En su casa de Rionegro (Antioquia), 31 de
julio de 2018, y acompañado por Jaime Lombana, Jaime Granados, Juan Felipe
Amaya, Víctor Mosquera y el representante Álvaro Hernán Prada, el expresidente
Álvaro Uribe Vélez realizó una rueda de prensa para responder, a los medios de
comunicación, todos los interrogantes del proceso que la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia abrió en su contra
Por el Equipo de Redacción de LA
BAGATELA
“Todo dependerá de la actitud de Duque como presidente: si decide respetar y proteger la independencia judicial, en general, y la de la Corte Suprema, en particular, como es su deber constitucional, estaríamos en una situación muy distinta, porque no se presentarían las tensiones entre el jefe de Estado y el Poder Judicial. Si, por el contrario, asume la actitud de defender a su mentor político por encima de sus deberes constitucionales, se estaría reeditando esa difícil situación que vivimos hace 10 años. Ojalá el presidente Duque sea fiel a sus promesas electorales de fortalecer la cultura de la legalidad en que ‘el que la hace la paga’. Y que, en consecuencia, apoye a los jueces para que actúen y determinen, libremente, si el expresidente Uribe cometió o no actos por los que deba responder penalmente”. No puede haber nadie por encima de la ley, entrevista a Rodrigo Uprimny, www.elespectador.com , 28 de Julio de 2018.
La decisión contra Uribe
El proceso penal que
tiene al expresidente Uribe contra las cuerdas es resultado de su fallido
ataque judicial contra el senador Iván Cepeda, y constituye un verdadero capítulo
aparte en la actual situación del país. Por el personaje involucrado como
denunciante y por las tremendas repercusiones que puede alcanzar, que podrían
gravitar en forma decisiva sobre el curso general de los acontecimientos en
Colombia. Porque no es asunto menor que la alta Corte que atiende el caso, como
la rama jurisdiccional en su conjunto, puedan mantener su independencia frente
a las aplastantes prerrogativas tanto del poder ejecutivo, desempeñado hoy “por
quien Uribe dijo”, como de la coalición que lo eligió, que no sólo constituye
mayoría en el Congreso, sino que sus partidos son los agentes políticos e
ideológicos de las fuerzas económico-sociales dominantes del establecimiento
colombiano. Y el caso definitorio de ese pulso es el proceso aludido, escenario
del duro enfrentamiento entablado entre la Corte Suprema de Justicia y “el
político más poderoso de Colombia”, el expresidente cabeza de la actual coalición
de gobierno. Lo que el país ha empezado a conocer sobre el proceso se debe, en
buena parte, al periodista Gonzalo Guillén quien publicó la primera
investigación sobre el caso en el portal La
Nueva Prensa, seguida por las candentes revelaciones que la continuaron y
profundizaron del columnista de la revista Semana,
Daniel Coronell.
La investigación y los testigos
En 2013 el jefe de la
ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe, había denunciado al senador Iván Cepeda
acusándolo de ir a las cárceles para conseguir testigos que incriminaran al
expresidente y a su familia. Una aplicación a pie juntillas del conocido
criterio de Uribe según el cual quienes critiquen sus ejecutorias de gobierno o
su trayectoria son “terroristas trajeados de civil”. Mas la Corte Suprema
encontró y documentó que el denunciante, Álvaro Uribe, podía ser realmente el
núcleo de un plan para manipular testigos, montar un fraude procesal y obstruir
la justicia[1].
El fallo, de mediados de febrero de este año, absolvió a Iván Cepeda y decidió
investigar al expresidente y actual senador.
La cosa no paró allí.
En la investigación del proceso, de la denuncia penal del expresidente contra
Iván Cepeda, la Corte Suprema de Justicia se recogieron grabaciones, videos,
documentos e interceptaciones telefónicas que indican que el exmandatario
estaría presionando a un testigo, por dos vías diferentes, para que cambie su
versión en su contra en distintos procesos[2].
