Dibujo de James Llanos.
La actual tergiversación neoliberal del asunto no puede reducirse a un debate académico. Sin su derrota resultaría imposible reversar los enormes destrozos neoliberales. Flaco servicio presta a las necesarias negociaciones políticas con vistas a la conformación de un frente muy amplio para generar un cambio de fondo en el país, entregar por anticipado la promesa absoluta y tajante de que todo se mantendrá “dentro de la economía de mercado”, y sin “acabar la propiedad privada ni estatizar la economía”.
Por Marcelo
Torres
Bogotá, junio de 2020
Bogotá, junio de 2020
En entrevista a la revista Semana, a comienzos de abril de este año, el empresario Jimmy Meyer expresó una serie de planteamientos sobre la realidad nacional de Colombia[1], que poco después dieron lugar a una comunicación escrita y a comentarios difundidos en entrevista radial por el senador Jorge Enrique Robledo[2]. El interés en comentarlos ahora reside en su incidencia presente y futura, tanto de lo planteado por el empresario como por el senador, hoy cuando en plena pandemia nos adentramos en una crisis económica y se pronostica una depresión global.
No se ve probable que la polarización que ha venido caracterizando la política colombiana se reduzca pronto. No con el manejo de la pandemia por el gobierno Uribe-Duque en favor de la bancocracia y de espaldas a la vida y la salud de la inmensa mayoría de la nación. Tampoco con el bajonazo de la economía nacional y la recesión global que avanza hacia la peor depresión mundial de que se tenga noticia. Mucho menos con la clara tendencia del actual gobierno a desmantelar el Estado de derecho y a reemplazarlo del todo por los métodos de fuerza. Ni con la peligrosa y perruna disposición del gobierno colombiano a secundar la campaña agresiva de la administración Trump para invadir el territorio de Venezuela, corroborada especialmente con la presencia de tropas especiales gringas en suelo colombiano. Menos aún con el telón de fondo de los terribles males acumulados durante decenios de neoliberalismo, y el ostensible saboteo oficial a la implementación de los acuerdos de paz, que provocaron el justo paro nacional del 21 de noviembre. La política oficial tiene en su haber deforestación acelerada, la progresiva contaminación del aire urbano, el deterioro de las fuentes de agua, cuencas fluviales y de los páramos, los preparativos oficiales para entronizar el fracking en Colombia que, junto con el mantenimiento del suministro de energía basada en los combustibles fósiles, dan cuenta de la progresiva destrucción de nuestro medio ambiente. Junto con los incesantes asesinatos de líderes sociales, de la oposición y de ex guerrilleros, el estallido casi a diario de escándalos a cuál peor, es poco probable una salida de la crisis pactada de consenso y lo de prever es un desenlace alejado de términos medios: hacia un retroceso político aún mayor, una autocracia de corte fascista, o una gran transformación democrática.
Por todo ello, la cuestión del frente único, de amplísimo espectro social y político, capaz de superar tan grandes males, derrotar a sus autores y emprender una nueva ruta, se pone al orden del día. Cuestión en la cual resulta primordial asimilar la experiencia de que, si se repite el desenlace negativo de la dispersión de fuerzas democráticas que finalmente se dio en la segunda vuelta de las presidenciales del 2018, acaso no haya en mucho tiempo otra ocasión semejante. De ahí el interés, a partir de lo planteado sobre la problemática colombiana por Meyer y Robledo, de reparar en la necesidad de la conformación de este frente amplio y diverso, en su composición social y política, en sus propósitos y alcances. Las elecciones presidenciales del 2022, si las hay, pueden tornarse cruciales y definitivas.
Un planteamiento de gran interés nacional
Debe decirse, para empezar, que el empresario Jimmy Meyer hizo en su entrevista unos planteamientos nada habituales entre el empresariado colombiano. Por ejemplo, llamó la atención sobre las “ayudas” que los gobiernos en Estados Unidos, Europa, Japón, China, y otros de Asia aportan a sus industrias pero que cada vez que se propone aquí lo propio, hay voces que advierten: “no, esto va en contra del tratado equis, ye o zeta”[3]. Al reparar con ojo clínico en la larga continuidad de esa enfermiza inercia, agregó con acierto que ello sigue sucediendo, en lugar de pensar que “el modelo tal vez es el equivocado,” y en que finalmente habría que “romper el esquema”. También ofrece fuerte contraste con la inalterable política oficial su posición partidaria de un esquema distinto, para apoyar las industrias y exportaciones colombianas, en el cual el gobierno deba “priorizar a las compañías colombianas por encima de lo extranjero”. Y cuando cita las palabras del presidente Trump respecto de Estados Unidos –“América first”─ no lo hace como la generalidad de políticos oficiales y empresarios de Colombia que las entienden como la primacía gringa sobre el mundo a la que hay que alabar y someterse, sino para concluir con una excepcional consecuencia capitalista nacional, que nuestro lema debiera ser “¡Colombia first!”
En esa línea, refiriéndose al problema estratégico del modelo económico nacional a adoptar, insistía sobre la “maldición” que pesa sobre los países que dependen de las materias primas y, tajante, formuló una conclusión: “Los países cuyos ingresos dependen continuamente de materias primas nunca ascienden al desarrollo.” Apoyar y proteger la industria nacional, priorizarla sobre las compañías foráneas, colocar de primero el interés nacional colombiano, y para ello “romper el esquema” imperante hoy, el de país cuyos ingresos dependen de la exportación de materias primas, constituyen premisas muy adecuadas para propiciar un acuerdo básico con los líderes y segmentos de la burguesía nacional, y por supuesto, con todos los sectores democráticos y progresistas, sobre un programa para volverlo realidad desde un gobierno conjunto. A lo cual habría que añadir, entre otras cosas, que las dificultades, crisis o sacrificios que la pandemia del coronavirus y la crisis económica pueda implicar no se descarguen sobre los trabajadores colombianos, formales informales, y que la prosperidad del país no se base en la merma o supresión de sus derechos ─a lo cual hace mucho se dio en llamar “flexibilización”─ como hasta hoy ocurre. Este es un indispensable requisito de cualquier posibilidad seria de acuerdo con los sectores del capitalismo nacional, incluyendo al mismo Jimmy Mayer, puesto que en entrevista distinta y anterior a la que aquí se ha mencionado planteaba, entre las distintas propuestas para el desarrollo industrial del país, la supuesta necesidad de “mantener la flexibilidad en el mercado laboral”[4].
Al respecto, resulta muy pertinente la reflexión del empresario Meyer sobre cómo despertar un movimiento de todos los gremios para tratar de implementar un modelo económico “ágil”, que permitiera al país crecer a tasas superiores al 6 por ciento anual. “No todos mis colegas comparten mi idea, expresó, pero estoy convencido de que es indispensable incluir a las centrales obreras en tal movimiento.”
En general, las apreciaciones de Meyer expresan un punto de vista positivo y avanzado, distinto a las habituales versiones apologéticas sobre la política económica y social de los gobiernos colombianos. Si fuese asumido por el conjunto, o por lo menos por un sector de la burguesía nacional, permitiría acuerdos en línea con el interés del país[5]. Que no han podido prosperar porque la posición de esta clase social como tal en los hechos, nunca lo hizo posible. A lo sumo, algunos gremios económicos en particular expresaron y expresan ocasionalmente, con mucha validez pero de modo aislado y fugaz, sus reclamos o su descontento ante el vulgar entreguismo de los gobiernos, prácticamente sin excepción, respecto de los intereses nacionales del país, desde el inicio de la imposición del modelo neoliberal en Colombia hasta hoy, para no referirnos sino a este tramo de nuestra historia reciente. Pero una posición como clase frente a hechos fundamentales del país, por ejemplo, la apertura económica, el TLC con Estados Unidos, el abandono total del fomento industrial y agrario, la completa desprotección del trabajo nacional ante la competencia foránea, no se ha visto en el sentido indicado.
