La Bagatela: El Fiscal volador

Este ilustre filipichín no se ha distanciado en nada de las viejas costumbres clientelistas y corruptas, tradicionales en la politiquería colombiana. En una especie de swinger laboral hizo nombrar a su esposa en un alto cargo en la Contraloría General de la República, y él nombró, en contraprestación, a la señora del Contralor en un alto cargo de la Fiscalía.

Esta es la historia de un gato del que no se sabe nada
nadie supo en vida lo que le pasaba.

Llamaron al Gato con Botas, traigan las pelotas, parecían pendejotas

No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía cuando ese gato a mi casa se metía.
No caminaba, ni se arrastraba
Él volaba porque es el gato volador.

Canción de Carlos Córdoba, interpretada por Gian Varela, 2018

Por Yezid García Abello
Bogotá D.C., 5 de julio de 2020

Cuando Néstor Humberto Martínez, luego de ejercer como Fiscal General de la Nación y, produciendo un alivio generalizado, renunció a su cargo, el país pensó que era difícil volver a vivir días tan oscuros para la justicia en Colombia. Fue un Fiscal cuyos intereses estuvieron siempre ligados al principal grupo financiero del país, que fue juez y parte en las investigaciones de los sobornos y adjudicación fraudulenta de contratos de construcción de infraestructura por la firma brasileña Odebrecht, impasible frente a la matanza de dirigentes sociales, cínico a cual más cuya mayor virtud fue la mentira sin sonrojo, hasta el punto que la ciudadanía sentó el precedente de convocar y realizar movilizaciones exigiendo su salida del cargo.

Cuán equivocados estaban los colombianos. El amanecer sigue distante. El presidente Duque, normalmente lento en la toma de decisiones, esta vez vio la oportunidad de tener Fiscal de bolsillo por cuatro años, y procedió, sin dilación, a candidatizar para el cargo a tres de sus directos subalternos, todos con oficina en la Casa de Nariño: Clara María González, secretaria jurídica; Camilo Gómez, jefe de la Agencia de Defensa del Estado, y Francisco Barbosa, alto consejero para los Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia eligió, con el guiño de Uribe y Duque, a Francisco Barbosa, compañero de pupitre de este en la Universidad Sergio Arboleda, rancio uribista militante del Centro Democrático, abogado de aulas académicas, alejado del derecho penal y del litigio, feroz enemigo del proceso de paz y de la JEP, especialmente después de que no aprobó el examen para integrar ese tribunal de justicia especial.

Siempre ha sido un sueño del uribismo controlar las Altas Cortes, indispensables para consolidar su proyecto político excluyente, autoritario, dictatorial, de claro tinte fascista. Personajes como Barbosa en cargos de dirección de la justicia facilitan a esa fuerza política de extrema derecha la conversión del aparato judicial en dura e importante herramienta de la lucha política contra sus contradictores. Así ha ocurrido en casi toda América Latina por mandato de los gobiernos neoliberales. Algunas víctimas de este torvo proceder son los casos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en el Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o Gustavo Petro en Colombia.

Barbosa, además, pensó que había cogido el cielo con sus manos y comenzó a alucinar. Sus declaraciones altisonantes sobre su predestinado papel justiciero no tienen antecedentes por lo inapropiadas y ridículas. Se proclamó “el colombiano mejor preparado de su generación”, reformó de hecho la Constitución Nacional al afirmar pomposamente que él ocupa “el segundo cargo de la nación”, anunció a los cuatro vientos que sería “el mejor fiscal de la historia”, lamentó que se le criticara, según él, por “querer a su hija y ser buen padre”, y ejerció, con todo el resplandor de su inmensa sabiduría, como médico epidemiólogo al expresar, furioso, ante los medios de comunicación: “qué cuarentena, ni qué confinamiento, ni qué ocho cuartos, a trabajar porque se va a acabar con la economía nacional”. Faltó que usara las mismas palabras de la senadora Cabal: ¡a trabajar, vagos!

Si el asunto quedara reducido a unas groseras declaraciones y a su convicción de que está llamado a ocupar lugares prominentes en la historia universal, esto no pasaría a mayores. Pero la cosa es muchísimo más grave, si se consideran sus ejecutorias, todas parcializadas y marcadas con el tinte político de su uribismo hirsuto. Larga seria la lista de “barbosadas”, como jocosamente las llama Daniel Samper Ospina, si se enumeraran completas. Por razones de espacio se deben seleccionar al azar algunas de las más escandalosas (Ver otras “barbosadas” en el artículo del autor titulado “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”, publicado en La Bagatela, periódico del PTC, el 27 de mayo de 2020).

En Colombia han sido asesinados en lo corrido del año 159 líderes sociales (Indepaz) y 215 excombatientes de las Farc desde la firma de los acuerdos (revista Semana). Dirigentes políticos y defensores de derechos humanos han sido amenazados por grupos ilegales como las Águilas Negras o el Bloque Capital. Cerca de dos centenares de periodistas, sindicalistas y miembros de ONG, según investigación y publicaciones de la revista Semana, han sido sometidos ilegalmente a elaboración de perfiles, envío de sufragios, interceptaciones telefónicas, amenazas y seguimientos. Frente a todos estos casos, Barbosa ha guardado silencio sepulcral. La indolencia de la Fiscalía es evidente, que prefiere perseguir alcaldes de pequeños municipios y contradictores políticos a contribuir a esclarecer las responsabilidades de semejantes amenazas a la democracia, a la vida de centenares de compatriotas y al Acuerdo de Paz.