Entre las pruebas hay grabaciones legales en las que Álvaro Uribe habla con un
abogado, Wilser Darío Molina, sobre la necesidad de cambiar testimonios de
testigos de cargo en su contra[3].
Figuran también registros fílmicos y documentales de las visitas al testigo
Guillermo Monsalve Pineda en la cárcel La Picota de Bogotá, de los abogados
Jaime Lombana y Diego Cadena, si bien el primero negó que su visita fuera al
testigo mencionado[4].
El testigo al que se
hace referencia es Juan Guillermo Monsalve, el hijo del mayordomo de la hacienda
Guacharacas, quien vivió por años en la antigua propiedad de la familia Uribe,
fue paramilitar y ha declarado que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son
fundadores del Bloque Metro de las autodefensas[5].
Recluido en la cárcel La Picota, Monsalve, además de lo anterior, ha dado
declaraciones sobre la eventual participación del expresidente en la
manipulación de testigos[6]. En
el mismo oficio ya mencionado del magistrado José Luis Barceló en el cual se
ratifican los otros delitos por los cuales se investiga al expresidente Uribe,
se pide protección para la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, cuyas
declaraciones son calificadas asimismo como “confiables” y “relevantes” para que
sean tenidas en cuenta y evaluadas dentro del proceso[7].
Asegura el testigo Juan
Guillermo Monsalve que ha sido objeto de diversas presiones para que se desdiga
y afirme, en cambio, que todo lo que ha declarado contra Uribe lo ha hecho
porque el senador Iván Cepeda lo indujo con prebendas que no cumplió. Este
mismo testigo sostiene que los enviados de Uribe le dijeron que venían de parte
del expresidente; que este le mandaba a decir que se retractara, “que con él
cuente para lo que sea”[8].
A cambio le ofrecieron dinero, y que le darían protección a su familia, lo
meterían a la Justicia Especial de Paz o a Justicia y Paz, según prefiriera,
que lo trasladarían a un sitio seguro para él y este mismo año estaría en la
calle[9].
Afirma el testigo Monsalve que las presiones se ejercieron, por un lado, a
través de un conocido suyo y de un representante a la Cámara del Centro
Democrático, y por otro, por intermedio de un abogado y de un recluso y que en
ambos casos cumplían instrucciones y actuaban en nombre del expresidente. El
antiguo compañero de Monsalve, Carlos López Callejas, alias Caliche, se
comunicó con él desde Neiva contándole que le transmitía un mensaje del
congresista del uribismo, Álvaro Hernán Prada[10].
Lo que querían de Monsalve, según Caliche, era una grabación retractándose de
los señalamientos contra Uribe, a quien se refiere como “el caparrudo”[11].
Debía hacerse esa misma semana porque a Uribe se le vencía el término para
presentar un recurso contra la decisión de la Corte[12].
Más significativo es que alias Caliche dijera que Álvaro Uribe participó en su
conversación con Hernán Prada para darle instrucciones a través del celular del
mencionado congresista[13].
Sin embargo, cuando el periodista Daniel Coronell entrevistó a Carlos López
Callejas sobre estas palabras suyas, que están grabadas, dio una nueva y
sorprendente versión, según la cual todo fue una mentira, porque él mismo lo
había inventado, le aseguró, para engañar tanto al testigo Monsalve, diciéndole
que Prada lo había mandado a buscar, como al congresista Prada al asegurarle
que Monsalve quería retractarse[14].
El representante a la Cámara Prada, a su turno, aceptó que informó del contacto
a Álvaro Uribe pero no que el expresidente hubiera participado en alguna
conversación con Carlos López, Caliche[15].
Aseveró que López, Caliche, llegó a él a través de un señor de Garzón, Huila,
quien le dijo que “López había trabajado con Monsalve, preso por
paramilitarismo que ahora quería decir la verdad”[16].