El adocenamiento, la tendencia a acomodarse rápidamente a lo dispuesto por el gobierno de turno, e incluso el servilismo ante las “novedades” de la metrópoli gringa ─especialmente en la cándida euforia de los comienzos en materia de “economía de mercado”─, han sido la regla entre sus portavoces, o entre quienes era dable esperar que lo fuesen, con muy contadas excepciones. Recientes posiciones del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, planteadas en su columna a fines de mayo: “Estructuralmente, lo único que defiende el empleo es la defensa del aparato productivo nacional”[6], tras lo cual, agudamente, añadió la necesidad de la “...revisión de las cláusulas excepcionales vigentes en el marco de los Acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio suscritos por Colombia…”[7]. De desear que, en lugar de furtivos chispazos en la oscuridad, formulaciones tan rotundas como acertadas presidieran la actitud del empresariado ligado a la producción ante las dificultades en aumento, presentes y venideras. Y eso que falta ver si los empresarios del sector productivo se aguantarán otra vez impasibles que el gobierno, frente a la recesión global en marcha y su anunciada caída en depresión, ─y no obstante la ruptura o ralentización temporal de la cadena global de suministros─ sacrifique de nuevo el interés nacional frente a entidades financieras globales, multinacionales, intereses comerciales foráneos y grupos financieros criollos.
Una posición temprana, vigente hoy y mañana
La industrialización y el desarrollo nacional no son, por supuesto, asuntos que interesen exclusivamente a los industriales. Conciernen a todos los colombianos, cualquiera que sea su ideología, posición política y situación social. Viene al caso entonces anotar, que si alguien denunció con vigor insuperable y claridad máxima, incluso desde antes de la plena implantación en Colombia de la superchería ideológica del modelo neoliberal, con el ahondamiento de las desigualdades sociales y su raíz imperialista, ese fue Francisco Mosquera Sánchez, el líder y fundador del PTC, más conocido entre el público como Moir.
Desde fines del gobierno Barco ─quien le dio temprana aceptación al consenso de Washington─ hasta su fallecimiento en 1994, Mosquera apremió a la burguesía nacional a ponerse de pie, a develar la falaz promesa de prosperidad de la apertura económica y a rechazarla, a defender el resuelto papel del Estado como fuerza principal del desarrollo nacional, y a unirse a los trabajadores en aras del progreso del país y de su independencia como nación. Su refutación de los postulados aperturistas, como sus advertencias sobre sus consecuencias, resistió la prueba del tiempo y se cumplió de modo incontestable. Lejos de poder reconvertir sus equipos con financiación extranjera, como pregonaban los embaucadores neoliberales, al igual que el enunciado absurdo de que someter sin más la industria nacional a la competencia foránea iba a traer un aumento de su competitividad, como la prosperidad que debía inundarnos con las inversiones extranjeras, lo que sobrevino a la industria fue la peor fase de su historia, perdiendo peso en el producto nacional, atacada de raquitismo, desmantelamiento o desnacionalización y rezago de los estándares internacionales.
En el PIB colombiano, entre 1970 y el año 2019, la industria pasó de casi un 23 a un escuálido 12 por ciento[8]. Sus tasas de crecimiento anual, del elevado promedio del 7 por ciento en la década 1961-1970, el denostado período cepalino de fomento estatal, casi se mantuvieron en la de 1970-1980, con un aceptable 6 por ciento[9]. Luego, con los primeros amagos del nefasto modelo bajó a un regular 3 por ciento en 1980-1990; inmediatamente después, en el primer decenio neoliberal, empezó la debacle: apenas el 1,1% entre 1990 y 2000[10]. A juzgar por los incontestables resultados de los cuales son responsables los gobiernos colombianos en materia de desarrollo industrial a partir de 1990, como de la basura ideológica de los postulados de la Escuela de Chicago que los inspiraron, poca asimilación en materia de experiencia padecida y de sus conclusiones parece acompañar a la burguesía nacional colombiana.
La eficiencia administrativa que debía venir con el debilitamiento del Estado, con su abandono de esenciales funciones y con las prometidas bellezas de la privatización, inauguraron un período de aberrante y masivo traspaso de riqueza pública a manos privadas plutocráticas, de inauditas indemnizaciones a empresas foráneas y a una racha de gran corrupción sin precedentes. Millones de toneladas de alimentos importados, mientras el agro y el campesinado languidecen, constituyen triste monumento a la estulticia gobernante. Mosquera exhortó a los capitanes de industria a volver por sus fueros en cuanto al espíritu emprendedor que animó a sus pioneros, que insufló progreso y avances desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, y que luego cuajó en el surgimiento del capitalismo nacional, en los primeros núcleos de la industria moderna, en Medellín, Bogotá, y Barranquilla. Sin embargo, el grueso de los mismos terminó haciendo coro y apoyando la sucesión de gobiernos que desde el inicio de la era neoliberal en Colombia propiciaron la ruina y el debilitamiento industrial del país. Es muy significativo que tanto Francisco Mosquera como Jimmy Meyer y Bruce Mac Master emplearan idéntica expresión para referirse a la economía y a la industria nacional: “defendamos lo nuestro”[11]. Una feliz coincidencia que augura mejores tiempos a la política de frente único. Sólo que Mosquera lo planteó 25 años antes.
Loable que el senador Robledo resalte varias de las posiciones positivas de Jimmy Meyer relativas al desarrollo nacional. Lo que no es muy comprensible es que no haga mención, ni buena ni mala, ni en esta ocasión ni en ninguna otra, de quien formulara como nadie, las tesis cuya vigencia se alza, tersa e imbatible, en torno a las causas del atraso colombiano al igual que sobre el camino a transitar para superarlo, y sobre todo, acerca de la gran herramienta para conseguirlo, el gran frente único de la abrumadora mayoría de las clases y sectores sociales para liberar y desarrollar a Colombia. Me refiero, como debe resultar obvio para no pocos, a Francisco Mosquera. Reivindicar su nombre, en lugar de omitir ─con diligencia nada disimulada─ una trayectoria revolucionaria, serviría para resaltar ante el país democrático que la izquierda ha hecho contribuciones notables al empeño de los colombianos por descifrar el genuino camino de su progreso[12]. Que la izquierda tenga pésima memoria al respecto es una cosa, pero que el desagradecido mal afecte al senador Robledo ya es otra, y muy significativa. Da grima ese moirismo pasado por agua, desteñido. Ha de ser que el distinguido vocero del Polo juzgue que lo presentable y de recibo, en el medio parlamentario o en el mundo oficial de la política del país, no pasa por reivindicar un exponente del marxismo. Y que crea en serio que tanta desigualdad social y tanto atraso como existe en Colombia haya de solucionarse con una posición de mucha compostura, inspirada en lo “políticamente correcto”, y ─cuando Colombia y el mundo marchan hacia la agudización de los antagonismos─, en posiciones entre frías y calientes.
¿Todo “dentro de la economía de mercado”?
Llamativo resulta también el énfasis puesto por el senador Robledo en que el cambio con el que está de acuerdo con Jimmy Meyer debe hacerse “dentro de la economía de mercado”[13], que no está planteando “acabar con la propiedad privada ni estatizar la economía”[14]. Con este planteamiento, la cuestión reside en si el cambio así planteado puede llegar a dar lugar a un cambio real. Detengámonos en el punto.
