EL CAPÍTULO APARTE DEL PROCESO DE LA CORTE SUPREMA CONTRA URIBE

18:53

En su casa de Rionegro (Antioquia), 31 de julio de 2018, y acompañado por Jaime Lombana, Jaime Granados, Juan Felipe Amaya, Víctor Mosquera y el representante Álvaro Hernán Prada, el expresidente Álvaro Uribe Vélez realizó una rueda de prensa para responder, a los medios de comunicación, todos los interrogantes del proceso que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió en su contra



Por el Equipo de Redacción de LA BAGATELA

“Todo dependerá de la actitud de Duque como presidente: si decide respetar y proteger la independencia judicial, en general, y la de la Corte Suprema, en particular, como es su deber constitucional, estaríamos en una situación muy distinta, porque no se presentarían las tensiones entre el jefe de Estado y el Poder Judicial. Si, por el contrario, asume la actitud de defender a su mentor político por encima de sus deberes constitucionales, se estaría reeditando esa difícil situación que vivimos hace 10 años. Ojalá el presidente Duque sea fiel a sus promesas electorales de fortalecer la cultura de la legalidad en que ‘el que la hace la paga’. Y que, en consecuencia, apoye a los jueces para que actúen y determinen, libremente, si el expresidente Uribe cometió o no actos por los que deba responder penalmente”. No puede haber nadie por encima de la ley, entrevista a Rodrigo Uprimny, www.elespectador.com , 28 de Julio de 2018.

La decisión contra Uribe

El proceso penal que tiene al expresidente Uribe contra las cuerdas es resultado de su fallido ataque judicial contra el senador Iván Cepeda, y constituye un verdadero capítulo aparte en la actual situación del país. Por el personaje involucrado como denunciante y por las tremendas repercusiones que puede alcanzar, que podrían gravitar en forma decisiva sobre el curso general de los acontecimientos en Colombia. Porque no es asunto menor que la alta Corte que atiende el caso, como la rama jurisdiccional en su conjunto, puedan mantener su independencia frente a las aplastantes prerrogativas tanto del poder ejecutivo, desempeñado hoy “por quien Uribe dijo”, como de la coalición que lo eligió, que no sólo constituye mayoría en el Congreso, sino que sus partidos son los agentes políticos e ideológicos de las fuerzas económico-sociales dominantes del establecimiento colombiano. Y el caso definitorio de ese pulso es el proceso aludido, escenario del duro enfrentamiento entablado entre la Corte Suprema de Justicia y “el político más poderoso de Colombia”, el expresidente cabeza de la actual coalición de gobierno. Lo que el país ha empezado a conocer sobre el proceso se debe, en buena parte, al periodista Gonzalo Guillén quien publicó la primera investigación sobre el caso en el portal La Nueva Prensa, seguida por las candentes revelaciones que la continuaron y profundizaron del columnista de la revista Semana, Daniel Coronell.

La investigación y los testigos

En 2013 el jefe de la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe, había denunciado al senador Iván Cepeda acusándolo de ir a las cárceles para conseguir testigos que incriminaran al expresidente y a su familia. Una aplicación a pie juntillas del conocido criterio de Uribe según el cual quienes critiquen sus ejecutorias de gobierno o su trayectoria son “terroristas trajeados de civil”. Mas la Corte Suprema encontró y documentó que el denunciante, Álvaro Uribe, podía ser realmente el núcleo de un plan para manipular testigos, montar un fraude procesal y obstruir la justicia[1]. El fallo, de mediados de febrero de este año, absolvió a Iván Cepeda y decidió investigar al expresidente y actual senador.

La cosa no paró allí. En la investigación del proceso, de la denuncia penal del expresidente contra Iván Cepeda, la Corte Suprema de Justicia se recogieron grabaciones, videos, documentos e interceptaciones telefónicas que indican que el exmandatario estaría presionando a un testigo, por dos vías diferentes, para que cambie su versión en su contra en distintos procesos[2]. Entre las pruebas hay grabaciones legales en las que Álvaro Uribe habla con un abogado, Wilser Darío Molina, sobre la necesidad de cambiar testimonios de testigos de cargo en su contra[3]. Figuran también registros fílmicos y documentales de las visitas al testigo Guillermo Monsalve Pineda en la cárcel La Picota de Bogotá, de los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena, si bien el primero negó que su visita fuera al testigo mencionado[4].