El
otro abogado mencionado es Diego Cadena, quien confirmó que había recibido
tiempo atrás poder del senador Álvaro Uribe. Que mediante el mismo lo
autorizaba para que consiguiera testimonios en las cárceles que lo favorecieran
en el caso de su denuncia contra el senador Cepeda por los presuntos falsos
testigos[17],
y reconoce que fue a La Picota a buscar la retractación de Monsalve enviado por
su cliente, el expresidente. Según la grabación de la entrevista entre este
abogado y la esposa de Monsalve, que quedó grabada, el primero afirma que el
recluso Enrique Pardo Hasche le había dicho a una persona llamada Vicky
Jaramillo que Monsalve quería retractarse, luego de lo cual la antedicha le
informó al expresidente Uribe y este mismo dio a Diego Cadena la instrucción
para que se desplazara hasta La Picota[18].
En esa conversación efectuada entre el abogado Diego Cadena y el testigo
Monsalve, estuvo presente Enrique Pardo Hasche, condenado a 29 años de cárcel
por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana.
Pardo Hasche también trató de persuadir al testigo Monsalve de que cambiara su
versión para favorecer a Uribe. El abogado Cadena se apareció en La Picota a
ver al testigo Monsalve en vísperas de que se agotara el término para que Uribe
presentara el recurso y lo urgió para que firmara un documento con su
retractación[19].
Entre la clientela de Cadena, revela Coronell, figuran los narcotraficantes
Diego Rastrojo y Diego Montoya, alias Don Diego. Cadena ha gestionado cartas de
Gordo Lindo, para intentar limpiar a Santiago Uribe[20].
Registros oficiales muestran, además, que Cadena actuó como abogado en un
proceso en el cual, según la Fiscalía, los afectados eran “testaferros [del]
Grupo Familia Rodríguez Orejuela”[21].
La revista Semana publicó tres
fotografías de distintas fechas ─una de mayo, otra de noviembre de 2017, y una
tercera de junio de 2018─ en las cuales el expresidente Uribe aparece en
distintos eventos con el abogado Cadena[22].
Otro testigo clave fue
Carlos Enrique Areiza Arango. Era testigo en 2 importantes procesos: el seguido
al exgobernador de Antioquia Alfredo Ramos, también de las huestes uribistas,
acusado por parapolítica, y el que ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe
con el senador Iván Cepeda[23].
Encarcelado por otro proceso, Areiza había salido de la cárcel a detención
domiciliaria en febrero de 2018. La Corte Suprema había ordenado en una
providencia que el Inpec y la Fiscalía, por la cual estaba protegido, intensificaran
sus medidas de protección. Empero, Areiza fue asesinado por sicarios
motorizados el 14 de abril de 2018 en Bello, Antioquia[24].
Después del asesinato, la Corte Suprema dirigió una “comunicación crítica” al
Fiscal General de la Nación en la que le expresó su “profunda preocupación” y
recordó que en la providencia de febrero de 2018 la misma Corte había ordenado
investigar al juez y al fiscal que habían otorgado un preacuerdo a Areiza por
el cual este había salido de la cárcel a detención domiciliaria[25].
El expresidente Uribe declaró, luego de conocer del asesinato de Areiza, que se
trataba de “un buen muerto”[26].
Areiza había declarado
a fines de 2014 contra Alfredo Ramos pero un año después, en 2015, se retractó
mediante un escrito y pidió perdón por televisión. Quien obtuvo la retractación
y la presentó en la Corte Suprema fue el abogado Gustavo Moreno, después ex zar
Anticorrupción envuelto en el escándalo del exgobernador de Córdoba y del
llamado “cartel de la toga”[27].
En la carta de retractación firmada por Areiza, se dice que Iván Cepeda le
ofreció 100 millones para que declarara contra Alfredo Ramos, Álvaro Uribe y su
hermano Santiago[28].