Entre los postulados de la Escuela de Chicago descuella el que aboga fuertemente por transferir los bienes y recursos del Estado, especialmente sus empresas, al dominio privado. Regresivas transformaciones de la economía, privatizaciones a granel y supresión generalizada de regulaciones y controles, en especial relativos a los mercados financieros, se aplicaron por doquier. En principio para abrirles camino y luego para consolidarlas, se acuñó deliberadamente un agresivo discurso contra lo público lanzándose el anatema de “socialista” a todo intento de preservar o restituir la propiedad o esenciales funciones del Estado. Una descarada falacia calculadamente sostenida con fines políticos. Hace más de un siglo que medios de comunicación y de transporte, industrias clave, bancos, y luego la salud y la seguridad social empezaron a nacionalizarse o a constituirse en verdaderos sectores públicos en los países de capitalismo desarrollado. El surgimiento de un fuerte sector público y la transformación del Estado en la potencia dominante de la economía, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, llegó a su apogeo con las dos guerras mundiales y con la Gran Depresión de los años treinta. Durante la misma, incluso en el más individualista de los capitalismos, el de Estados Unidos, tuvo lugar un vasto programa de intervención estatal, el New Deal. La segunda posguerra fue la era del gran capitalismo de Estado de la economía capitalista, sobre el cual nadie se llamaba a engaño acerca de la naturaleza del mismo, ni mucho menos lo tomaba por “socialismo”.
En un país atrasado como el nuestro, la propiedad estatal o nacionalización es racionalmente factible en aquellos sectores de la economía donde existe una alta concentración de capital, de mano de obra, de complejidad organizativa, que se alza sobre un nivel de tecnología relativamente avanzada, y cuyo papel en el conjunto de la economía resulta clave o desempeña una función social realmente crucial. De hecho, desde mediados de los años cuarenta, y hasta fines de los ochenta, Colombia contó con un amplio sector público. En nuestros días, tras los desastres económicos y sociales y las pérdidas para el capital público acarreados por la oleada privatizadora, dichos centros o sectores, neurálgicos respecto del nivel de vida del pueblo o estratégicos para el desenvolvimiento económico del país, han de nacionalizarse, fortalecerse o devolverse al sector público si de verdad se persigue liberarnos del modelo imperante. Si, en palabras de Jimmy Meyer, se trata en serio de “romper el modelo” en busca de soluciones, esta sería una de las medidas de fondo.
En realidad, la reafirmación del papel de potencia principal del desarrollo que corresponde al Estado, junto con la necesidad de convertir en públicos los sectores más avanzados de la economía, constituye en esencia la condición de la lucha contra el modelo de atraso y pobreza impuesto al país, que no es otra cosa que una batalla por la cabal y consecuente democratización de Colombia. Los hechos comprueban que a los sectores productivos y en particular a la industria, les fue mejor durante la época en que de algún modo alentaba desde el Estado el fomento de la producción que con el salvajismo capitalista desatado en la era neoliberal desde la metrópoli yanqui. El restablecimiento de la propiedad pública, con la restitución al Estado de las funciones de la misma naturaleza, son tareas insoslayables para superar los estragos de 30 años de neoliberalismo, que pasan necesariamente por derrotar el tabú lanzado por Friedman y sus acólitos contra el papel del Estado en la economía y para demonizar la propiedad pública sobre determinados sectores de la misma. Ya es hora de que la izquierda, en buena medida impresionada y mediatizada por tan anticientífico prejuicio, deje de tartamudear frente al tema y se sacuda del todo este bodrio ideológico.
La actual tergiversación neoliberal del asunto no puede reducirse a un debate académico. Sin su derrota resultaría imposible reversar los enormes destrozos neoliberales. Flaco servicio presta a las necesarias negociaciones políticas con vistas a la conformación de un frente muy amplio para generar un cambio de fondo en el país, entregar por anticipado la promesa absoluta y tajante de que todo se mantendrá “dentro de la economía de mercado”, y sin “acabar la propiedad privada ni estatizar la economía”. ¿Se puede solucionar la tragedia social del sistema de salud en Colombia, cuya dimensión se ha revelado con la conmoción y crisis generada por la pandemia del coronavirus, manteniendo incólume la propiedad privada capitalista de las EPS privadas?, ¿habrá solución sin devolver al Estado la vital función pública de la salud?, ¿puede creerse que hay salida para el desvencijado sistema de salud colombiano bajo la égida de la valorización incesante del capital allí invertido, bajo la ley de la ganancia? Es obvio que no, que los pasados y presentes padecimientos de la población evidencian justamente lo contrario: hay que sustraerlo de la economía de mercado.
Cabe añadir: para la otra gran porción de la seguridad social, las pensiones y cesantías, ¿podemos estar de acuerdo ─por anticipado─ en que la administración de tan fundamental aspecto del bienestar de la población se mantenga “dentro de la economía de mercado”? Ceder por adelantado semejante prenda, debiérase observar al senador Robledo, no augura buena negociación en un eventual y deseable frente para cambiar el país, ni beneficio alguno para el pueblo. Admitir de antemano que “si se propone que se va a estatizar la economía, pues ya no hay acuerdo posible”[15] sería entrar a dicha negociación por debajo de la puerta. Hay que refutar la falacia de que la propiedad estatal o las nacionalizaciones en un Estado capitalista constituyen “socialismo”. Si voceros progresistas de la burguesía nacional no aceptan con este argumento transformaciones que posibiliten efectivamente un mejoramiento del nivel de vida de la población trabajadora, ¿a qué acuerdo sobre lo fundamental puede llegarse? Más aún, en servicios esenciales como los domiciliarios, el transporte urbano masivo, las telecomunicaciones, ¿acaso lo mejor no es que la administración pública se esfuerce en suministrar dichos servicios a la población con tarifas razonables, alta calidad, la mayor cobertura posibles y la protección de la salud y el medio ambiente －incluso en aquellos casos en que no generen ganancias－ en lugar de consentir en engrosar aún más las abultadas utilidades de los capitales privados invertidos en estas empresas, muchos de ellos extranjeros?
Y lo anterior sin abordar todavía el verdadero nudo gordiano del asunto: la apropiación de la parte del león del valor generado o transferido cada año por los trabajadores de los renglones productivos, del transporte o de los servicios que va a parar a las arcas de la bancocracia, dado el carácter de potencia dominante ejercido por el capital financiero privado sobre el conjunto de la economía colombiana. Y más allá, la “autonomía” del banco central, que en plata blanca significa la subordinación de nuestra soberanía económica al FMI y al Banco Mundial, la prohibición de suministrar al gobierno todo crédito que supere el restringido gasto prescrito por los draconianos programas de ajuste foráneos, y la llave abierta del flujo de los recursos públicos, a tasas pródigas de interés, a los bancos privados. ¿Acaso es posible un cambio sustancial manteniendo intacto este estado de cosas de la economía de mercado?, ¿sin suprimir de la Carta del 91 esa “autonomía” de corte colonial del Banco de la República?, ¿sin cuestionar las pasadas transferencias de la propiedad de entidades públicas financieras al capital financiero privado?, ¿ sin ponerle fin a las escandalosas exenciones de que goza?, ¿sin controles y regulaciones eficaces, sin un sistema tributario basado en el impuesto directo y progresivo?
