones del lenguaraz embajador colombiano en Washington, dan bélica fe de ello. Muy propias del peón progringo al que con pompa y sorna llama el imperio “socio estratégico” de Estados Unidos en Surámérica, pues es el que debe suministrar la carne de cañón ─nuestro pueblo─ para que las multinacionales norteamericanas intenten volver a echarle mano al petróleo venezolano.

Es cierto que la maniobra desatada en la plenaria del Senado del 27 de noviembre con la presentación del video aludido y el levantamiento intempestivo de dicha sesión, ha implicado dificultades y complicaciones que hay que afrontar y sortear. Petro ha tenido que presentar una y otra vez las debidas explicaciones ante el país sobre los elementos de fondo del video divulgado, y ofrecido disculpas al pueblo colombiano por no haber mantenido la suficiente vigilancia en aspectos ultrasensibles para la opinión pública, que si bien no configuran tacha alguna en la trayectoria del más destacado líder de la oposición, sí son susceptibles de aprovechamiento ─como ha sucedido─ por los enemigos de la paz y los verdaderos artífices de la gran corrupción. Que si le brindaron un momentáneo respiro al fiscal ha sido muy fugaz y ya puede conjugarse en pasado, porque la crítica y el cuestionamiento públicos a Néstor Humberto Martínez, lejos de atemperarse y amainar, se profundizan. Según información de la agencia Bloomberg, la caída de la acción del Grupo Aval en la Bolsa neoyorkina ha significado mil millones de dólares menos para el supermagnate financiero. El volcánico escándalo Odebrecht sigue arrojando lava al rojo vivo sobre todo el hemisferio y no está hoy nada claro que el enredador fiscal vaya a permanecer a salvo de la incandescencia. Si la apertura de caso al fiscal en la Comisión de Acusación de la Cámara sólo provoca sarcasmos por su innocuidad y descrédito, lo cierto es que la multinacional del escándalo ha afirmado que el Grupo Aval sí estaba enterado de los manejos que hoy se cuestionan, y eso que aún no se conocen las nuevas revelaciones que altos exdirectivos de Odebrecht anuncian desde Brasil y cuya pronta recepción por la justicia colombiana la fiscalía sigue inexplicablemente posponiendo.

Nunca se insistirá lo suficiente en que lo principal de la situación nacional presente, lo central de la reñida lucha política entablada, lejos de ser el asunto del video de Petro, consiste en el señalamiento de la responsabilidad del fiscal y del Grupo Aval en el caso Odebrecht. Rechazar la maniobra contra Petro, el principal líder de la resistencia democrática, es lo que procede en todas las vocerías del bando de los demócratas, como subrayar que la misma es un desesperado esfuerzo para desplazar el foco de atención de la indignación pública de quienes deben al país explicaciones de fondo. Es normal admitir que el excandidato de la Colombia Humana aclare completamente los pormenores del incidente que ha sido pérfidamente explotado. Pero no lo es la pretendida equidistancia y el supuesto equilibrio que coloca, explícita o tácitamente, en aras de una inadmisible imparcialidad, en un mismo plano las responsabilidades de Néstor Humberto Martínez y del grupo financiero de Sarmiento Angulo en el caso Odebrecht frente al acorralamiento y juicio público que se le quiere adelantar a Petro. El cálculo de lo ventajoso que resultaría la eliminación política del liderazgo democrático de mayor arrastre masivo, para otras aspiraciones distintas al establecimiento, amén de lo mezquino, parte de la cegatona premisa que no percibe ni quiere comprender que, de tener éxito, la arremetida de la ultraderecha debilitaría a las fuerzas democráticas en su conjunto y podría incluso preparar su barrida del escenario nacional.

La hora no admite cavilaciones ni actuaciones inspiradas por intereses menores a los de largo aliento, cifrados en el ascenso del movimiento democrático y en la persistencia de su avance. La defensa de Petro pone a prueba la consistencia y la lucidez de la gran corriente que clama y se moviliza por el cambio. No nos rezaguemos a su vagón de cola; mantengámonos a su altura y preservemos su visión del porvenir.

Bogotá, 10 de diciembre de 2018

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Author : César Tovar de León

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