El Ejército, a través de su comandante, presionado por la opinión pública, ha afirmado que existen 118 investigaciones contra efectivos militares por delitos sexuales contra menores. El país debe preguntarse: ¿Y la Fiscalía qué hará? ¿Sería que no le pareció importante, entre tantas ruedas de prensa convocadas para hablar de pequeños contratos ilegales, referirse a este tema? ¿Por qué se le ocultó al país? Salió a la luz pública por los casos de las niñas de las etnias Embera-chamí en Risaralda y Nukak Makú en Guaviare. La gota que rebosa la copa en este tema es que la Fiscalía no acusa a los siete soldados que violaron a la niña embera de acceso carnal violento contra menor de edad sino de acceso carnal abusivo. Es decir, para la institución que dirige Barbosa, la niña sufrió “engañada”, sin violencia, con consentimiento, las consecuencias de encontrarse en el lugar equivocado.

Su parcialidad política no admite duda alguna. Pese a su mentirosa afirmación de que “no milita en ningún partido político”, todo el que huela a oposición o a pensamiento diferente al uribismo es susceptible de ser víctima de su sectaria persecución. Investigación penal a Claudia López por salir a mercar violando la cuarentena; investigación a Gustavo Petro y su campaña presidencial porque los trabajadores del carbón en La Guajira votaron copiosamente por él; amenazas permanentes sobre Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali; a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, lo tiene en la mira de la Fiscalía; y ahora inició un ilegal y aberrante proceso de extinción de dominio respecto de 11 propiedades de Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, que suman 776 millones de pesos, ignorando la presunción de inocencia, ya que no hay fallo condenatorio.

Al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le expidió orden de captura porque, según la Fiscalía, se encontraron irregularidades en el contrato de construcción de la vía Troncal de la Paz que une Remedios con Caucasia, firmado hace ya 15 años. Independientemente de su inocencia o culpabilidad, la detención de Gaviria es contraria al Estado de Derecho. El gobernador no es un peligro para la sociedad, no puede a estas alturas alterar las pruebas del proceso y no se va a fugar porque los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos hasta septiembre. Esta arbitrariedad, protestada por muchos sectores, trajo como consecuencia la separación del cargo, en plena pandemia, y el nombramiento de otro gobernador.

Este ilustre filipichín no se ha distanciado en nada de las viejas costumbres clientelistas y corruptas, tradicionales en la politiquería colombiana. En una especie de swinger laboral hizo nombrar a su esposa en un alto cargo en la Contraloría General de la República, y él nombró, en contraprestación, a la señora del Contralor en un alto cargo de la Fiscalía. Si el presidente Duque usa el avión presidencial para llevar a sus hijos y sus amiguitos a celebrar una fiesta infantil de cumpleaños en Armenia, ¿por qué quien ocupa “el segundo cargo más importante de la nación” no puede hacer lo mismo, así sea en avión más pequeño? Ni corto ni perezoso, Barbosa montó paseo familiar a la isla de San Andrés, programó un viaje oficial como pretexto con su partner, el Contralor, hizo una rueda de prensa acompañado del comandante de la Policía en la isla –que resultó positivo para Covid19 tres días más tarde-, y gozó durante el San Pedro de sol, playa, brisa y mar en un hotel cinco estrellas, acompañado de su señora, su hija y una amiga de esta.

Cuando el país se enteró del montaje turístico y comprobó que el Fiscal hizo que su hija menor de edad, su amiguita y la señora violaran las restricciones de movilidad establecidas para todos los colombianos a causa de la pandemia, protestó enérgicamente. La ola de críticas incluyó hasta redomados uribistas como ‘Enfermedad’ Hernández y María Isabel Rueda. A todo ello se suma que el paseíto se hizo en avión oficial de la Fiscalía, con gasolina y tripulación pagadas por los contribuyentes. Barbosa, pillado con las manos en la masa, dijo que a él lo “apedreaban por querer tanto a su hija y ser un padre de familia ejemplar”.

No, señor Fiscal Volador, no ponga cobardemente a su hija ni a su esposa ni al cariño que dice tenerles de escudos protectores frente a las generalizadas críticas a su vuelo a San Andrés. No se ponga, una vez más, bravo ante los medios, ya que los colombianos tenemos pleno y legítimo derecho a pedirles a los funcionarios públicos explicaciones de sus actos. Usted ha afirmado, con razón, que ningún colombiano está por encima de la ley. ¿Usted se considera la excepción? Y una pregunta final: ¿Cuándo nos dará la buena nueva de declararse impedido en todo lo relacionado con la ñeñepolítica y la financiación ilegal de la campaña de su amigo íntimo, el presidente Duque?