Areiza fue llamado a declarar ante la Corte por su carta de retractación de
2015 y señaló entonces que ese escrito había sido producto de las amenazas. Expresó
Areiza que el abogado Jaime Restrepo, “el Patriota” ─según Semana “afín al uribismo”─, fue quien le llevó varias hojas en
blanco que él firmó y “luego llenaron las páginas con falsos argumentos”[29].
En la misma declaración, realizada ante la magistrada auxiliar de la Corte
Suprema, Sandra Yepes, Areiza reveló que había firmado dos hojas en blanco a la
persona que lo visitó y que estampó su firma “para no terminar yo muerto
después”[30].
Areiza expresó claramente su temor por lo que estaba denunciando en cuanto a
que si llegaba a entregar pruebas “me desaparecen totalmente a mí y a mi
familia. Y uno a veces prefiere echarle tierra a ciertos asuntos”[31].
Los tres magistrados de la Corte que fallaron sobre la denuncia de Uribe
desestimaron la retractación escrita de Areiza y le dieron credibilidad a su
declaración verbal. Entre otras varias razones porque su carta de retractación
no se produjo, como su testimonio inicial, “de manera judicial en el juicio” [32].
En consecuencia, en el proceso iniciado por la denuncia de Uribe contra Cepeda,
absolvieron a Cepeda y resolvieron investigar a Uribe.
Los hechos hasta ahora
conocidos del proceso indicarían una especie de patrón común que se destaca en
las peripecias judiciales de la defensa del expresidente: primero se produjeron
declaraciones de testigos que involucraban a Álvaro Uribe, luego venía la
acción de sus emisarios y abogados sobre los testigos, varios de ellos
exparamilitares, para lograr la retractación de los mismos respecto de las
graves acusaciones que le han lanzado. Y en un tercer momento se realizarían
las retractaciones pedidas. Así fue con Areiza y se repitió con Monsalve,
aunque con este no les funcionó el procedimiento, mientras que el primero fue
asesinado por sicarios desconocidos luego de declarar ante la Corte que se
había retractado bajo amenazas. López Callejas, Caliche, a su vez, se desdijo
posteriormente de sus afirmaciones grabadas, en las cuales había revelado que
actuaba por cuenta de Uribe.
El caudillo contrataca
Uribe, sus abogados y
la fuerza política que ganó la elección presidencial, inmediatamente se supo
que las pesquisas de la Corte Suprema habían trocado la condición del
exmandatario de denunciante a investigado, pusieron en práctica una calculada
especie de agresiva contraofensiva judicial y política. Cierto es que tal
campaña fue desatada luego de un momento inicial de desconcierto e indecisión,
al anunciarse que se citaría a indagatoria a Uribe, en el cual este manifestó
que renunciaría a su escaño en el Congreso porque estaría “moralmente impedido”
para permanecer en esa corporación. Anuncio cuyo dramatismo fue cuestionado por
numerosas voces que advirtieron que tal movida no buscaba más que escapar a la
competencia de la Corte y pasar a la de jueces ordinarios tal como habían hecho
antes varios “parapolíticos”. Luego siguió la ambigua situación de un sí es/no
es, en la cual el descaecido presidente del Senado comunicó que su jefe le
había entregado su carta de renuncia pero que le había dado la instrucción de
que no la pusiera en consideración de la cámara legislativa sino que la retuviera
hasta nueva orden. La orden nunca llegó y el expresidente se quedó a seguir
comandando la bancada ultra de la derecha desde su curul. Y para gobernar, por
supuesto. No sin los vaivenes y regateos de los socios de la coalición del
gobierno por la “mermelada” y las canonjías a propósito de la elección del
nuevo Contralor, que lo obligaron a extender esa suerte de imprimatur del “presidente eterno”, luego del cónclave de los tres
exmandatarios ─Uribe, Pastrana, y Gaviria─ al acuerdo mayoritario entre Cambio
Radical y el liberalismo.