El testigo al que se hace referencia es Juan Guillermo Monsalve, el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, quien vivió por años en la antigua propiedad de la familia Uribe, fue paramilitar y ha declarado que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son fundadores del Bloque Metro de las autodefensas[5]. Recluido en la cárcel La Picota, Monsalve, además de lo anterior, ha dado declaraciones sobre la eventual participación del expresidente en la manipulación de testigos[6]. En el mismo oficio ya mencionado del magistrado José Luis Barceló en el cual se ratifican los otros delitos por los cuales se investiga al expresidente Uribe, se pide protección para la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones son calificadas asimismo como “confiables” y “relevantes” para que sean tenidas en cuenta y evaluadas dentro del proceso[7].

Asegura el testigo Juan Guillermo Monsalve que ha sido objeto de diversas presiones para que se desdiga y afirme, en cambio, que todo lo que ha declarado contra Uribe lo ha hecho porque el senador Iván Cepeda lo indujo con prebendas que no cumplió. Este mismo testigo sostiene que los enviados de Uribe le dijeron que venían de parte del expresidente; que este le mandaba a decir que se retractara, “que con él cuente para lo que sea”[8]. A cambio le ofrecieron dinero, y que le darían protección a su familia, lo meterían a la Justicia Especial de Paz o a Justicia y Paz, según prefiriera, que lo trasladarían a un sitio seguro para él y este mismo año estaría en la calle[9]. Afirma el testigo Monsalve que las presiones se ejercieron, por un lado, a través de un conocido suyo y de un representante a la Cámara del Centro Democrático, y por otro, por intermedio de un abogado y de un recluso y que en ambos casos cumplían instrucciones y actuaban en nombre del expresidente. El antiguo compañero de Monsalve, Carlos López Callejas, alias Caliche, se comunicó con él desde Neiva contándole que le transmitía un mensaje del congresista del uribismo, Álvaro Hernán Prada[10]. Lo que querían de Monsalve, según Caliche, era una grabación retractándose de los señalamientos contra Uribe, a quien se refiere como “el caparrudo”[11]. Debía hacerse esa misma semana porque a Uribe se le vencía el término para presentar un recurso contra la decisión de la Corte[12]. Más significativo es que alias Caliche dijera que Álvaro Uribe participó en su conversación con Hernán Prada para darle instrucciones a través del celular del mencionado congresista[13]. Sin embargo, cuando el periodista Daniel Coronell entrevistó a Carlos López Callejas sobre estas palabras suyas, que están grabadas, dio una nueva y sorprendente versión, según la cual todo fue una mentira, porque él mismo lo había inventado, le aseguró, para engañar tanto al testigo Monsalve, diciéndole que Prada lo había mandado a buscar, como al congresista Prada al asegurarle que Monsalve quería retractarse[14]. El representante a la Cámara Prada, a su turno, aceptó que informó del contacto a Álvaro Uribe pero no que el expresidente hubiera participado en alguna conversación con Carlos López, Caliche[15]. Aseveró que López, Caliche, llegó a él a través de un señor de Garzón, Huila, quien le dijo que “López había trabajado con Monsalve, preso por paramilitarismo que ahora quería decir la verdad”[16].

El otro abogado mencionado es Diego Cadena, quien confirmó que había recibido tiempo atrás poder del senador Álvaro Uribe. Que mediante el mismo lo autorizaba para que consiguiera testimonios en las cárceles que lo favorecieran en el caso de su denuncia contra el senador Cepeda por los presuntos falsos testigos[17], y reconoce que fue a La Picota a buscar la retractación de Monsalve enviado por su cliente, el expresidente. Según la grabación de la entrevista entre este abogado y la esposa de Monsalve, que quedó grabada, el primero afirma que el recluso Enrique Pardo Hasche le había dicho a una persona llamada Vicky Jaramillo que Monsalve quería retractarse, luego de lo cual la antedicha le informó al expresidente Uribe y este mismo dio a Diego Cadena la instrucción para que se desplazara hasta La Picota[18]. En esa conversación efectuada entre el abogado Diego Cadena y el testigo Monsalve, estuvo presente Enrique Pardo Hasche, condenado a 29 años de cárcel por el secuestro de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana. Pardo Hasche también trató de persuadir al testigo Monsalve de que cambiara su versión para favorecer a Uribe. El abogado Cadena se apareció en La Picota a ver al testigo Monsalve en vísperas de que se agotara el término para que Uribe presentara el recurso y lo urgió para que firmara un documento con su retractación[19]. Entre la clientela de Cadena, revela Coronell, figuran los narcotraficantes Diego Rastrojo y Diego Montoya, alias Don Diego. Cadena ha gestionado cartas de Gordo Lindo, para intentar limpiar a Santiago Uribe[20]. Registros oficiales muestran, además, que Cadena actuó como abogado en un proceso en el cual, según la Fiscalía, los afectados eran “testaferros [del] Grupo Familia Rodríguez Orejuela”[21]. La revista Semana publicó tres fotografías de distintas fechas ─una de mayo, otra de noviembre de 2017, y una tercera de junio de 2018─ en las cuales el expresidente Uribe aparece en distintos eventos con el abogado Cadena[22].