Por supuesto que “estatizar la economía”, si por ello se entiende toda la economía y si se pretende implantar tal cosa de golpe y porrazo, semejante propósito no resulta conveniente ni viable en un país como el nuestro. En Colombia no reviste complicación alguna diferenciar aquellas empresas y entidades que por su importancia económica y/o social y nivel tecnológico deban nacionalizarse o revertir a la propiedad del Estado, del resto del conjunto de la economía nacional.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, en la actividad productiva como en la de servicios y tanto de tipo urbano como en el campo, generan en Colombia el 35 por ciento del PIB, y suministran el 80 del empleo del país, alrededor de 16 millones de colombianos[16]. Junto con algunas grandes empresas industriales, agroindustriales y de servicios, materializan el desarrollo del capitalismo nacional colombiano, y resultaría absurdo plantear su nacionalización. Generan un alto componente de valor de la economía nacional originado en la forma de producción capitalista en diversos estadios de su evolución que aún puede alcanzar mayores niveles de desarrollo. Surgido a comienzos del siglo pasado como resultado de la inversión en la industria proveniente de la acumulación primitiva del país, especialmente de la economía cafetera, como por las tempranas inversiones de capital extranjero ─principalmente norteamericano─ conforma un segmento sustancial de las fuerzas productivas nacionales cuya expansión ha sido torpedeada y frustrada de modo constante por más de 100 años de dominio gringo sobre Colombia, establecido, mantenido y profundizado con la complicidad de sus diferentes gobiernos. Este capitalismo nacional constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo como nación; el segundo, puesto que el primero lo constituyen las empresas productivas y el aparato económico del Estado, en tanto que el tercero está conformado por esa gran base histórica y económico-social, la producción agropecuaria, especialmente campesina, productora de alimentos. Una alianza política entre los trabajadores colombianos y esa burguesía originada por el capitalismo nacional, con el apoyo del campesinado y el concurso de las capas medias especialmente urbanas, los intelectuales y artistas, permitiría los acuerdos necesarios para abrir camino desde la dirección del Estado con un gobierno de coalición a un verdadero desarrollo nacional, mediante una adecuada combinación de sectores nacionalizados, capitalismo nacional regulado y con el fomento de la industrialización basada en la autosuficiencia alimentaria. Reuniría la fuerza suficiente para derrotar la minoría plutocrática adueñada del Estado y las riquezas del país, y para corregir de modo definitivo la abyecta posición subalterna y sumisa de hoy ante Estados Unidos, característica de los gobiernos de la Colombia oligárquica.
Debe ponerse el acento en que a todo lo anterior ha de añadirse, sin falta, la transformación del agro colombiano mediante un cambio de fondo del régimen de la propiedad territorial, por cuanto es esta precisamente una de las grandes tareas históricas inconclusas que nos ha obstruido el desarrollo del mercado interior colombiano y con ello alcanzar la madurez como nación. Hoy lo entorpece el interés de los más grandes terratenientes, que históricamente ensancharon su dominio sobre inmensas extensiones de tierras baldías ilegalmente apropiadas, o a través de la ruina del campesinado y, en las últimas décadas mediante el despojo violento y la expulsión de sus predios a enormes masas de campesinos. Sus intereses, entrelazados estrechamente con el de los círculos financieros dominantes, se han proyectado a su turno sobre las áreas metropolitanas de los grandes centros urbanos y a la propiedad de inmensos latifundios en las zonas periféricas del país. Combinación de intereses regresivos que han escogido e impuesto hasta ahora el camino más lento y plagado de padecimientos y penurias para las masas campesinas en la transformación del mundo rural, la vía anglosajona, la de la evolución del señor feudal hacia el capitalismo agroindustrial que monopoliza la propiedad de la tierra en manos de un puñado de modernizados señores de la tierra. Resulta apropiada la preocupación del senador Robledo por la enorme extensión de tierras cultivables improductivas existentes en comparación con la reducida superficie agrícola. Mas a la hora de responder los planteamientos de exponentes del capitalismo colombiano como Jimmy Meyer, no hay ventaja alguna en omitir que desde la orilla de la izquierda y la democracia preferimos la vía progresiva de la transformación rural, así fuere con pactos o convenios de indemnización: la de la distribución de los latifundios entre el campesinado. Transformación transitada, en su orden y por la vía revolucionaria, en Francia, Rusia, China, y Cuba. O por lo menos, la que tuvo lugar en la formación de Estados Unidos, de apropiación y explotación de la tierra por una clase laboriosa, la de los de granjeros.
Vale la pena referirse también a la concepción sobre las relaciones entre países en el mundo de hoy, que se trasluce de las declaraciones del senador Robledo. Pero ese será tema de otra ocasión.
No se ve probable que la polarización que ha venido caracterizando la política colombiana se reduzca pronto. No con el manejo de la pandemia por el gobierno Uribe-Duque en favor de la bancocracia y de espaldas a la vida y la salud de la inmensa mayoría de la nación. Tampoco con el bajonazo de la economía nacional y la recesión global que avanza hacia la peor depresión mundial de que se tenga noticia. Mucho menos con la clara tendencia del actual gobierno a desmantelar el Estado de derecho y a reemplazarlo del todo por los métodos de fuerza. Ni con la peligrosa y perruna disposición del gobierno colombiano a secundar la campaña agresiva de la administración Trump para invadir el territorio de Venezuela, corroborada especialmente con la presencia de tropas especiales gringas en suelo colombiano. Menos aún con el telón de fondo de los terribles males acumulados durante decenios de neoliberalismo, y el ostensible saboteo oficial a la implementación de los acuerdos de paz, que provocaron el justo paro nacional del 21 de noviembre. La política oficial tiene en su haber deforestación acelerada, la progresiva contaminación del aire urbano, el deterioro de las fuentes de agua, cuencas fluviales y de los páramos, los preparativos oficiales para entronizar el fracking en Colombia que, junto con el mantenimiento del suministro de energía basada en los combustibles fósiles, dan cuenta de la progresiva destrucción de nuestro medio ambiente. Junto con los incesantes asesinatos de líderes sociales, de la oposición y de ex guerrilleros, el estallido casi a diario de escándalos a cuál peor, es poco probable una salida de la crisis pactada de consenso y lo de prever es un desenlace alejado de términos medios: hacia un retroceso político aún mayor, una autocracia de corte fascista, o una gran transformación democrática.
Por todo ello, la cuestión del frente único, de amplísimo espectro social y político, capaz de superar tan grandes males, derrotar a sus autores y emprender una nueva ruta, se pone al orden del día. Cuestión en la cual resulta primordial asimilar la experiencia de que, si se repite el desenlace negativo de la dispersión de fuerzas democráticas que finalmente se dio en la segunda vuelta de las presidenciales del 2018, acaso no haya en mucho tiempo otra ocasión semejante. De ahí el interés, a partir de lo planteado sobre la problemática colombiana por Meyer y Robledo, de reparar en la necesidad de la conformación de este frente amplio y diverso, en su composición social y política, en sus propósitos y alcances. Las elecciones presidenciales del 2022, si las hay, pueden tornarse cruciales y definitivas.