Como fuere, Uribe puso
en marcha una ruidosa campaña tendiente a descalificar la investigación que le
adelanta la Corte. Señaló como irregularidades las llamadas filtraciones a la
prensa, los supuestos comentarios de uno de los magistrados, la atribución del
carácter de enemigos políticos a otros funcionarios judiciales y demandó la
recusación de los magistrados que adelantan el proceso. Ante el revuelo que
produjo su llamamiento a indagatoria por la Corte, un poco antes de la apertura
de sesiones del Congreso, Uribe repuso que se trataba de una persecución
política. Antes, a finales de diciembre de 2015, había difundido un twitter en
el cual, siempre en el plan de dar la impresión de que era víctima de una
persecución, afirmó que lo estaban grabando. Se trataba de una conversación
interceptada por la Corte, entre Uribe y Juan Guillermo Villegas el 22 de
diciembre de 2015[33]. Tácticas
estas todas dirigidas a ganar tiempo en el proceso judicial, desacreditar los
magistrados de la actual Corte Suprema como sus jueces ─especialmente a los
tres del fallo contra la denuncia de Uribe─, y a forzar una movilización de
fuerzas políticas, económicas y sociales en respaldo al expresidente. Sin
descartar que tal cruce de versiones y acciones encontradas pudiera terminar
por volver del todo ininteligible el proceso de la Corte contra Uribe de tal
modo que las acusaciones contra este aparezcan incomprensibles para el gran
público.
La clave: la sala para aforados
El asunto es que la
Corte, aunque había fijado para el 3 de septiembre la fecha de la indagatoria
de Uribe, ha suspendido en la práctica de manera indefinida el proceso, dando
como razón la necesidad de que se encuentre constituida la Sala que debe juzgar
aforados como condición para garantizar la recién instituida segunda instancia
en este tipo de procesos[34].
Sin embargo, suscita gran inquietud la aguda observación del periodista Gonzalo
Guillén ─que atribuye a sus consultas con jurisperitos─ cuando señala que la
Corte ha decidido “un inusual receso judicial” hasta tanto sea integrada la
nueva Sala de Instrucción de Aforados Constitucionales, y que, basándose en la
necesidad de esperar a esa integración, ha declarado por tanto, que no puede proceder al arresto del
expresidente Uribe[35].
Contrariamente, dice el mismo Guillén, los jurisconsultos afirman que como
las pruebas recogidas configuran la flagrancia, “las normas penales disponen el
arresto inmediato del involucrado” y que el funcionario judicial que deje de
hacerlo incurre en “prevaricato” y “omisión de denuncia”[36].
Para ilustrarlo, compara esta decisión respecto de casos similares como los de
los exparlamentarios Aída Merlano, Álvaro Ashton, y David Char. Porque en estos
tres casos, también de aforados cuyo juicio es de competencia de la Corte, no
se suspendieron sus procesos y la detención de los mismos tuvo lugar. Por
consiguiente, concluye el periodista citando a uno de los juristas consultados,
“Actuar de manera distinta y favorable con Uribe, frente a Char, Merlano y
Ashton va contra los principios de igualdad y seguridad jurídica”[37].
La decisión de suspender el proceso de Uribe podría dar la impresión de que los
magistrados de la Corte la adoptaron para precaverse de los señalamientos de
persecución política contra el expresidente. Sin lugar a dudas en el hecho hay
mucho de la supervivencia de rezagos monarquistas, de corte feudal,
provenientes de la época colonial, consistentes en que el régimen
presidencialista de Colombia está teñido de una suerte de reverencial
inmunidad, ese privilegio premoderno de que gozan de hecho en Colombia quienes
desempeñan o han desempeñado el cargo de presidentes. Sin olvidar ni mucho menos,
la singularidad del caso de Álvaro Uribe: no hay posibilidad de que cualquier
juez deje de tener muy en cuenta la probabilidad real de las consecuencias que
podrían sobrevenir en el evento de que la justicia imperante se le aplicara al
expresidente como a cualquier otro mortal común y corriente.