Otro testigo clave fue Carlos Enrique Areiza Arango. Era testigo en 2 importantes procesos: el seguido al exgobernador de Antioquia Alfredo Ramos, también de las huestes uribistas, acusado por parapolítica, y el que ha enfrentado al expresidente Álvaro Uribe con el senador Iván Cepeda[23]. Encarcelado por otro proceso, Areiza había salido de la cárcel a detención domiciliaria en febrero de 2018. La Corte Suprema había ordenado en una providencia que el Inpec y la Fiscalía, por la cual estaba protegido, intensificaran sus medidas de protección. Empero, Areiza fue asesinado por sicarios motorizados el 14 de abril de 2018 en Bello, Antioquia[24]. Después del asesinato, la Corte Suprema dirigió una “comunicación crítica” al Fiscal General de la Nación en la que le expresó su “profunda preocupación” y recordó que en la providencia de febrero de 2018 la misma Corte había ordenado investigar al juez y al fiscal que habían otorgado un preacuerdo a Areiza por el cual este había salido de la cárcel a detención domiciliaria[25]. El expresidente Uribe declaró, luego de conocer del asesinato de Areiza, que se trataba de “un buen muerto”[26].

Areiza había declarado a fines de 2014 contra Alfredo Ramos pero un año después, en 2015, se retractó mediante un escrito y pidió perdón por televisión. Quien obtuvo la retractación y la presentó en la Corte Suprema fue el abogado Gustavo Moreno, después ex zar Anticorrupción envuelto en el escándalo del exgobernador de Córdoba y del llamado “cartel de la toga”[27]. En la carta de retractación firmada por Areiza, se dice que Iván Cepeda le ofreció 100 millones para que declarara contra Alfredo Ramos, Álvaro Uribe y su hermano Santiago[28]. Areiza fue llamado a declarar ante la Corte por su carta de retractación de 2015 y señaló entonces que ese escrito había sido producto de las amenazas. Expresó Areiza que el abogado Jaime Restrepo, “el Patriota” ─según Semana “afín al uribismo”─, fue quien le llevó varias hojas en blanco que él firmó y “luego llenaron las páginas con falsos argumentos”[29]. En la misma declaración, realizada ante la magistrada auxiliar de la Corte Suprema, Sandra Yepes, Areiza reveló que había firmado dos hojas en blanco a la persona que lo visitó y que estampó su firma “para no terminar yo muerto después”[30]. Areiza expresó claramente su temor por lo que estaba denunciando en cuanto a que si llegaba a entregar pruebas “me desaparecen totalmente a mí y a mi familia. Y uno a veces prefiere echarle tierra a ciertos asuntos”[31]. Los tres magistrados de la Corte que fallaron sobre la denuncia de Uribe desestimaron la retractación escrita de Areiza y le dieron credibilidad a su declaración verbal. Entre otras varias razones porque su carta de retractación no se produjo, como su testimonio inicial, “de manera judicial en el juicio” [32]. En consecuencia, en el proceso iniciado por la denuncia de Uribe contra Cepeda, absolvieron a Cepeda y resolvieron investigar a Uribe.

Los hechos hasta ahora conocidos del proceso indicarían una especie de patrón común que se destaca en las peripecias judiciales de la defensa del expresidente: primero se produjeron declaraciones de testigos que involucraban a Álvaro Uribe, luego venía la acción de sus emisarios y abogados sobre los testigos, varios de ellos exparamilitares, para lograr la retractación de los mismos respecto de las graves acusaciones que le han lanzado. Y en un tercer momento se realizarían las retractaciones pedidas. Así fue con Areiza y se repitió con Monsalve, aunque con este no les funcionó el procedimiento, mientras que el primero fue asesinado por sicarios desconocidos luego de declarar ante la Corte que se había retractado bajo amenazas. López Callejas, Caliche, a su vez, se desdijo posteriormente de sus afirmaciones grabadas, en las cuales había revelado que actuaba por cuenta de Uribe.

