Por Arturo Cancino
Duque escatima los recursos públicos para mitigar la crisis social y le apuesta a la reapertura acelerada (que eufemísticamente denomina “gradual”) de la actividad de los diferentes sectores económicos. Con ello espera que sean las empresas y los trabajadores quienes restablezcan por sí solos la salud de la economía. Su esperanza es que alcaldías como la de Claudia López, al tener que enfrentarse a la avalancha de los retornos autorizados por Duque sin contar con la dotación sanitaria que el Gobierno no ha entregado, fracasen en su difícil tarea cívica y humanitaria. Entonces, procederían a culparla de la insuficiencia de infraestructura sanitaria y a capitalizar políticamente el dolor humano que origine la posible tragedia. Y a semejantes planes de desinformación y desprestigio se unió la Anif, el comité de aplausos de Duque y Carrasquilla, que representa a los banqueros.
No obstante, desde
finales de abril ha venido autorizando el regreso a la actividad de la mayoría
los sectores económicos (ya van más de 43 actividades). Evidentemente, esto
significa suponer, contra toda lógica, que la moderada ocupación que se logró
durante la cuarentena de las escasas UCI disponibles, se mantendrá una vez los
millones de trabajadores autorizados se terminen sumando a la multitud de
informales que ha tenido que abandonar el confinamiento por falta de ayuda
económica. Pero, como esta baja ocupación es improbable que siga así, para
lavarse las manos el Presidente ha delegado en las autoridades locales la responsabilidad
del control de los protocolos de bioseguridad de los sectores reactivados, sin
aportar a las alcaldías y gobernaciones los recursos para manejar la compleja
emergencia que se avizora. Por lo visto, la segunda emergencia económica y
social que decretó el 6 de mayo pasado contempla todo tipo de asuntos que
interesan al Gobierno menos los de la emergencia sanitaria.
Recientemente el
ministro Carrasquilla se preciaba de haber destinado hasta ahora $28 billones,
menos del 3% del PIB, para afrontar la crisis generada por la pandemia. Lo cual
viene siendo la tercera o cuarta parte de lo que en promedio están dedicando
otros países latinoamericanos de tamaño económico similar (Perú, Chile,
Argentina). Pero en nuestro caso con un agravante: los recursos no le están
llegando a quienes necesitan según reclaman los colombianos de a pie y repiten
en todas las entrevistas los medianos y pequeños empresarios representados por
Acopi. En cambio, la emergencia ha sido aprovechada para aumentar los subsidios
al oligopólico sector financiero mediante bajas tasas de interés del Emisor (que no se trasladan a los deudores), rentas aseguradas en nueva
deuda pública con los bancos privados (intereses por $350 mil millones) y
generosas garantías del Estado para los créditos bancarios a las empresas (80-90%).
Y, así mismo, se
mantienen incólumes los gastos suntuarios de la frondosa burocracia que
acompaña al Presidente; no sólo los altos sueldos, viáticos y prerrogativas
como carros blindados, y escoltas,
sino costosos contratos de publicidad para los amigos
de su partido y
recomendados de su jefe, entre otros despilfarros en servicios superfluos y abusivos con los
dineros públicos. Todo esto mientras se hacen cuentas y recalculan las exiguas
ayudas al pueblo tomando como referencia la línea de pobreza e indigencia que
se aplica en los programas asistencialistas como Familias en Acción.
Los cálculos
mezquinos del Gobierno en el gasto social concuerdan perfectamente en lo
político con las maniobras de su partido, el Centro Democrático (CD), dedicado
a obstruir el control político de los legisladores sobre los actos del Ejecutivo,
desestimar los reclamos y justificar los múltiples desatinos del Gobierno en
todos los campos: desfinanciación de la salud, ayudas intangibles y créditos
inexistentes, desastrosas relaciones exteriores, incursión de tropas
extranjeras, atropellos y corrupción de militares, incumplimientos del Acuerdo
de Paz, desprotección de los líderes sociales y excombatientes, despilfarro de
los recursos en imagen, contrataciones opacas, etcétera. Al mismo tiempo, con propuestas
insustanciales para cazar
titulares en los medios, el CD trata de fabricar
una cortina de humo
sobre las investigaciones periodísticas respecto a la intervención electoral de
los narcoparamilitares en las elecciones presidenciales que involucran al
presidente Duque y salpican su jefe político, Álvaro Uribe.