Las 9 listas
para elegir los 9 magistrados de la Sala de Instrucción de Aforados ya están a
disposición de la Corte Suprema. Pero no puede perderse de vista las intensas
presiones proveniente de poderosos intereses, que es de prever se desatarán y
ejercerán sobre los resultados de esa elección en los que mucho estará en juego,
como sobre la postergación o proximidad de la fecha misma de su realización.
Finalmente, su composición se convertirá en un factor clave de la situación
colombiana.
Lo anterior adquiere
mayor sentido si se tiene en cuenta otros efectos del proceso penal en
referencia, la denuncia del expresidente Uribe contra el senador Iván Cepea. La decisión de febrero de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, en la
que ordenó investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por los
presuntos delitos ya mencionados,
también revivió otro proceso en su contra. El alto tribunal ordenó revisar
en qué va la investigación contra Uribe Vélez por presuntas omisiones de la gobernación
de Antioquia en la masacre en el corregimiento de La Granja en 1996[38].
Si se repara, además, en que el proceso de la denuncia del expresidente contra
el senador mencionado se agrega a varias otras solicitudes de investigación en su contra, unas por presuntos vínculos con paramilitares, otras relacionadas con
hechos violentos que se registraron cuando fue gobernador de Antioquia, habría
acumuladas contra él cinco pesquisas de serio alcance. Lo
cierto es que la Corte Suprema de Justicia investiga también al expresidente
Álvaro Uribe por los delitos de homicidio,
concierto para delinquir y manipulación de testigos. La investigación por
concierto para delinquir la ratifica el presidente de la Corte, magistrado José
Luis Barceló, en oficio del 6 de abril de este año, y la pesquisa proviene de
la cantidad de casos en que los testigos de cargo han sido obligados a cambiar
sus declaraciones acusatorias contra Uribe o han terminado asesinados cuando se
rehusaron a hacerlo[39]. Algunos procesos se
encuentran en la Comisión de Acusación, otros sin avances en la Corte Suprema
de Justicia, y lo propio sucede con la Fiscalía delegada ante la Corte. Al
momento no se ha producido ninguna decisión en firme en contra del líder de la
extrema derecha colombiana, y los procesos a los cuales se halle vinculado irán
a parar a manos de la anunciada Sala de Instrucción de Aforados[40].
…y desaparecen pruebas
Otro elemento de no
poca monta es el advertido por la Corte en desarrollo de la investigación del
mismo caso de la denuncia de Uribe contra Cepeda. Según ha trascendido a
algunos medios, documentos suscritos por el magistrado Barceló, dan cuenta de
que de una de las salas de interceptación de comunicaciones del llamado Sistema
Esperanza que maneja la Fiscalía y en el cual participan las Fuerzas Armadas,
las agencias de inteligencia del Estado, y la rama judicial, habrían desaparecido
algunas interceptaciones de llamadas telefónicas ordenadas por la Corte[41].
El auto de esta habría dispuesto “Investigar lo ocurrido entre el 24 y 30
de marzo de 2015 con los abonados respecto de los cuales el sistema no grabó y
la filtración de información”[42]. Por lo visto, el
capítulo aparte aquí descrito va para largo y grandes serán sus repercusiones.
Bogotá, 31 de agosto de 2018
[2] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[3] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de
2018.
[4] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, ídem.
[5] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com,
ob. cit.
[6] “Ni
siquiera lo van a tocar,” Daniel Coronell, www.semana.com, 7
de julio de 2018.
[7] “Tres cartas, una historia”, Daniel Coronell, www.semana.com, 21 de julio de 2018.
[8] El que la
hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com,
27 de junio de 2018.
[9] El que la
hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[10] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, ibídem.
[11] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, ob. cit.
[12] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, Passim.