El caudillo contrataca

Uribe, sus abogados y la fuerza política que ganó la elección presidencial, inmediatamente se supo que las pesquisas de la Corte Suprema habían trocado la condición del exmandatario de denunciante a investigado, pusieron en práctica una calculada especie de agresiva contraofensiva judicial y política. Cierto es que tal campaña fue desatada luego de un momento inicial de desconcierto e indecisión, al anunciarse que se citaría a indagatoria a Uribe, en el cual este manifestó que renunciaría a su escaño en el Congreso porque estaría “moralmente impedido” para permanecer en esa corporación. Anuncio cuyo dramatismo fue cuestionado por numerosas voces que advirtieron que tal movida no buscaba más que escapar a la competencia de la Corte y pasar a la de jueces ordinarios tal como habían hecho antes varios “parapolíticos”. Luego siguió la ambigua situación de un sí es/no es, en la cual el descaecido presidente del Senado comunicó que su jefe le había entregado su carta de renuncia pero que le había dado la instrucción de que no la pusiera en consideración de la cámara legislativa sino que la retuviera hasta nueva orden. La orden nunca llegó y el expresidente se quedó a seguir comandando la bancada ultra de la derecha desde su curul. Y para gobernar, por supuesto. No sin los vaivenes y regateos de los socios de la coalición del gobierno por la “mermelada” y las canonjías a propósito de la elección del nuevo Contralor, que lo obligaron a extender esa suerte de imprimatur del “presidente eterno”, luego del cónclave de los tres exmandatarios ─Uribe, Pastrana, y Gaviria─ al acuerdo mayoritario entre Cambio Radical y el liberalismo.

Como fuere, Uribe puso en marcha una ruidosa campaña tendiente a descalificar la investigación que le adelanta la Corte. Señaló como irregularidades las llamadas filtraciones a la prensa, los supuestos comentarios de uno de los magistrados, la atribución del carácter de enemigos políticos a otros funcionarios judiciales y demandó la recusación de los magistrados que adelantan el proceso. Ante el revuelo que produjo su llamamiento a indagatoria por la Corte, un poco antes de la apertura de sesiones del Congreso, Uribe repuso que se trataba de una persecución política. Antes, a finales de diciembre de 2015, había difundido un twitter en el cual, siempre en el plan de dar la impresión de que era víctima de una persecución, afirmó que lo estaban grabando. Se trataba de una conversación interceptada por la Corte, entre Uribe y Juan Guillermo Villegas el 22 de diciembre de 2015[33]. Tácticas estas todas dirigidas a ganar tiempo en el proceso judicial, desacreditar los magistrados de la actual Corte Suprema como sus jueces ─especialmente a los tres del fallo contra la denuncia de Uribe─, y a forzar una movilización de fuerzas políticas, económicas y sociales en respaldo al expresidente. Sin descartar que tal cruce de versiones y acciones encontradas pudiera terminar por volver del todo ininteligible el proceso de la Corte contra Uribe de tal modo que las acusaciones contra este aparezcan incomprensibles para el gran público.