Para esta
estratagema cuentan dentro de las instituciones con la colaboración creativa de
un fiscal general amigo del presidente, dedicado a aplicar “todo el peso de la
Ley” selectivamente sobre quienes no forman parte de los grupos políticos
adictos al Gobierno. Una especie de Catón sesgado, que utiliza su poder para
intimidar a los detractores del Gobierno y aparecer ante las cámaras con
declaraciones efectistas y decisiones injustas ideadas para apartar la atención
de la opinión pública sobre las investigaciones de los escándalos que implican
al Presidente, las mismas que diligentemente tergiversa o embolata. Tras
haberse iniciado en este mundo de la intriga y el absurdo anunciando hace
semanas una investigación penal contra la alcaldesa de Bogotá por una rebuscada
contravención a la cuarentena, ahora, en otra desproporcionada y sospechosa
actuación, detiene a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, desempolvando una
indagación en la que antes no se había hallado mérito alguno para una
imputación contra éste. Y, gran coincidencia, aprovecha para poner presos a los
investigadores de la Sijin que destaparon las relaciones de la campaña
electoral de Duque con las mafias en La Guajira y el Cesar.
Mientras tanto, la
estrategia del uribismo en las corporaciones públicas para recuperarse de su
fuerte descrédito y su derrota en las pasadas elecciones territoriales, ha sido
dedicarse por su cuenta a inventarle escándalos a los alcaldes y gobernadores
contrarios a su partido y cuestionar desde la barrera los esfuerzos denodados
de estos para frenar la expansión del contagio y proteger a la población contra
un previsible colapso del sistema de salud. Es lo que reflejan los ataques
políticos ejecutados por alfiles del uribismo. Se esmeran en enlodar e interferir la gestión preventiva de las autoridades locales, culpándolas
del caos creado por las precipitadas decisiones del Gobierno, mientras
con la otra mano sus voceros estimulan las presiones
gremiales para seguir acelerando el regreso a la “normalidad”.
Su esperanza, nada
disimulada, es que alcaldías como la de Claudia López, al tener que enfrentarse a la avalancha de los retornos
autorizados por Duque sin contar
con la dotación sanitaria que el Gobierno no ha entregado, fracasen en su difícil tarea
cívica y humanitaria. Entonces, procederían a
culparla de la insuficiencia de infraestructura sanitaria y a capitalizar
políticamente el dolor humano que origine la posible tragedia. Y a semejantes
planes de desinformación y desprestigio se unió, cómo no, la Anif, el comité de aplausos de Duque y Carrasquilla, que representa a
los banqueros.
¿Cómo será el país luego de la pandemia?
En contravía de las
apuestas de quienes promueven el salto precipitado a la normalidad, el
agravamiento de la crisis está a la vuelta de la esquina. Es previsible que se
multiplique el número de víctimas del covid-19 así como de los damnificados por
el hundimiento económico. No parece fundada la ilusión de neoliberales y
uribistas de que la imagen del presidente Duque, inflada
a punta de exposición mediática
y marketing político, vaya a salir fortalecida a pesar de sus graves
desaciertos y promesas
incumplidas. Tampoco es verosímil
que la mayoría de la nación acepte de buen grado la prolongación del estilo
autoritario de este Gobierno y su forma olímpica de ignorar las demandas del
pueblo. Por tanto, peca de optimista la expectativa de la ultraderecha de que
su demagogia obsoleta le va asegurar perpetuarse en el poder más allá del 2022
y podrá seguir impidiendo que se alteren los injustos privilegios de las élites
rentistas que representa.
