Las décadas de abandono financiero en que se ha puesto a la educación superior pública y a la intensificación de las grandes inequidades a que se ha condenado a amplios sectores de la población colombiana como consecuencia de las políticas neoliberales que arrojaron la educación y la salud a las inclementes fuerzas del mercado, es momento para que la crisis pandémica nos convoque a reflexionar y a exigir que es momento de empezar a resarcir a quienes con su trabajo y estudio crean la riqueza de la nación.
Por Orlando Acosta
Bioquímico y virólogo, profesor en la Universidad Nacional de Colombia
La educación superior es reconocida por los beneficios privados que
genera para quien transita por ella y por los inconmensurables beneficios
públicos para el conjunto de la sociedad. Los beneficios públicos sirvieron de
soporte a las políticas dirigidas a garantizar la gratuidad o el alto subsidio
público para asegurar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación
superior para los jóvenes, como característica distintivita de los países hoy
clasificados como desarrollados.
Sin embargo, desde los años 1970, frente a la creciente demanda por este
nivel educativo, muchos países empezaron a responder descargando de manera
creciente sobre hombros de los estudiantes o sus familias los costos de su
educación. Esta tendencia de privatización se vio intensificada por la ola
neoliberal exacerbada desde los años 1980 y caracterizada por el decreciente
gasto público en educación superior. Sobra destacar, que en el caso de
Colombia, la creciente privatización de la educación superior se dio mucho
antes de esta ola neoliberal.
Ahora, la crisis asociada al coronavirus causante de la enfermedad
conocida como covid-19 pone en evidencia las escandalosas inequidades causadas
por esta política de privatización de la educación superior en la que una
substancial proporción de los ingresos de muchas familias de estratos
socioeconómicos bajos se encuentra comprometida en deudas impagables frente a
la institución financiera oficial, Icetex, que sirve de intermediaria para que
recursos públicos transiten a las arcas de las universidades privadas, pero que
finalmente terminan siendo pagados por los usuarios.
El movimiento universitario de 2018 expuso a la luz pública que las
universidades estatales desde 1992 han permanecido esencialmente con la misma
financiación pública, no obstante que han incrementado su cobertura en número
de estudiantes en más de 130%, lo que las ha conducido a captar recursos
propios a través del valor de las matrículas y los contratos de servicios,
representando hoy estos recursos propios alrededor del 50% de sus presupuestos.
Hoy el déficit de funcionamiento de las universidades públicas supera los $3.2
billones, mientras que el de inversión los $18 billones.
La crisis pandémica del covid-19, que ha conducido a través del mundo a
que las universidades cumplan sus obligaciones de enseñanza por medio de la
virtualidad, ha suscitado ya las expresiones de tecnócratas e ideólogos
neoliberales quienes consideran que esta crisis pandémica es la oportunidad
para que las universidades publicas corrijan supuestos gastos burocráticos
inflados, reduzcan su personal académico y administrativo e intensifiquen sus
cursos masivos virtuales.
Pero la percepción de los estudiantes de universidades colombianas,
tanto públicas como privadas, es que la virtualidad, improvisada o no,
compromete severamente la calidad de las carreras en general, aunque mucho más
la de aquellas que requieren actividades presenciales ineludibles para asegurar
su calidad. Tal razonamiento, además de las calamidades económicas de los
hogares, está conduciendo a que muchos estudiantes hayan anunciado su retiro o
aplazamiento de sus carreras, implicando, según algunos estimativos, que en el
segundo semestre de 2020, el número de matriculados se pueda ver reducido entre
30% y 50%.
En el caso de las universidades privadas, que ya venían sintiendo la
crisis financiera, en alguna medida debido a los incrementos descarados en el
valor de sus matrículas y a la consecuencial reducción en la demanda, la actual
pandemia del coronavirus ha precipitado su crisis, a pesar del desvergonzado
programa Ser Pilo Paga que les permitió captar importantes recursos que
hubieran podido incrementar nueva cobertura en casi 5 veces más si se hubieran
dirigido a la universidad pública. Pero las universidades públicas, especialmente
aquellas que obtienen importantes ingresos de las matriculas de sus programas
de postgrado y de contratos de servicio, también están viendo seriamente
amenazadas su finanzas como consecuencia de la pandemia. Esto se añade a su
previa condición financiera deficitaria.
La solución ofrecida por el Gobierno nacional a la crisis que afecta a
las universidades públicas y a sus estudiantes, no ha sido otra que ofrecer
mayor endeudamiento ante el sector financiero. Es decir, aprovechar la crisis
pandémica para engrosar las ganancias de este sector y empobrecer aún más a las
familias de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
Lo más justo y razonable es que del recientemente creado Fondo de
Mitigación de Emergencias, se destinen al Ministerio de Educación los recursos
necesarios para atender y satisfacer las necesidades físicas y de bienestar de
la Instituciones de Educación Superior, que se proceda a pagar el valor de las
matrículas de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y a condonar todas las
deudas que los estudiantes de universidades públicas y privadas han contraído
con el Icetex. De manera urgente se requiere que con cargo a ese mismo Fondo se
alivien las inequidades causadas por el aislamiento de la educación que están
teniendo los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 debido a la ausencia de
conexión a internet y a la carencia de quipos electrónicos.
Las décadas de abandono financiero en que se ha puesto a la educación
superior pública y a la intensificación de las grandes inequidades a que se ha
condenado a amplios sectores de la población colombiana como consecuencia de
las políticas neoliberales que arrojaron la educación y la salud a las
inclementes fuerzas del mercado, es momento para que la crisis pandémica nos
convoque a reflexionar y a exigir que es momento de empezar a resarcir a
quienes con su trabajo y estudio crean la riqueza de la nación.
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