La clave: la sala para aforados

El asunto es que la Corte, aunque había fijado para el 3 de septiembre la fecha de la indagatoria de Uribe, ha suspendido en la práctica de manera indefinida el proceso, dando como razón la necesidad de que se encuentre constituida la Sala que debe juzgar aforados como condición para garantizar la recién instituida segunda instancia en este tipo de procesos[34]. Sin embargo, suscita gran inquietud la aguda observación del periodista Gonzalo Guillén ─que atribuye a sus consultas con jurisperitos─ cuando señala que la Corte ha decidido “un inusual receso judicial” hasta tanto sea integrada la nueva Sala de Instrucción de Aforados Constitucionales, y que, basándose en la necesidad de esperar a esa integración, ha declarado por tanto, que no puede proceder al arresto del expresidente Uribe[35]. Contrariamente, dice el mismo Guillén, los jurisconsultos afirman que como las pruebas recogidas configuran la flagrancia, “las normas penales disponen el arresto inmediato del involucrado” y que el funcionario judicial que deje de hacerlo incurre en “prevaricato” y “omisión de denuncia”[36]. Para ilustrarlo, compara esta decisión respecto de casos similares como los de los exparlamentarios Aída Merlano, Álvaro Ashton, y David Char. Porque en estos tres casos, también de aforados cuyo juicio es de competencia de la Corte, no se suspendieron sus procesos y la detención de los mismos tuvo lugar. Por consiguiente, concluye el periodista citando a uno de los juristas consultados, “Actuar de manera distinta y favorable con Uribe, frente a Char, Merlano y Ashton va contra los principios de igualdad y seguridad jurídica”[37]. La decisión de suspender el proceso de Uribe podría dar la impresión de que los magistrados de la Corte la adoptaron para precaverse de los señalamientos de persecución política contra el expresidente. Sin lugar a dudas en el hecho hay mucho de la supervivencia de rezagos monarquistas, de corte feudal, provenientes de la época colonial, consistentes en que el régimen presidencialista de Colombia está teñido de una suerte de reverencial inmunidad, ese privilegio premoderno de que gozan de hecho en Colombia quienes desempeñan o han desempeñado el cargo de presidentes. Sin olvidar ni mucho menos, la singularidad del caso de Álvaro Uribe: no hay posibilidad de que cualquier juez deje de tener muy en cuenta la probabilidad real de las consecuencias que podrían sobrevenir en el evento de que la justicia imperante se le aplicara al expresidente como a cualquier otro mortal común y corriente.

Las 9 listas para elegir los 9 magistrados de la Sala de Instrucción de Aforados ya están a disposición de la Corte Suprema. Pero no puede perderse de vista las intensas presiones proveniente de poderosos intereses, que es de prever se desatarán y ejercerán sobre los resultados de esa elección en los que mucho estará en juego, como sobre la postergación o proximidad de la fecha misma de su realización. Finalmente, su composición se convertirá en un factor clave de la situación colombiana.

Lo anterior adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta otros efectos del proceso penal en referencia, la denuncia del expresidente Uribe contra el senador Iván Cepea. La decisión de febrero de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordenó investigar al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos ya mencionados, también revivió otro proceso en su contra. El alto tribunal ordenó revisar en qué va la investigación contra Uribe Vélez por presuntas omisiones de la gobernación de Antioquia en la masacre en el corregimiento de La Granja en 1996[38]. Si se repara, además, en que el proceso de la denuncia del expresidente contra el senador mencionado se agrega a varias otras solicitudes de investigación en su contra, unas por presuntos vínculos con paramilitares, otras relacionadas con hechos violentos que se registraron cuando fue gobernador de Antioquia, habría acumuladas contra él cinco pesquisas de serio alcance. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia investiga también al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y manipulación de testigos. La investigación por concierto para delinquir la ratifica el presidente de la Corte, magistrado José Luis Barceló, en oficio del 6 de abril de este año, y la pesquisa proviene de la cantidad de casos en que los testigos de cargo han sido obligados a cambiar sus declaraciones acusatorias contra Uribe o han terminado asesinados cuando se rehusaron a hacerlo[39]. Algunos procesos se encuentran en la Comisión de Acusación, otros sin avances en la Corte Suprema de Justicia, y lo propio sucede con la Fiscalía delegada ante la Corte. Al momento no se ha producido ninguna decisión en firme en contra del líder de la extrema derecha colombiana, y los procesos a los cuales se halle vinculado irán a parar a manos de la anunciada Sala de Instrucción de Aforados[40].

…y desaparecen pruebas

Otro elemento de no poca monta es el advertido por la Corte en desarrollo de la investigación del mismo caso de la denuncia de Uribe contra Cepeda. Según ha trascendido a algunos medios, documentos suscritos por el magistrado Barceló, dan cuenta de que de una de las salas de interceptación de comunicaciones del llamado Sistema Esperanza que maneja la Fiscalía y en el cual participan las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia del Estado, y la rama judicial, habrían desaparecido algunas interceptaciones de llamadas telefónicas ordenadas por la Corte[41]. El auto de esta habría dispuesto “Investigar lo ocurrido entre el 24 y 30 de marzo de 2015 con los abonados respecto de los cuales el sistema no grabó y la filtración de información”[42]. Por lo visto, el capítulo aparte aquí descrito va para largo y grandes serán sus repercusiones.

