Sin financiación ni autonomía y mucha corrupción: paquetazo de Duque para universidad pública

05:51

Por Édgar Ortiz Mora
Docente e investigador universitario


El gobierno de Duque continuando la política de sus antecesores retoma el proceso de reestructuración de la educación superior basado en los preceptos de globalización de la economía y la disminución de presupuesto estatal, convierte el transcurrir de la universidad en el análisis costo-beneficio, la distribución de recursos, los indicadores de desempeño y la selectividad. Las instituciones de educación superior se hallan presionadas para que sean más productivas en cantidad y calidad, disponiendo de los mismos recursos o incluso con menos, se ven forzadas a realizar reformas institucionales, evaluaciones permanentes, diseño de sistemas de clasificación y creación de organismos internos de acreditación.
La crisis fiscal del Estado y sus resultantes recortes presupuestales en el sector han generado estrategias de ahorro o reducción de costos provocando la desregulación en las condiciones de trabajo, restricciones en la matrícula y crecimiento de instituciones privadas, haciendo evidente una reducción en la autonomía institucional que repercute significativamente en el gobierno universitario, los contenidos de los programas académicos y las prioridades en la investigación.
El año pasado, como respuesta a la intención del gobierno de desfinanciar el sector, el movimiento estudiantil exigió un plan de pago de la deuda histórica que tiene el estado con las universidades públicas que asciende a más de 16 billones de pesos, déficit a saldarse en un plazo no mayor a 10 años con incremento presupuestal de 4,5 billones a las universidades públicas, reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex, rechazo al modelo mercantil y usurero de las matrículas en las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, y el aumento del presupuesto para Colciencias para que adelante agendas investigativas que incluya a las humanidades el arte y las ciencias.
Así mismo, rechazó la aplicación del Sistema Nacional de Educación Terciaria exigiendo recursos al Sena para que mediante un modelo de integración al sistema nacional de Educación Superior se respete la visión y misión con que fue creado, objetó condicionar a las IES a realizar procesos de acreditación de alta calidad de los programas de manera obligatoria, la derogatoria de la ley 1740 (inspección y vigilancia) y del Decreto 1280, que cercenan la autonomía universitaria.
Tras el éxito del paro nacional estudiantil se concertó un pliego nacional de exigencias que obligó al gobierno de Duque a destinar 5,85 billones de pesos para garantizar la financiación para las 32 universidades públicas de la educación superior y la investigación en los próximos 4 años, consistente en una base presupuestal de 1,3 billones, recaudo de 0,32 billones provenientes de impuestos a cooperativas, 0,5 billones para el pago de los pasivos, 1 billón para inversión, 1,5 billones destinados a Colciencias, 0,25 billones para becas doctorales, 1,25 billones de las regalías para inversión y 0,18 billones allegados por descuento electoral.
En las últimas semanas las movilizaciones de estudiantes de universidades públicas y privadas crecen en número e intensidad, lo que comenzó como una manifestación por los actos de corrupción presentados en la Universidad Distrital de Bogotá, se ha convertido en juicio al compromiso gubernamental sobre financiación a la universidad pública.
Duque afirmo que a partir del 2019 se va a tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia pero cuando se miran las cifras más a fondo, este crecimiento en el presupuesto general de la educación no se refleja una mejora de la situación de las universidades públicas, por el contrario, su situación se ha ido deteriorando progresivamente desde 1993. Si bien el presupuesto de las universidades públicas ha crecido en los últimos 18 años que paso de 2,7 billones de pesos en el 2000 a 3,9 billones en 2019, este crecimiento, que corresponde a un 44 % en 19 años, cuando se descuenta la inflación, es apenas superior al 2% mientras que el número de estudiantes se ha cuadruplicado en este mismo periodo.
En lo relativo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), no obstante que se mantiene el 10% de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías se retrocede por el efecto que tiene la disposición de “convocatorias públicas abiertas y competitivas” para la postulación y ejecución de los proyectos financiados con este fondo que dispuso de $1,3 billones destinados a la ejecución de proyectos de vías terciarias, situación desastrosa para un país que a duras penas, invierte 0,27% del PIB en CTeI, en contraste con los demás países de la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, que invierten en promedio el 2,4% del PIB.
La autonomía universitaria que reconoce a las universidades el derecho a darse sus estatutos, designar su personal docente y administrativo, permitiendo libertad para autogobernarse se ve afectada por la forma en que restringen la participación de estudiantes y profesores en la elección de rectores, la composición de los consejos superior donde hay mayoría de los representantes del gobierno y los gremios y la injerencia tanto del ministerio como de las secretarías de educación en los procesos de acreditación que dejan de lado las consideraciones académicas y resaltan los procedimientos administrativos y de calificación.
Así mismo, la autonomía reflejada en el derecho que tienen las universidades de decidir internamente su gestión para destinar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función institucional, hoy se encuentra condicionada por la falta de planeación académica, selección de proyectos académicos con criterios económicos y de acuerdo a las restricciones que impone Colciencias, crecimiento burocrático, malversación de recursos todo lo cual ha puesto a los centros educativos en serios problemas financieros, administrativos al dejare de lado la orientación académica y social.
Mención aparte merece la corrupción reinante en las universidades públicas, el caso más aberrante es el de la Universidad Distrital que involucra al exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud) Wilman Muñoz Prieto, a quien la Procuraduría acusa del mal manejo de la exorbitante suma de 10.490 millones de pesos dilapidados en contratos de asesoría y asistencia técnica que involucran a políticos, empresarios, funcionarios públicos y privados que con la complicidad de funcionarios internos de la universidad ocasionan situaciones anómalas en el manejo de los recursos del alma mater.
En el país se ha promovido investigaciones administrativas en más de siete universidades del país donde el factor común es la coexistencia de las alianzas perversas entre caciques políticos y empresarios deshonestos con rectores y directivos de estos centros educativos, creando sistemas de redes de clientelismo, tráfico de influencias y defraudaciones al patrimonio público que afectan la credibilidad y legitimidad de las universidades sin que se utilicen los mecanismos legales que tienen a sus disposición los organismos nacionales y locales de control y vigilancia, a lo que se agrega los intentos que en diversas universidades han tenido los paramilitares para imponer el nombramiento de directivas académicas.
Las protestas estudiantiles no han sido respetadas ni garantizadas para la movilización sin represalias en IES públicas y privadas, la inconstitucionalidad de las prohibiciones de las movilizaciones ha dado vía libre a la intervención del ESMAD invadiendo varios campus universitarios provocando daño en las instalaciones con estudiantes heridos y lesionados.
A pesar de estas barreras impuestas por el gobierno, los medios de prensa oficiales y minúsculos grupos sociales, las calles y lugares públicos en distintas ciudades del país se engalanan con el ímpetu y la vitalidad de los estudiantes, que retomando las luchas del año pasado son convocantes del paro nacional del próximo 21 de noviembre para rechazar las reformas laboral y tributaria, las privatizaciones, el cumplimiento de los acuerdos y la defensa a la protesta social dirán NO al paquetazo de Duque-Uribe contra la universidad pública.

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