En medio de esta crisis
y al revés de lo que sostienen
los apologistas de la austeridad fiscal, Colombia es un país que dispone de los recursos
económicos y humanos necesarios para construir un futuro para todos. Y están
emergiendo nuevas fuerzas políticas capaces de orientar a la nación
hacia soluciones democráticas que frenen el deterioro del nivel de vida
del pueblo y disminuyan la vergonzosa inequidad social. Si estos sectores
logran hacer converger sus esfuerzos, tienen todo a su favor para remover los
reductos del sectarismo derechista y derrotar su discurso de estigmatización y
engaño opuestos a la equidad y el cambio.
Salvo para los
cautivos en la obtusa doctrina neoliberal de Duque y su séquito uribista, a muy
pocos convencen los ahorros de la ortodoxia dogmática de Carrasquilla y la
respuesta morosa de las finanzas públicas a la crisis. Sin olvidar las
recomendaciones y llamados al activismo fiscal de reconocidos economistas
(Cárdenas, Clavijo, Ocampo, Cabrera, Kalmanovitz, González y muchos otros), sin
duda la propuesta más concreta ha sido la elaborada por 54 senadores
de la oposición. Se trata de la instauración de una Renta Básica
equivalente a un salario mínimo mensual durante
3 meses para los 9,5 millones de hogares
cuyas cabezas están desempleadas, dos terceras partes
debido a la crisis. Con ello se busca
garantizar temporalmente las condiciones de vida de 34 millones de colombianos
y darles una base para sostenerse mientras empieza la lenta recuperación económica.
La fuente más lógica
de estos recursos, que equivalen a 4% de PIB -2% más de lo que valen los
inadecuados programas asistencialistas que serían sustituidos por la renta
básica- es la reversión de los descuentos obsequiados a los grandes capitales
en la última reforma tributaria de Duque ($9,4 billones). Esto se complementa
con algo más de 1% del PIB por cuenta de la refinanciación parcial del servicio
de la deuda pública externa, servicio al cual el país destina al año aproximadamente 6% del PIB. Suspender temporalmente este drenaje de recursos
sería una alternativa óptima. Pero si se optara
por un nuevo endeudamiento en lugar
de una moratoria, éste lo puede respaldar el gobierno decretando impuestos sobre el patrimonio de los verdaderamente ricos (el 10% más alto de la pirámide social),
como se ha hecho ocasionalmente en el pasado ante circunstancias menos graves.
Además de su
efectividad para mitigar los estragos sociales de la crisis, lo anterior podría
ser un primer paso hacia la reforma
del sistema fiscal de Colombia
para imprimirle el sentido
progresivo que estipula la Constitución y requiere el país. Sin duda, no se
pueden subestimar otros obstáculos considerables al progreso social, como la
extrema concentración de la propiedad de la tierra,
origen de la pobreza rural y fuente
de la riqueza rentista y el poder político de los terratenientes. Ni
las consecuencias del incumplimiento por el Gobierno al Acuerdo de Paz y el
clima de violencia contra la población rural por los grupos armados ligados al
narcotráfico y a los clanes políticos regionales. Sin embargo, sin restarle
importancia a estos problemas, la política fiscal puede convertirse en un
instrumento oportuno y efectivo para que, con la construcción de un sistema
tributario progresivo y un gasto público eficaz, se logre iniciar una
redistribución del ingreso que disminuya la desigualdad social e impulse el
verdadero desarrollo. Y una sociedad más equitativa tiene también más
posibilidades de lograr afianzar una expresión política en el Estado capaz de
consolidar la paz y hacer realidad una reforma agraria efectiva, así como las demás
reformas democráticas que Colombia necesita.
Referencias:
“Congresistas proponen pagar renta
mínima a 34 millones de personas”. El Tiempo, mayo 11 de 2020.
Congreso de la República de Colombia.
Senado de la República. “Pronunciamiento sobre renta básica de los 54 senadores
proponentes”. Mayo 27 de 2020.
Garay, Luis Jorge y Jorge Enrique
Espitia (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia: en torno a la
economía política en los ámbitos socioeconómico, tributario y territorial. Ediciones
Desde Abajo, Bogotá.
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