Un planteamiento de gran interés nacional
Debe decirse, para empezar, que el empresario Jimmy Meyer hizo en su entrevista unos planteamientos nada habituales entre el empresariado colombiano. Por ejemplo, llamó la atención sobre las “ayudas” que los gobiernos en Estados Unidos, Europa, Japón, China, y otros de Asia aportan a sus industrias pero que cada vez que se propone aquí lo propio, hay voces que advierten: “no, esto va en contra del tratado equis, ye o zeta”[3]. Al reparar con ojo clínico en la larga continuidad de esa enfermiza inercia, agregó con acierto que ello sigue sucediendo, en lugar de pensar que “el modelo tal vez es el equivocado,” y en que finalmente habría que “romper el esquema”. También ofrece fuerte contraste con la inalterable política oficial su posición partidaria de un esquema distinto, para apoyar las industrias y exportaciones colombianas, en el cual el gobierno deba “priorizar a las compañías colombianas por encima de lo extranjero”. Y cuando cita las palabras del presidente Trump respecto de Estados Unidos –“América first”─ no lo hace como la generalidad de políticos oficiales y empresarios de Colombia que las entienden como la primacía gringa sobre el mundo a la que hay que alabar y someterse, sino para concluir con una excepcional consecuencia capitalista nacional, que nuestro lema debiera ser “¡Colombia first!”
En esa línea, refiriéndose al problema estratégico del modelo económico nacional a adoptar, insistía sobre la “maldición” que pesa sobre los países que dependen de las materias primas y, tajante, formuló una conclusión: “Los países cuyos ingresos dependen continuamente de materias primas nunca ascienden al desarrollo.” Apoyar y proteger la industria nacional, priorizarla sobre las compañías foráneas, colocar de primero el interés nacional colombiano, y para ello “romper el esquema” imperante hoy, el de país cuyos ingresos dependen de la exportación de materias primas, constituyen premisas muy adecuadas para propiciar un acuerdo básico con los líderes y segmentos de la burguesía nacional, y por supuesto, con todos los sectores democráticos y progresistas, sobre un programa para volverlo realidad desde un gobierno conjunto. A lo cual habría que añadir, entre otras cosas, que las dificultades, crisis o sacrificios que la pandemia del coronavirus y la crisis económica pueda implicar no se descarguen sobre los trabajadores colombianos, formales informales, y que la prosperidad del país no se base en la merma o supresión de sus derechos ─a lo cual hace mucho se dio en llamar “flexibilización”─ como hasta hoy ocurre. Este es un indispensable requisito de cualquier posibilidad seria de acuerdo con los sectores del capitalismo nacional, incluyendo al mismo Jimmy Mayer, puesto que en entrevista distinta y anterior a la que aquí se ha mencionado planteaba, entre las distintas propuestas para el desarrollo industrial del país, la supuesta necesidad de “mantener la flexibilidad en el mercado laboral”[4].
Al respecto, resulta muy pertinente la reflexión del empresario Meyer sobre cómo despertar un movimiento de todos los gremios para tratar de implementar un modelo económico “ágil”, que permitiera al país crecer a tasas superiores al 6 por ciento anual. “No todos mis colegas comparten mi idea, expresó, pero estoy convencido de que es indispensable incluir a las centrales obreras en tal movimiento.”
En general, las apreciaciones de Meyer expresan un punto de vista positivo y avanzado, distinto a las habituales versiones apologéticas sobre la política económica y social de los gobiernos colombianos. Si fuese asumido por el conjunto, o por lo menos por un sector de la burguesía nacional, permitiría acuerdos en línea con el interés del país[5]. Que no han podido prosperar porque la posición de esta clase social como tal en los hechos, nunca lo hizo posible. A lo sumo, algunos gremios económicos en particular expresaron y expresan ocasionalmente, con mucha validez pero de modo aislado y fugaz, sus reclamos o su descontento ante el vulgar entreguismo de los gobiernos, prácticamente sin excepción, respecto de los intereses nacionales del país, desde el inicio de la imposición del modelo neoliberal en Colombia hasta hoy, para no referirnos sino a este tramo de nuestra historia reciente. Pero una posición como clase frente a hechos fundamentales del país, por ejemplo, la apertura económica, el TLC con Estados Unidos, el abandono total del fomento industrial y agrario, la completa desprotección del trabajo nacional ante la competencia foránea, no se ha visto en el sentido indicado.
El adocenamiento, la tendencia a acomodarse rápidamente a lo dispuesto por el gobierno de turno, e incluso el servilismo ante las “novedades” de la metrópoli gringa ─especialmente en la cándida euforia de los comienzos en materia de “economía de mercado”─, han sido la regla entre sus portavoces, o entre quienes era dable esperar que lo fuesen, con muy contadas excepciones. Recientes posiciones del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, planteadas en su columna a fines de mayo: “Estructuralmente, lo único que defiende el empleo es la defensa del aparato productivo nacional”[6], tras lo cual, agudamente, añadió la necesidad de la “...revisión de las cláusulas excepcionales vigentes en el marco de los Acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio suscritos por Colombia…”[7]. De desear que, en lugar de furtivos chispazos en la oscuridad, formulaciones tan rotundas como acertadas presidieran la actitud del empresariado ligado a la producción ante las dificultades en aumento, presentes y venideras. Y eso que falta ver si los empresarios del sector productivo se aguantarán otra vez impasibles que el gobierno, frente a la recesión global en marcha y su anunciada caída en depresión, ─y no obstante la ruptura o ralentización temporal de la cadena global de suministros─ sacrifique de nuevo el interés nacional frente a entidades financieras globales, multinacionales, intereses comerciales foráneos y grupos financieros criollos.
Una posición temprana, vigente hoy y mañana
La industrialización y el desarrollo nacional no son, por supuesto, asuntos que interesen exclusivamente a los industriales. Conciernen a todos los colombianos, cualquiera que sea su ideología, posición política y situación social. Viene al caso entonces anotar, que si alguien denunció con vigor insuperable y claridad máxima, incluso desde antes de la plena implantación en Colombia de la superchería ideológica del modelo neoliberal, con el ahondamiento de las desigualdades sociales y su raíz imperialista, ese fue Francisco Mosquera Sánchez, el líder y fundador del PTC, más conocido entre el público como Moir.
Desde fines del gobierno Barco ─quien le dio temprana aceptación al consenso de Washington─ hasta su fallecimiento en 1994, Mosquera apremió a la burguesía nacional a ponerse de pie, a develar la falaz promesa de prosperidad de la apertura económica y a rechazarla, a defender el resuelto papel del Estado como fuerza principal del desarrollo nacional, y a unirse a los trabajadores en aras del progreso del país y de su independencia como nación. Su refutación de los postulados aperturistas, como sus advertencias sobre sus consecuencias, resistió la prueba del tiempo y se cumplió de modo incontestable. Lejos de poder reconvertir sus equipos con financiación extranjera, como pregonaban los embaucadores neoliberales, al igual que el enunciado absurdo de que someter sin más la industria nacional a la competencia foránea iba a traer un aumento de su competitividad, como la prosperidad que debía inundarnos con las inversiones extranjeras, lo que sobrevino a la industria fue la peor fase de su historia, perdiendo peso en el producto nacional, atacada de raquitismo, desmantelamiento o desnacionalización y rezago de los estándares internacionales.
En el PIB colombiano, entre 1970 y el año 2019, la industria pasó de casi un 23 a un escuálido 12 por ciento[8]. Sus tasas de crecimiento anual, del elevado promedio del 7 por ciento en la década 1961-1970, el denostado período cepalino de fomento estatal, casi se mantuvieron en la de 1970-1980, con un aceptable 6 por ciento[9]. Luego, con los primeros amagos del nefasto modelo bajó a un regular 3 por ciento en 1980-1990; inmediatamente después, en el primer decenio neoliberal, empezó la debacle: apenas el 1,1% entre 1990 y 2000[10]. A juzgar por los incontestables resultados de los cuales son responsables los gobiernos colombianos en materia de desarrollo industrial a partir de 1990, como de la basura ideológica de los postulados de la Escuela de Chicago que los inspiraron, poca asimilación en materia de experiencia padecida y de sus conclusiones parece acompañar a la burguesía nacional colombiana.