Bogotá, 31 de agosto de 2018





NOTAS
[1]El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com, 27 de junio de 2018.
[2]El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[3] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de 2018.
[4] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, ídem.
[5] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com, ob. cit.
[6] “Ni siquiera lo van a tocar,” Daniel Coronell, www.semana.com, 7 de julio de 2018.
[7] “Tres cartas, una historia”, Daniel Coronell, www.semana.com, 21 de julio de 2018.
[8] El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com, 27 de junio de 2018.
[9] El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[10] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ibídem.
[11] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ob. cit.
[12] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, Passim.
[13] “El que la hace, la paga”, Dice Caliche: “Yo escuché directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí [a Álvaro Uribe]. Dijo ‘Venga mijo, será que usted [Carlos López, Caliche] puede entrar y hablar con él [con Juan Guillermo Monsalve] y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa [Iván Cepeda] está prometiendo cosas que no le pudo cumplir. Que no se qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él es mierda’ ”.Cfr.: Daniel Coronell, www.semana.com, 27 de junio de 2018.
[14] Agrega Daniel Coronell: “No me explicó [alias Caliche], en cambio, cómo conocía la fecha precisa de vencimiento del término para presentar el recurso contra la decisión de la corte. Me aseguró que todo lo hizo por cuenta propia y porque es “muy uribista”. Cuando le hice una pregunta que no le gustó, me respondió: “Es que usted no tiene familia, triplehijueputa’ ”. Cfr.: “Cortinas y realidades”, Daniel Coronell, www.semana.com 28 de julio de 2018.
[15] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, www.semana.com, 27 de junio de 2018.
[16] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[17] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ibídem.
[18] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ob. cit.
[19] “Cortinas y realidades”, Daniel Coronell, www.semana.com 28 de julio de 2018.
[20] “El que la hace, la paga”, Daniel Coronell, ídem.
[21] “Cortinas y realidades”, Daniel Coronell, www.semana.com 28 de julio de 2018.
[22] “Cortinas y realidades”, Daniel Coronell, ídem.
[23] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32-33.
[24] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32.
[25] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32.
[26] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de 2018.
[27] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 32-33.
[28] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, ídem, pág. 33.
[29] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Ibídem, pág. 33.
[30] “La Carta fatal”, columna de Daniel Coronell, Semana, 22 abril de 2018, pág. 16.
[31] La Carta fatal”, columna de Daniel Coronell, ídem, pág. 16.
[32] “¿Por qué lo mataron si era tan importante?”, Semana, 22 de abril de 2018, pág. 33.
[33] En esa conversación grabada por la Corte Uribe exclamó: “las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero o lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. Cfr. Investigarán filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe Vélez”, www.elespectador.com , 18 de febrero de 2018.
[34] Dice el magistrado Barceló en comunicación oficial a la Fiscalía General de la Nación: “La situación coyuntural que se presenta en la actualidad con motivo del Acto Legislativo 01 de 2018 que creó una sala de instrucción para el trámite de investigaciones contra aforados constitucionales y una sala de juzgamiento en primera instancia, con el propósito de que en esta clase de asuntos se garantice el derecho a la segunda instancia, impiden en este momento calcular el tiempo aproximado de duración de las investigaciones en comento, pues una vez se nombren los H. Magistrados que habrán de ocupar tales dignidades, este tipo de procesos deberán pasar a su conocimiento”. Cfr. “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de 2018.
[35] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, ídem.
[36] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, ibídem.
[37] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, ob. cit.
[38] Dicha investigación sobre la masacre de La Granja está desde diciembre de 2014 en el despacho del magistrado Gustavo Malo, sin que haya tenido avances. A la fecha Malo, envuelto en el escándalo generado a raíz de las revelaciones del procesado ex zar anticorrupción, se encuentra fuera de su cargo por una incapacidad médica. Cfr.:“Investigarán filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe Vélez”, www.elespectador.com , 18 de febrero de 2018.
[39] “Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de 2018.
[40] “Investigarán filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe Vélez”, www.elespectador.com , 18 de febrero de 2018.
[41] Corte Suprema está obligada a arrestar a Uribe, aseveran expertos”, Gonzalo Guillén, www.lanuevaprensa.net, 15 de mayo de 2018.
[42]“Investigarán filtración de información- La encrucijada judicial del senador Álvaro Uribe Vélez”, www.elespectador.com , 18 de febrero de 2018.

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