[13] “El que
la hace, la paga”, Dice Caliche: “Yo escuché
directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí [a Álvaro Uribe]. Dijo
‘Venga mijo, será que usted [Carlos López, Caliche] puede entrar y hablar con
él [con Juan Guillermo Monsalve] y que nos mande un video diciendo que ese
hijueputa [Iván Cepeda] está prometiendo cosas que no le pudo cumplir. Que no
se qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él es mierda’ ”.Cfr.: Daniel Coronell, www.semana.com, 27 de junio de 2018.
[14] Agrega
Daniel Coronell: “No me explicó [alias Caliche], en cambio, cómo conocía
la fecha precisa de vencimiento del término para presentar el recurso contra la
decisión de la corte. Me aseguró que todo lo hizo por cuenta propia y porque es
“muy uribista”. Cuando le hice una pregunta que no le gustó, me respondió: “Es
que usted no tiene familia, triplehijueputa’ ”. Cfr.:
“Cortinas y realidades”, Daniel
Coronell,
www.semana.com 28 de julio de
2018.
[15] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com,
27 de junio de 2018.
[16] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[17] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, ibídem.
[18] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, ob. cit.
[19] “Cortinas
y realidades”, Daniel Coronell, www.semana.com 28 de julio de 2018.
[20] “El que
la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[21] “Cortinas
y realidades”, Daniel Coronell, www.semana.com 28 de julio de 2018.
[22] “Cortinas
y realidades”, Daniel Coronell, ídem.
[23] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32-33.
[24] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32.
[25] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32.
[26] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de
2018.
[27] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32-33.
[28] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, ídem, pág. 33.
[29] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Ibídem, pág. 33.
[30] “La Carta
fatal”, columna de Daniel Coronell, Semana,
22 abril de 2018, pág. 16.
[31] La Carta
fatal”, columna de Daniel Coronell, ídem, pág. 16.
[32] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 33.
[33]
En esa conversación grabada por la Corte Uribe exclamó: “las llamadas las
interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento. Yo desde hace muchos
días sabía eso, pero o lo había concretado, me están investigando a mí con
usted y que interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están
escuchando esos hijueputas”. Cfr. “Investigarán
filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe
Vélez”, www.elespectador.com , 18 de
febrero de 2018.
[34] Dice el
magistrado Barceló en comunicación oficial a la Fiscalía General de la Nación: “La
situación coyuntural que se presenta en la actualidad con motivo del Acto
Legislativo 01 de 2018 que creó una sala de instrucción para el trámite de investigaciones
contra aforados constitucionales y una sala de juzgamiento en primera
instancia, con el propósito de que en esta clase de asuntos se garantice el
derecho a la segunda instancia, impiden en este momento calcular el tiempo
aproximado de duración de las investigaciones en comento, pues una vez se
nombren los H. Magistrados que habrán de ocupar tales dignidades, este tipo de
procesos deberán pasar a su conocimiento”. Cfr.
“Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo
Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15
de mayo de 2018.
[35] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, ídem.
[36] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, ibídem.
[37] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén,
ob. cit.
[38] Dicha investigación sobre la
masacre de La Granja está desde diciembre de 2014 en el despacho del magistrado
Gustavo Malo, sin que haya tenido avances. A
la fecha Malo, envuelto en el escándalo generado a raíz de las revelaciones del
procesado ex zar anticorrupción, se encuentra fuera de su cargo por una
incapacidad médica. Cfr.:“Investigarán
filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe
Vélez”, www.elespectador.com , 18 de
febrero de 2018.
[39] “Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de
2018.
[40]
“Investigarán filtración de información- La encrucijada judicial del senador
Álvaro Uribe Vélez”, www.elespectador.com
, 18 de febrero de 2018.
[41] Corte
Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de
2018.
[42]“Investigarán
filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe
Vélez”, www.elespectador.com , 18 de
febrero de 2018.
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