La eficiencia administrativa que debía venir con el debilitamiento del Estado, con su abandono de esenciales funciones y con las prometidas bellezas de la privatización, inauguraron un período de aberrante y masivo traspaso de riqueza pública a manos privadas plutocráticas, de inauditas indemnizaciones a empresas foráneas y a una racha de gran corrupción sin precedentes. Millones de toneladas de alimentos importados, mientras el agro y el campesinado languidecen, constituyen triste monumento a la estulticia gobernante. Mosquera exhortó a los capitanes de industria a volver por sus fueros en cuanto al espíritu emprendedor que animó a sus pioneros, que insufló progreso y avances desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, y que luego cuajó en el surgimiento del capitalismo nacional, en los primeros núcleos de la industria moderna, en Medellín, Bogotá, y Barranquilla. Sin embargo, el grueso de los mismos terminó haciendo coro y apoyando la sucesión de gobiernos que desde el inicio de la era neoliberal en Colombia propiciaron la ruina y el debilitamiento industrial del país. Es muy significativo que tanto Francisco Mosquera como Jimmy Meyer y Bruce Mac Master emplearan idéntica expresión para referirse a la economía y a la industria nacional: “defendamos lo nuestro”[11]. Una feliz coincidencia que augura mejores tiempos a la política de frente único. Sólo que Mosquera lo planteó 25 años antes.
Loable que el senador Robledo resalte varias de las posiciones positivas de Jimmy Meyer relativas al desarrollo nacional. Lo que no es muy comprensible es que no haga mención, ni buena ni mala, ni en esta ocasión ni en ninguna otra, de quien formulara como nadie, las tesis cuya vigencia se alza, tersa e imbatible, en torno a las causas del atraso colombiano al igual que sobre el camino a transitar para superarlo, y sobre todo, acerca de la gran herramienta para conseguirlo, el gran frente único de la abrumadora mayoría de las clases y sectores sociales para liberar y desarrollar a Colombia. Me refiero, como debe resultar obvio para no pocos, a Francisco Mosquera. Reivindicar su nombre, en lugar de omitir ─con diligencia nada disimulada─ una trayectoria revolucionaria, serviría para resaltar ante el país democrático que la izquierda ha hecho contribuciones notables al empeño de los colombianos por descifrar el genuino camino de su progreso[12]. Que la izquierda tenga pésima memoria al respecto es una cosa, pero que el desagradecido mal afecte al senador Robledo ya es otra, y muy significativa. Da grima ese moirismo pasado por agua, desteñido. Ha de ser que el distinguido vocero del Polo juzgue que lo presentable y de recibo, en el medio parlamentario o en el mundo oficial de la política del país, no pasa por reivindicar un exponente del marxismo. Y que crea en serio que tanta desigualdad social y tanto atraso como existe en Colombia haya de solucionarse con una posición de mucha compostura, inspirada en lo “políticamente correcto”, y ─cuando Colombia y el mundo marchan hacia la agudización de los antagonismos─, en posiciones entre frías y calientes.
¿Todo “dentro de la economía de mercado”?
Llamativo resulta también el énfasis puesto por el senador Robledo en que el cambio con el que está de acuerdo con Jimmy Meyer debe hacerse “dentro de la economía de mercado”[13], que no está planteando “acabar con la propiedad privada ni estatizar la economía”[14]. Con este planteamiento, la cuestión reside en si el cambio así planteado puede llegar a dar lugar a un cambio real. Detengámonos en el punto.
Entre los postulados de la Escuela de Chicago descuella el que aboga fuertemente por transferir los bienes y recursos del Estado, especialmente sus empresas, al dominio privado. Regresivas transformaciones de la economía, privatizaciones a granel y supresión generalizada de regulaciones y controles, en especial relativos a los mercados financieros, se aplicaron por doquier. En principio para abrirles camino y luego para consolidarlas, se acuñó deliberadamente un agresivo discurso contra lo público lanzándose el anatema de “socialista” a todo intento de preservar o restituir la propiedad o esenciales funciones del Estado. Una descarada falacia calculadamente sostenida con fines políticos. Hace más de un siglo que medios de comunicación y de transporte, industrias clave, bancos, y luego la salud y la seguridad social empezaron a nacionalizarse o a constituirse en verdaderos sectores públicos en los países de capitalismo desarrollado. El surgimiento de un fuerte sector público y la transformación del Estado en la potencia dominante de la economía, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, llegó a su apogeo con las dos guerras mundiales y con la Gran Depresión de los años treinta. Durante la misma, incluso en el más individualista de los capitalismos, el de Estados Unidos, tuvo lugar un vasto programa de intervención estatal, el New Deal. La segunda posguerra fue la era del gran capitalismo de Estado de la economía capitalista, sobre el cual nadie se llamaba a engaño acerca de la naturaleza del mismo, ni mucho menos lo tomaba por “socialismo”.
En un país atrasado como el nuestro, la propiedad estatal o nacionalización es racionalmente factible en aquellos sectores de la economía donde existe una alta concentración de capital, de mano de obra, de complejidad organizativa, que se alza sobre un nivel de tecnología relativamente avanzada, y cuyo papel en el conjunto de la economía resulta clave o desempeña una función social realmente crucial. De hecho, desde mediados de los años cuarenta, y hasta fines de los ochenta, Colombia contó con un amplio sector público. En nuestros días, tras los desastres económicos y sociales y las pérdidas para el capital público acarreados por la oleada privatizadora, dichos centros o sectores, neurálgicos respecto del nivel de vida del pueblo o estratégicos para el desenvolvimiento económico del país, han de nacionalizarse, fortalecerse o devolverse al sector público si de verdad se persigue liberarnos del modelo imperante. Si, en palabras de Jimmy Meyer, se trata en serio de “romper el modelo” en busca de soluciones, esta sería una de las medidas de fondo.
En realidad, la reafirmación del papel de potencia principal del desarrollo que corresponde al Estado, junto con la necesidad de convertir en públicos los sectores más avanzados de la economía, constituye en esencia la condición de la lucha contra el modelo de atraso y pobreza impuesto al país, que no es otra cosa que una batalla por la cabal y consecuente democratización de Colombia. Los hechos comprueban que a los sectores productivos y en particular a la industria, les fue mejor durante la época en que de algún modo alentaba desde el Estado el fomento de la producción que con el salvajismo capitalista desatado en la era neoliberal desde la metrópoli yanqui. El restablecimiento de la propiedad pública, con la restitución al Estado de las funciones de la misma naturaleza, son tareas insoslayables para superar los estragos de 30 años de neoliberalismo, que pasan necesariamente por derrotar el tabú lanzado por Friedman y sus acólitos contra el papel del Estado en la economía y para demonizar la propiedad pública sobre determinados sectores de la misma. Ya es hora de que la izquierda, en buena medida impresionada y mediatizada por tan anticientífico prejuicio, deje de tartamudear frente al tema y se sacuda del todo este bodrio ideológico.
La actual tergiversación neoliberal del asunto no puede reducirse a un debate académico. Sin su derrota resultaría imposible reversar los enormes destrozos neoliberales. Flaco servicio presta a las necesarias negociaciones políticas con vistas a la conformación de un frente muy amplio para generar un cambio de fondo en el país, entregar por anticipado la promesa absoluta y tajante de que todo se mantendrá “dentro de la economía de mercado”, y sin “acabar la propiedad privada ni estatizar la economía”. ¿Se puede solucionar la tragedia social del sistema de salud en Colombia, cuya dimensión se ha revelado con la conmoción y crisis generada por la pandemia del coronavirus, manteniendo incólume la propiedad privada capitalista de las EPS privadas?, ¿habrá solución sin devolver al Estado la vital función pública de la salud?, ¿puede creerse que hay salida para el desvencijado sistema de salud colombiano bajo la égida de la valorización incesante del capital allí invertido, bajo la ley de la ganancia? Es obvio que no, que los pasados y presentes padecimientos de la población evidencian justamente lo contrario: hay que sustraerlo de la economía de mercado.
