La renta básica de emergencia: una profunda crítica a las medidas de Duque en la pandemia

César Tovar de León 14:35


El 20 de julio los parlamentarios conscientes, el movimiento sindical, el Comité Nacional de Paro, las organizaciones sociales y los colombianos en general tendremos una nueva oportunidad de que se apruebe en el Congreso el proyecto de Renta Básica de Emergencia, debemos hacer retumbar las redes sociales y los medios de comunicación para que esto se haga una realidad. Tarea tan urgente y necesaria como la de defender la vida de los líderes sociales. Movilización virtual y resistencia civil a la orden del día.

Por Miguel Ángel Delgado R.
Miembro de la comisión de redacción de La Bagatela
El pasado sábado 20 de junio en la Comisión III del Senado se hundió, por lo menos en esta legislatura, el proyecto de renta básica de emergencia que 54 senadores habían apoyado para ser presentado y discutido en el Congreso de la República. Al mirar su génesis, su evolución y su lánguido deceso, podríamos entender por qué afirmamos que este proyecto implica una rectificación crítica a las medidas que el gobierno de Duque ha tomado a lo largo de la crisis sanitaria en curso.
Esta medida de aislamiento social general entraña, como es lógico, la parálisis productiva por cuenta de que, al ser confinados, los trabajadores formales, informales e independientes no movieron la maquinaria económica de los países, solamente se mantuvo activa la producción de alimentos, medicamentos, la atención médico-hospitalaria y los servicios públicos domiciliarios, todos esenciales para el mantenimiento de la vida. La consecuencia inmediata de esta realidad es una merma enorme de la economía que, unida a la baja de los precios del petróleo y a los aprietos mundiales del capitalismo, traerá resultados catastróficos en el bienestar global.
Ahora bien, en Colombia este bajón agudizado de la economía por el confinamiento social repercute en primer lugar sobre los trabajadores informales o por cuenta propia, que, de hecho, al estar en cuarentena, pierden la forma de conseguir sus ingresos de los cuales dependen de su actividad diaria, en el comercio, los servicios más diversos, el reciclaje, la microempresa familiar, la mendicidad y otras tantas formas de rebusque diario que conforman la economía popular. Esta informalidad abarcaba el 48% de la mano de obra en marzo, cuando comenzó el acuartelamiento social.
En segunda instancia la parálisis productiva tocó a la micro, pequeña y mediana empresa. Las mipymes, como se les domina en el argot empresarial, son las que tienen menos de 200 trabajadores y 2.500 millones de ventas al año, son las que aportan el 80% del empleo en el país. Estas empresas que por su capital de trabajo y patrimonio dependen de su operación diaria, del flujo constante de ingresos resultado de sus ventas, al tener que cerrar, en su inmensa mayoría, han sufrido la quiebra o el descalabro económico, dejando a sus trabajadores en el desempleo o la pérdida de sus salarios. Por supuesto que muchas grandes empresas del sector manufacturero, del comercio, del transporte y de los servicios también tienen caídas de su producción y de sus ventas por el confinamiento, pero su músculo financiero fuerte, sus altos patrimonios y el licenciamiento, las vacaciones, la rebaja de jornada laboral y el despido que aplicaron a sus trabajadores les permite sobreaguar la crisis.
La cifra de desempleo del Dane para el mes de mayo del 21,4%, que otros analistas laborales como Jaime Tenjo Galarza, la sitúan en el 26,5% (1), golpe directo a los trabajadores formales, que unido a las licencias no remuneradas y las vacaciones forzadas los colocan como el sector más damnificado, arrojados a la informalidad y la pobreza.
Recordemos que Colombia entró a la pandemia con el 12,2% de desempleo, una población ocupada de 22.287.280 y una informalidad del 46,7% (2). De acuerdo con el último guarismo de desempleo 2.050.430 personas perdieron su empleo y pasaron a conformar el ejercito de reserva laboral y aumentar los índices de pobreza y desesperanza.
Estos resultados del confinamiento social eran previsibles y lógicos para todos, menos para el gobierno de Duque. Por eso, tempranamente, desde el movimiento sindical, desde las organizaciones de trabajadores informales, desde los gremios de las mipymes, desde la academia, desde los gobiernos alternativos locales, desde las fuerzas políticas democráticas, se exigió un subsidio monetario directo, de por lo menos un salario mínimo legal, a los trabajadores formales e informales, para, de esta forma, afrontar el confinamiento sin perder sus ingresos (3) (4).
Este subsidio básico en dinero para todos los trabajadores formales e informales, era la forma más razonable de confinar la población, defender los puestos laborales, evitar la quiebra de decenas de miles de empresas y paliar la crisis económica. Así lo hicieron muchos países y así lo recomendó la Cepal en Latinoamérica en propuesta difundida el 12 de mayo pasado a través de Alicia Bársena, su secretaria ejecutiva: La Cepal propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año (5).
Recogiendo esta anticipada posición de la sensatez del país, 54 senadores de nueve partidos liderados por Iván Marulanda, presentaron ante el Congreso un proyecto de renta básica de emergencia que modificaría el programa de Ingreso Solidario, y que consistía en entregar, a 9 millones de familias, durante tres meses un salario mínimo legal ($877.802), con opción de prolongarse por otros tres meses, de acuerdo a la marcha negativa de la pandemia. Según los promotores este ingreso de emergencia llegaría a 30 millones de personas pobres y vulnerables y “el costo de este programa sería de 7,9 billones de pesos al mes, es decir 23,7 billones de pesos por un periodo de tres meses, equivalentes al 2,3% del PIB. Teniendo en cuenta que el costo actual de las transferencias monetarias vigentes (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario) durante 3 meses es de cerca de 3 billones de pesos, el costo neto del programa sería de alrededor de 20 billones de pesos o 2% del PIB” (6).
