Antes de posesionarse Francisco Barbosa como Fiscal General, en reemplazo de la “joyita” de Néstor Humberto Martínez, se sabía que este amigo íntimo de Duque y militante entusiasta del uribismo no sería garantía de imparcialidad ni de eficiencia en las investigaciones a su cargo.
Por Yezid García Abello
Secretario general (e) del PTC / Bogotá D.C., 27 de mayo de 2020.
En Colombia hay un caso muy reciente. Se trata del
fiscal Francisco Barbosa, quien ejerce su cargo de manera muy particular. Si se
trata de opositores al gobierno del presidente Duque se comporta como el
terrible señor Hyde, agresivo, violento, “capaz de cualquier atrocidad”, y
dispuesto a inventarse cualquier historia que ante los ojos de la opinión
pública deje la impresión que nada bueno puede venir de la orilla política
democrática. Pero si se trata del uribismo, del presidente Duque o de los
funcionarios de este gobierno, se comporta con la ecuanimidad y la generosidad
del ponderado doctor Jekyll.
Antes de posesionarse Barbosa como Fiscal General,
en reemplazo de la “joyita” de Néstor Humberto Martínez, se sabía que este
amigo íntimo de Duque y militante entusiasta del uribismo no sería garantía de
imparcialidad ni de eficiencia en las investigaciones a su cargo; y que sus
actuaciones estarían motivadas principalmente por la filiación política de los
investigados, dando plena realización en Colombia a la estrategia neoliberal de
utilizar la justicia como herramienta de la lucha política.
Ante cualquier descuido, por menor que sea, Barbosa
saca las orejitas. Si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sale a mercar con
su pareja, la senadora Angélica Lozano, contraviniendo las reglas del
confinamiento y la cuarentena, son registradas en una fotografía y
voluntariamente acuden a la autoridad policial para informar la falta y
solicitar el comparendo respectivo, ese no es para el Fiscal un acto
autocrítico ejemplar sino la confesión de un grave delito que merece que se les
abra, por parte de su despacho, una investigación penal. El señor Hyde en pleno
uso de sus facultades y características.
En el caso de las grabaciones, plenamente legales,
al llamado Ñeñe Hernández, personaje
acusado de pertenecer a una estructura criminal narcotraficante, en las cuales
se habla de la compra de votos en La Guajira y el Cesar por la campaña de Duque
para contrarrestar la gran votación de Gustavo Petro en la primera vuelta
presidencial, el fiscal Barbosa hizo todo lo que estuviera a su alcance para
mantener engavetadas esas grabaciones. Y cuando finalmente, contra su voluntad,
salieron a la luz pública, los primeros investigados no fueron los directivos
de la campaña presidencial uribista sino los funcionarios del CTI y la Policía
Judicial que, en cumplimiento de su deber, habían hecho las grabaciones. El
doctor Jekyll, bondadoso y ponderado con Duque, la Caya Daza y el Ñeñe Hernández.
En esas grabaciones se expresa la rabia y el susto
frente a la gran votación de Petro en La Guajira y las mismas voces dan la
explicación de que ello se debió al “respaldo de los hp mineros que se fueron con toda”. Esos mineros son los
trabajadores del carbón de La Guajira que masivamente hicieron campaña y
votaron por el candidato de la Colombia Humana, como lo hicieron más de ocho
millones de compatriotas, y a lo que tenían pleno derecho en esta democracia
formal. Pero Barbosa, nuevamente en los pantalones del señor Hyde, decide abrir
investigación a la campaña de Petro por presunta financiación ilegal. Todo tras
el objetivo de lanzar una cortina de humo sobre las graves acusaciones de
fraude electoral y compra de votos por la campaña presidencial del Centro
Democrático. Dirigentes políticos, pertenecientes a los partidos que conforman
la bancada alternativa en el Congreso de la República, han pedido pública y
reiteradamente que Barbosa se declare impedido para adelantar esta
investigación.
Si hay alguien que dedicó meses a la investigación
de los sobornos de Odebrecht en Colombia, recibió todo tipo de amenazas contra
su vida y la de su familia, sufrió un sospechoso accidente de tránsito en las
calles de Santiago de Chile cuando disfrutaba de unas vacaciones, fue la fiscal
Amparo Cerón, llamada por algunos “la fiscal de hierro del caso Odebrecht”. Sin
ninguna consideración con una funcionaria ejemplar que perdió su tranquilidad y
puso en grave riesgo su vida, el fiscal Barbosa, notificado que la abogada
Cerón iba a citar a una diligencia judicial sobre el caso a los ex presidentes
Uribe y Pastrana, la desvinculó arbitrariamente del proceso el 5 de marzo, sin
explicación alguna ni a ella ni a la opinión pública, discrecionalmente, y en
la Fiscalía no se volvió a hablar de esa citación. Doctor Jekyll con Odebrecht
y quienes recibieron los sobornos; señor Hyde con la honesta y correcta
funcionaria.
La Fiscalía dirigida por Barbosa ha sido tan
inoperante como en el anterior período (Néstor Humberto Martínez) en las
investigaciones de la mayoría de las muertes de líderes sociales, defensores de
derechos humanos y ex combatientes de las Farc que firmaron los Acuerdos de
Paz. Indepaz afirma que sólo en lo corrido de este año, con pandemia y
confinamiento, han sido asesinados más de un centenar. La misma actitud se
observa frente a las amenazas que a nombre de grupos ilegales como las Águilas
Negras o el Bloque Capital de las autodefensas se profieren contra dirigentes
políticos, algunos de ellos congresistas. ¿O es que se conoce algún
pronunciamiento del fiscal Barbosa frente a la amenazante carta contra Patricia
Lara, Alexander López, Carlos Bula y Hernando Hernández? En estos temas el
fiscal es “ciego, sordo y mudo”. Y lo más grave es que estos crímenes y
amenazas llevan agua al molino de la fuerza política que convirtió en consigna
“volver trizas los Acuerdos de Paz”. Qué no se olvide que Barbosa fue defensor
de la JEP hasta que perdió el examen de admisión a ella y se convirtió,
entonces, en uno de sus críticos más ácidos.
Situación similar ―de engavetamiento de
investigaciones, pruebas y confesiones― se presentó con las denuncias sobre
interceptaciones telefónicas ilegales, elaboración arbitraria de perfiles,
amenazas y seguimientos a periodistas nacionales y extranjeros, dirigentes
políticos y sindicales, defensores de derechos humanos y miembros de ONG, por
parte de la Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. Las
primeras revelaciones provinieron del periódico The New York Times y las confirmó su publicación en la revista Semana en diciembre del año anterior.
Hoy, cinco meses después, se ha presentado una segunda entrega de las graves
denuncias sobre el caso hechas nuevamente por Semana. Ya aparecieron los nombres de los primeros 130 ciudadanos
nacionales y extranjeros, de un número oculto mucho mayor, ilegalmente
investigados por los militares.
Toda esta documentación, aunada a numerosas
investigaciones sobre corrupción en la contratación, malos manejos de dineros
de fondos reservados, venta de armas y servicios a particulares e, incluso,
relaciones con el narcotráfico, reposan en la Fiscalía por lo menos desde
diciembre anterior, durmiendo “el sueño de los justos” y esperando que Barbosa,
deje de ser tan buen amigo como el doctor Jekyll y haga algo para no dejar
estos casos en la impunidad.
Desafortunadamente para Colombia el “Trastorno
disociativo de la identidad” parece ser un mal incurable, y por lo que resta
del período del fiscal tendremos en escena al doctor Jekyll o al señor Hyde,
según convenga a los intereses del presidente Duque y al uribismo.
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