Cabe añadir: para la otra gran porción de la seguridad social, las pensiones y cesantías, ¿podemos estar de acuerdo ─por anticipado─ en que la administración de tan fundamental aspecto del bienestar de la población se mantenga “dentro de la economía de mercado”? Ceder por adelantado semejante prenda, debiérase observar al senador Robledo, no augura buena negociación en un eventual y deseable frente para cambiar el país, ni beneficio alguno para el pueblo. Admitir de antemano que “si se propone que se va a estatizar la economía, pues ya no hay acuerdo posible”[15] sería entrar a dicha negociación por debajo de la puerta. Hay que refutar la falacia de que la propiedad estatal o las nacionalizaciones en un Estado capitalista constituyen “socialismo”. Si voceros progresistas de la burguesía nacional no aceptan con este argumento transformaciones que posibiliten efectivamente un mejoramiento del nivel de vida de la población trabajadora, ¿a qué acuerdo sobre lo fundamental puede llegarse? Más aún, en servicios esenciales como los domiciliarios, el transporte urbano masivo, las telecomunicaciones, ¿acaso lo mejor no es que la administración pública se esfuerce en suministrar dichos servicios a la población con tarifas razonables, alta calidad, la mayor cobertura posibles y la protección de la salud y el medio ambiente －incluso en aquellos casos en que no generen ganancias－ en lugar de consentir en engrosar aún más las abultadas utilidades de los capitales privados invertidos en estas empresas, muchos de ellos extranjeros?
Y lo anterior sin abordar todavía el verdadero nudo gordiano del asunto: la apropiación de la parte del león del valor generado o transferido cada año por los trabajadores de los renglones productivos, del transporte o de los servicios que va a parar a las arcas de la bancocracia, dado el carácter de potencia dominante ejercido por el capital financiero privado sobre el conjunto de la economía colombiana. Y más allá, la “autonomía” del banco central, que en plata blanca significa la subordinación de nuestra soberanía económica al FMI y al Banco Mundial, la prohibición de suministrar al gobierno todo crédito que supere el restringido gasto prescrito por los draconianos programas de ajuste foráneos, y la llave abierta del flujo de los recursos públicos, a tasas pródigas de interés, a los bancos privados. ¿Acaso es posible un cambio sustancial manteniendo intacto este estado de cosas de la economía de mercado?, ¿sin suprimir de la Carta del 91 esa “autonomía” de corte colonial del Banco de la República?, ¿sin cuestionar las pasadas transferencias de la propiedad de entidades públicas financieras al capital financiero privado?, ¿ sin ponerle fin a las escandalosas exenciones de que goza?, ¿sin controles y regulaciones eficaces, sin un sistema tributario basado en el impuesto directo y progresivo?
Por supuesto que “estatizar la economía”, si por ello se entiende toda la economía y si se pretende implantar tal cosa de golpe y porrazo, semejante propósito no resulta conveniente ni viable en un país como el nuestro. En Colombia no reviste complicación alguna diferenciar aquellas empresas y entidades que por su importancia económica y/o social y nivel tecnológico deban nacionalizarse o revertir a la propiedad del Estado, del resto del conjunto de la economía nacional.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, en la actividad productiva como en la de servicios y tanto de tipo urbano como en el campo, generan en Colombia el 35 por ciento del PIB, y suministran el 80 del empleo del país, alrededor de 16 millones de colombianos[16]. Junto con algunas grandes empresas industriales, agroindustriales y de servicios, materializan el desarrollo del capitalismo nacional colombiano, y resultaría absurdo plantear su nacionalización. Generan un alto componente de valor de la economía nacional originado en la forma de producción capitalista en diversos estadios de su evolución que aún puede alcanzar mayores niveles de desarrollo. Surgido a comienzos del siglo pasado como resultado de la inversión en la industria proveniente de la acumulación primitiva del país, especialmente de la economía cafetera, como por las tempranas inversiones de capital extranjero ─principalmente norteamericano─ conforma un segmento sustancial de las fuerzas productivas nacionales cuya expansión ha sido torpedeada y frustrada de modo constante por más de 100 años de dominio gringo sobre Colombia, establecido, mantenido y profundizado con la complicidad de sus diferentes gobiernos. Este capitalismo nacional constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo como nación; el segundo, puesto que el primero lo constituyen las empresas productivas y el aparato económico del Estado, en tanto que el tercero está conformado por esa gran base histórica y económico-social, la producción agropecuaria, especialmente campesina, productora de alimentos. Una alianza política entre los trabajadores colombianos y esa burguesía originada por el capitalismo nacional, con el apoyo del campesinado y el concurso de las capas medias especialmente urbanas, los intelectuales y artistas, permitiría los acuerdos necesarios para abrir camino desde la dirección del Estado con un gobierno de coalición a un verdadero desarrollo nacional, mediante una adecuada combinación de sectores nacionalizados, capitalismo nacional regulado y con el fomento de la industrialización basada en la autosuficiencia alimentaria. Reuniría la fuerza suficiente para derrotar la minoría plutocrática adueñada del Estado y las riquezas del país, y para corregir de modo definitivo la abyecta posición subalterna y sumisa de hoy ante Estados Unidos, característica de los gobiernos de la Colombia oligárquica.
Debe ponerse el acento en que a todo lo anterior ha de añadirse, sin falta, la transformación del agro colombiano mediante un cambio de fondo del régimen de la propiedad territorial, por cuanto es esta precisamente una de las grandes tareas históricas inconclusas que nos ha obstruido el desarrollo del mercado interior colombiano y con ello alcanzar la madurez como nación. Hoy lo entorpece el interés de los más grandes terratenientes, que históricamente ensancharon su dominio sobre inmensas extensiones de tierras baldías ilegalmente apropiadas, o a través de la ruina del campesinado y, en las últimas décadas mediante el despojo violento y la expulsión de sus predios a enormes masas de campesinos. Sus intereses, entrelazados estrechamente con el de los círculos financieros dominantes, se han proyectado a su turno sobre las áreas metropolitanas de los grandes centros urbanos y a la propiedad de inmensos latifundios en las zonas periféricas del país. Combinación de intereses regresivos que han escogido e impuesto hasta ahora el camino más lento y plagado de padecimientos y penurias para las masas campesinas en la transformación del mundo rural, la vía anglosajona, la de la evolución del señor feudal hacia el capitalismo agroindustrial que monopoliza la propiedad de la tierra en manos de un puñado de modernizados señores de la tierra. Resulta apropiada la preocupación del senador Robledo por la enorme extensión de tierras cultivables improductivas existentes en comparación con la reducida superficie agrícola. Mas a la hora de responder los planteamientos de exponentes del capitalismo colombiano como Jimmy Meyer, no hay ventaja alguna en omitir que desde la orilla de la izquierda y la democracia preferimos la vía progresiva de la transformación rural, así fuere con pactos o convenios de indemnización: la de la distribución de los latifundios entre el campesinado. Transformación transitada, en su orden y por la vía revolucionaria, en Francia, Rusia, China, y Cuba. O por lo menos, la que tuvo lugar en la formación de Estados Unidos, de apropiación y explotación de la tierra por una clase laboriosa, la de los de granjeros.
