Por Édgar Ortiz Mora
Docente e investigador
universitario
El
gobierno de Duque continuando la política de sus antecesores retoma el proceso
de reestructuración de la educación superior basado en los preceptos de
globalización de la economía y la disminución de presupuesto estatal, convierte
el transcurrir de la universidad en el análisis costo-beneficio, la
distribución de recursos, los indicadores de desempeño y la selectividad. Las
instituciones de educación superior se hallan presionadas para que sean más
productivas en cantidad y calidad, disponiendo de los mismos recursos o incluso
con menos, se ven forzadas a realizar reformas institucionales, evaluaciones permanentes,
diseño de sistemas de clasificación y creación de organismos internos de
acreditación.
La
crisis fiscal del Estado y sus resultantes recortes presupuestales en el sector
han generado estrategias de ahorro o reducción de costos provocando la desregulación
en las condiciones de trabajo, restricciones en la matrícula y crecimiento de
instituciones privadas, haciendo evidente una reducción en la autonomía
institucional que repercute significativamente en el gobierno universitario,
los contenidos de los programas académicos y las prioridades en la
investigación.
El
año pasado, como respuesta a la intención del gobierno de desfinanciar el
sector, el movimiento estudiantil exigió un plan de pago de la deuda histórica
que tiene el estado con las universidades públicas que asciende a más de 16
billones de pesos, déficit a saldarse en un plazo no mayor a 10 años con
incremento presupuestal de 4,5 billones a las universidades públicas,
reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex, rechazo al modelo
mercantil y usurero de las matrículas en las Instituciones de Educación
Superior (IES) privadas, y el aumento del presupuesto para Colciencias para que
adelante agendas investigativas que incluya a las humanidades el arte y las
ciencias.
Así
mismo, rechazó la aplicación del Sistema Nacional de Educación Terciaria
exigiendo recursos al Sena para que mediante un modelo de integración al
sistema nacional de Educación Superior se respete la visión y misión con que
fue creado, objetó condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación de
alta calidad de los programas de manera obligatoria, la derogatoria de la ley
1740 (inspección y vigilancia) y del Decreto 1280, que cercenan la autonomía
universitaria.
Tras
el éxito del paro nacional estudiantil se concertó un pliego nacional de
exigencias que obligó al gobierno de Duque a destinar 5,85 billones de pesos
para garantizar la financiación para las 32 universidades públicas de la
educación superior y la investigación en los próximos 4 años, consistente en
una base presupuestal de 1,3 billones, recaudo de 0,32 billones provenientes de
impuestos a cooperativas, 0,5 billones para el pago de los pasivos, 1 billón
para inversión, 1,5 billones destinados a Colciencias, 0,25 billones para becas
doctorales, 1,25 billones de las regalías para inversión y 0,18 billones
allegados por descuento electoral.
En
las últimas semanas las movilizaciones de estudiantes de universidades públicas
y privadas crecen en número e intensidad, lo que comenzó como una manifestación
por los actos de corrupción presentados en la Universidad Distrital de Bogotá, se
ha convertido en juicio al compromiso gubernamental sobre financiación a la
universidad pública.
Duque
afirmo que a partir del 2019 se va a tener el presupuesto más alto en materia
de educación que ha tenido Colombia pero cuando se miran las cifras más a
fondo, este crecimiento en el presupuesto general de la educación no se refleja
una mejora de la situación de las universidades públicas, por el contrario, su
situación se ha ido deteriorando progresivamente desde 1993. Si bien el
presupuesto de las universidades públicas ha crecido en los últimos 18 años que
paso de 2,7 billones de pesos en el 2000 a 3,9 billones en 2019, este
crecimiento, que corresponde a un 44 % en 19 años, cuando se descuenta la
inflación, es apenas superior al 2% mientras que el número de estudiantes se ha
cuadruplicado en este mismo periodo.
En
lo relativo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), no obstante
que se mantiene el 10% de los ingresos corrientes del Sistema General de
Regalías se retrocede por el efecto que tiene la disposición de “convocatorias
públicas abiertas y competitivas” para la postulación y ejecución de los proyectos
financiados con este fondo que dispuso de $1,3 billones destinados a la
ejecución de proyectos de vías terciarias, situación desastrosa para un país
que a duras penas, invierte 0,27% del PIB en CTeI, en contraste con los demás
países de la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, que invierten en promedio
el 2,4% del PIB.
La
autonomía universitaria que reconoce a las universidades el derecho a darse sus
estatutos, designar su personal docente y administrativo, permitiendo libertad
para autogobernarse se ve afectada por la forma en que restringen la participación
de estudiantes y profesores en la elección de rectores, la composición de los
consejos superior donde hay mayoría de los representantes del gobierno y los
gremios y la injerencia tanto del ministerio como de las secretarías de
educación en los procesos de acreditación que dejan de lado las consideraciones
académicas y resaltan los procedimientos administrativos y de calificación.
Así
mismo, la autonomía reflejada en el derecho que tienen las universidades de decidir
internamente su gestión para destinar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y su función institucional, hoy se encuentra
condicionada por la falta de planeación académica, selección de proyectos
académicos con criterios económicos y de acuerdo a las restricciones que impone
Colciencias, crecimiento burocrático, malversación de recursos todo lo cual ha
puesto a los centros educativos en serios problemas financieros, administrativos
al dejare de lado la orientación académica y social.
Mención
aparte merece la corrupción reinante en las universidades públicas, el caso más
aberrante es el de la Universidad Distrital que involucra al exdirector del
Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud) Wilman Muñoz
Prieto, a quien la Procuraduría acusa del mal manejo de la exorbitante suma de 10.490
millones de pesos dilapidados en contratos de asesoría y asistencia técnica que
involucran a políticos, empresarios, funcionarios públicos y privados que con
la complicidad de funcionarios internos de la universidad ocasionan situaciones
anómalas en el manejo de los recursos del alma mater.
En
el país se ha promovido investigaciones administrativas en más de siete
universidades del país donde el factor común es la coexistencia de las alianzas
perversas entre caciques políticos y empresarios deshonestos con rectores y
directivos de estos centros educativos, creando sistemas de redes de
clientelismo, tráfico de influencias y defraudaciones al patrimonio público que
afectan la credibilidad y legitimidad de las universidades sin que se utilicen
los mecanismos legales que tienen a sus disposición los organismos nacionales y
locales de control y vigilancia, a lo que se agrega los intentos que en
diversas universidades han tenido los paramilitares para imponer el
nombramiento de directivas académicas.
Las
protestas estudiantiles no han sido respetadas ni garantizadas para la
movilización sin represalias en IES públicas y privadas, la
inconstitucionalidad de las prohibiciones de las movilizaciones ha dado vía
libre a la intervención del ESMAD invadiendo varios campus universitarios
provocando daño en las instalaciones con estudiantes heridos y lesionados.
A
pesar de estas barreras impuestas por el gobierno, los medios de prensa
oficiales y minúsculos grupos sociales, las calles y lugares públicos en
distintas ciudades del país se engalanan con el ímpetu y la vitalidad de los
estudiantes, que retomando las luchas del año pasado son convocantes del paro
nacional del próximo 21 de noviembre para rechazar las reformas laboral y
tributaria, las privatizaciones, el cumplimiento de los acuerdos y la defensa a
la protesta social dirán NO al paquetazo de Duque-Uribe contra la universidad
pública.
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