El proyecto de ley fracasó en la Comisión III del Senado, debido a las maniobras de la coalición del gobierno (Centro Democrático y Partido Conservador), que presentó una ponencia en contravía, que consistía en retocar el programa de gobierno de ingreso solidario, pero cuyo fin era obstaculizar el avance de la RBE, quemando tiempo para impedir la votación. El gobierno no quiso avalar este proyecto y Carrasquilla, el ministro de Hacienda, en una displicente intervención en el Senado sobre el tema, consideró que en este momento sería irrealizable por los altos gastos que ha hecho el gobierno por la pandemia y solo atinó a decir que la renta básica sería una reforma estructural en una economía formalizada.
¿Por qué el proyecto de Renta Básica de Emergencia fue rechazado y hundido por el gobierno de Duque?
Podríamos decir, por ejemplo, que afectaría la noción del modelo neoliberal, basado en las grandes ganancias de los superricos y su efecto en la mayoría de la población: pobreza y desigualdad. Este sistema, que tiene como dios la economía de libre mercado, solo halla como fórmula para paliar sus propias ruinas, exiguos subsidios focalizados. Migajas presupuestales para la población marginada.
También pensaríamos que al ampliar el foco de las llamadas ayudas y llevarlo hasta el límite de 30 millones de personas, estos programas, creados en pleno desarrollo de la apertura económica y que se han convertido en fuente de demagogia y de control político para los gobiernos de turno, perderían este efecto, poniendo en riesgo la supremacía electoral de las castas dominantes, en especial de quien más lo ha disfrutado, el uribismo. Carne de cañón electoral.
Así mismo diríamos que la idea de renta básica de emergencia va en dirección contraria a las ráfagas de exigencias por una flexibilización laboral que abarate los costos laborales, “recomendada” desde los organismos internacionales como la Ocde, el FMI y el Banco Mundial, o “solicitada” desde los gremios económicos como la Andi, Fenalco, SAC, Anif, o “advertida” por las cabezas de los poderos grupos financieros como Luis Carlos Sarmiento del grupo Aval y Juan Carlos Mora de Bancolombia, o de voceros políticos del establecimiento que la “sugieren” como Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, todos interviniendo de consuno con el plan de desarrollo de Duque, que, a través de la generalización del trabajo por horas, la inestabilidad laboral y los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), pretende rebajar el salario y arrasar con la seguridad social integral de los trabajadores colombianos.
La renta básica tampoco encaja con la anunciada nueva reforma tributaria hecha por los jerarcas del ministerio de Hacienda, para recoger $20 billones, otra vez castigando los ingresos de las mayorías nacionales, al incorporar, según lo han anunciado, a la tributación a más trabajadores de medianos ingresos y nivelando el IVA al 19% a todos los productos de consumo popular.
Pero lo que sí es concluyente es que la exigencia de una renta básica, retomada por el Comité Nacional del Paro en su Pliego de Emergencia, constituye una profunda crítica a las medidas económicas tomadas por Duque durante la crisis. No resolvió, en síntesis, ninguno de los tres problemas clave para afrontar la pandemia y el confinamiento social: la atención de la salud, la comida de la población y el tejido económico nacional. Las cifras de contagio y muerte, la tasa de desempleo y la fractura de centenares de miles de micro, pequeñas y medianas empresas lo demuestran. En lugar de esto trasfirió la mayoría de recursos dedicados a atender la emergencia -que por los demás fueron “michicatos”- a la banca y al gran empresariado nacional y extranjero. Profusos artículos, incluidos los editoriales, de La Bagatela, aparecidos en las recientes ediciones durante la época de la pandemia, prueban, de manera clara, las anteriores aseveraciones. Lo demuestra también el informe del 21 junio pasado del Laboratorio Fiscal de la Universidad Javeriana titulado La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia (7). O el revelador artículo de Héctor Vásquez, investigador de la ENS sobre: Política pública al servicio de los banqueros, Mypimes abandonadas a su suerte (8).
El clamor de los gremios médicos y científicos, de los epidemiólogos y de los mandatarios regionales ante la inusitada crecida de las cifras de contagio y muerte, pero en especial de ocupación de las camas UCI, que en muchos departamentos sobrepasan el 80% y que, en Bogotá, la cuidad con más contagios, se acerca al tope es volver a la más rigurosa cuarentena. De hecho, en la capital se han confinado severamente grupos de localidades que pueden sumar hasta 2,5 millones de personas. Como el pico de la pandemia se aleja cada vez más el aislamiento social se vuelve ineludible. En esta situación para garantizar la comida de la gente, mantener su capacidad de consumo, pago de vivienda y servicios, se necesita, con urgencia, entregar a los 27 millones de personas que pueden conformar la población económicamente activa una renta básica que resuelva sus necesidades y pueda mantener a flote la economía popular.
El 20 de julio los parlamentarios conscientes, el movimiento sindical, el Comité Nacional de Paro, las organizaciones sociales y los colombianos en general tendremos una nueva oportunidad de que se apruebe en el Congreso el proyecto de Renta Básica de Emergencia, debemos hacer retumbar las redes sociales y los medios de comunicación para que esto se haga una realidad. Tarea tan urgente y necesaria como la de defender la vida de los líderes sociales. Movilización virtual y resistencia civil a la orden del día.
Bogotá, 16 de junio de 2020.
Referencias
(2)  Efectos económicos y sociales de la pandemia La Bagatela Nº xxx.
(3)  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2959112777472275&id=223378297712417.
(5)  https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar.
(8)  http://ail.ens.org.co/opinion/politica-publica-al-servicio-de-los-banqueros-mypimes-abandonadas-a-su-suerte/.

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