Vale la pena referirse también a la concepción sobre las relaciones entre países en el mundo de hoy, que se trasluce de las declaraciones del senador Robledo. Pero ese será tema de otra ocasión.
[1] https://www.semana.com/nacion/articulo/tenemos-que-dejar-de-ser-los-idiotas-utiles-de-los-paises-mas-desarrollados/662599 , 12 de abril de 2020.
[2] https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/dentro-de-la-economia-de-mercado-colombia-necesita-realizar-cambios-en-su-modelo-economico-robledo , 16 de abril de 2020.
[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/tenemos-que-dejar-de-ser-los-idiotas-utiles-de-los-paises-mas-desarrollados/662599 , 12 de abril de 2020.
[4] https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/jimmy-mayer-el-decano-del-desarrollo-industrial-colombiano/263956 , 11 de agosto de 2018.
[5] Con la casi totalidad de las medidas formuladas por Meyer podría adelantarse las bases de un gran acuerdo nacional en el plano económico: “Políticas de compras públicas, controles rigurosos contra las prácticas desleales de comercio, revisión de las cláusulas excepcionales vigentes en el marco de los Acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, planes de rescate de aquellas empresas que han pagado con su viabilidad el costo de la estrategia de cuidado de salud, aplicación estricta de reglamentos técnicos, comprar nacional, incentivos a las nuevas inversiones y a la actividad empresarial son todas medidas necesarias para evitar abusos, para defender el principal instrumento de desarrollo social: las empresas. La situación amerita jugárnosla por lo nuestro, a fondo.” Cfr. Ob. Cit.
[6]https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/bruce-mac-master/apoyolaempresanacional-columna-de-bruce-mac-master-499140 , 25 de mayo 2020.
[7] Ídem.
[8] DANE, Histórico- Producto Interno Bruto. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib#base-2015 ,1 de marzo de 2020.
[9] http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_10810_1992_2001_EJ_5.PDF.
[10] Ídem.
[11] Al formular la defensa de la producción nacional, Mosquera insistía en que los colombianos debían “preservar lo suyo”, “hacer valer lo suyo”, así por el momento fuese poco desarrollado. Cfr. Mosquera, Francisco, “¡Por la soberanía económica, resistencia civil!”, primero de mayo de 1992, en Resistencia Civil, Tribuna Roja Editor, Bogotá, 1995, págs. 466 y 443. “En el mundo actual, decía Bruce Mac Master, en el cual todos los países están pensando en defender lo suyo, sería inaceptable y torpe no defender lo nuestro.” Cfr.https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/bruce-mac-master/apoyolaempresanacional-columna-de-bruce-mac-master-499140, 25 de mayo 2020. “Octavo, asegurarnos que las empresas del Estado den clara preferencia a la producción nacional cuando esta compita en igualdad de precio y calidad. Y, finalmente, ¡defendamos lo nuestro!” Cfr. https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/jimmy-mayer-el-decano-del-desarrollo-industrial-colombiano/263956, 11 de agosto de 2018.
[12] Entre los numerosos textos de Mosquera sobre el surgimiento y primeros pasos del modelo neoliberal en Colombia, quizá resulten más apropiados para comprender el fenómeno los artículos “Salvemos la producción nacional” (1991), “¡Por la soberanía económica, resistencia civil!”(1992),“Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas” (1993), “La apertura no impedirá la crisis imperialista” (1993), y “Saludo a la CLAT (Confederación Latinoamericana de Trabajadores)” del 17 de septiembre de 1993. Todos estos se encuentran en la recopilación “Resistencia Civil”, Tribuna Roja Editor, Bogotá, 1995.
[13] https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/dentro-de-la-economia-de-mercado-colombia-necesita-realizar-cambios-en-su-modelo-economico-robledo, 16 Abril, 2020.
[14] Ob.cit.
[15] Ídem.
[16] https://www.incp.org.co/asi-van-las-mipymes-la-region/ , 23 febrero 2018.
[2] https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/dentro-de-la-economia-de-mercado-colombia-necesita-realizar-cambios-en-su-modelo-economico-robledo , 16 de abril de 2020.
[3] https://www.semana.com/nacion/articulo/tenemos-que-dejar-de-ser-los-idiotas-utiles-de-los-paises-mas-desarrollados/662599 , 12 de abril de 2020.
[4] https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/jimmy-mayer-el-decano-del-desarrollo-industrial-colombiano/263956 , 11 de agosto de 2018.
[5] Con la casi totalidad de las medidas formuladas por Meyer podría adelantarse las bases de un gran acuerdo nacional en el plano económico: “Políticas de compras públicas, controles rigurosos contra las prácticas desleales de comercio, revisión de las cláusulas excepcionales vigentes en el marco de los Acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, planes de rescate de aquellas empresas que han pagado con su viabilidad el costo de la estrategia de cuidado de salud, aplicación estricta de reglamentos técnicos, comprar nacional, incentivos a las nuevas inversiones y a la actividad empresarial son todas medidas necesarias para evitar abusos, para defender el principal instrumento de desarrollo social: las empresas. La situación amerita jugárnosla por lo nuestro, a fondo.” Cfr. Ob. Cit.
[6]https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/bruce-mac-master/apoyolaempresanacional-columna-de-bruce-mac-master-499140 , 25 de mayo 2020.
[7] Ídem.
[8] DANE, Histórico- Producto Interno Bruto. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib#base-2015 ,1 de marzo de 2020.
[9] http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_10810_1992_2001_EJ_5.PDF.
[10] Ídem.
[11] Al formular la defensa de la producción nacional, Mosquera insistía en que los colombianos debían “preservar lo suyo”, “hacer valer lo suyo”, así por el momento fuese poco desarrollado. Cfr. Mosquera, Francisco, “¡Por la soberanía económica, resistencia civil!”, primero de mayo de 1992, en Resistencia Civil, Tribuna Roja Editor, Bogotá, 1995, págs. 466 y 443. “En el mundo actual, decía Bruce Mac Master, en el cual todos los países están pensando en defender lo suyo, sería inaceptable y torpe no defender lo nuestro.” Cfr.https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/bruce-mac-master/apoyolaempresanacional-columna-de-bruce-mac-master-499140, 25 de mayo 2020. “Octavo, asegurarnos que las empresas del Estado den clara preferencia a la producción nacional cuando esta compita en igualdad de precio y calidad. Y, finalmente, ¡defendamos lo nuestro!” Cfr. https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/jimmy-mayer-el-decano-del-desarrollo-industrial-colombiano/263956, 11 de agosto de 2018.
[12] Entre los numerosos textos de Mosquera sobre el surgimiento y primeros pasos del modelo neoliberal en Colombia, quizá resulten más apropiados para comprender el fenómeno los artículos “Salvemos la producción nacional” (1991), “¡Por la soberanía económica, resistencia civil!”(1992),“Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas” (1993), “La apertura no impedirá la crisis imperialista” (1993), y “Saludo a la CLAT (Confederación Latinoamericana de Trabajadores)” del 17 de septiembre de 1993. Todos estos se encuentran en la recopilación “Resistencia Civil”, Tribuna Roja Editor, Bogotá, 1995.
[13] https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/dentro-de-la-economia-de-mercado-colombia-necesita-realizar-cambios-en-su-modelo-economico-robledo, 16 Abril, 2020.
[14] Ob.cit.
[15] Ídem.
[16] https://www.incp.org.co/asi-van-las-mipymes-la-region/ , 23 febrero 2018.
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