Por Carlos Raúl Moreno Parra
Integrante Junta Directiva Nacional de Aceb
Tomado de El Bancario 13 / marzo de 2019
Un plan de desarrollo no es un plan de gastos
Un plan de desarrollo puede convertirse en una potente palanca de
progreso de un país como lo ponen de presente ejemplos tan diversos como la
extinta UURRSS y sus planes quinquenales o la República Popular China en la
perspectiva marxista del progreso de las naciones, o los de Corea del Sur o
Taiwán en economías capitalistas, para mencionar unos cuantos. En América
Latina fue famoso el plan del presidente brasileño Kubitschek que denominó
“Cincuenta años en cinco”.
Si algo hay común en estos planes es un motor o sector dirigente
alrededor del cual se organiza toda la actividad productiva del país y ese eje
se corresponde con lo que la historia ha decantado como la polea del desarrollo
en los últimos dos siglos, la industrialización.
La diferencia entre un plan de desarrollo y un presupuesto nacional no
es solamente el plazo de aplicación, cuatro años y un año respectivamente para
el caso de Colombia, sino que el presupuesto es una lista de gastos mientras
que el plan es un programa de desarrollo.
Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que en la tradición
colombiana el debate gira en torno a dos documentos. Uno, el plan en sí (“Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, es nombre que tiene el de Duque, en mil y
pico de páginas) y el otro es un proyecto de ley que al convertirse en ley se
supone que desarrolla el Plan (lo que presentó Duque al Congreso es un proyecto
de 183 artículos).
Conviene destacar los principales yerros que trae el Plan y que
permiten concluir que el país en nada mejorará su suerte y en cambio sí es
altamente probable que empeore.
Nada para el desarrollo
Ante todo, se echa de menos una estructuración alrededor de una
política moderna de desarrollo. El Plan está compuesto por quince “pactos”.
Tres de ellos los llama “estructurales”. El más importante está anunciado en el
título (equidad) y los otros dos son el emprendimiento y la legalidad. Desde
ahí ya puede concluirse que no hay política de desarrollo sino un listado de
gastos para alcanzar los tres pactos (más la otra docena de “pactos” no
estructurales).
Pero no es claro de qué manera se alcanzará la tal equidad, pues ni
siquiera plantea una adecuada medida de qué es la inequidad y cuales las causas
para así mismo proponer las políticas para enfrentarla y las herramientas para
evaluar si se mejorará o no la suerte del país. El mismo raciocinio se puede
hacer en torno al emprendimiento y la legalidad: Ni se plantea qué son esos dos
asuntos, ni porqué el país carece de ellos ni cómo es que si se alcanzaran
redundarían en el desarrollo. Evocar en el primer párrafo del plan a Álvaro
Uribe Vélez como gran artífice de la futura Colombia con todo lo que el
expresidente ha significado en cuanto a promoción de la ilegalidad –según se
sabe sobre su oscura historia desde sus épocas de gobernador de Antioquia hasta
la manera como se aprobó la reelección, pasando por los falsos positivos–, no
es buen punto de referencia de “legalidad”.
Proponer como gran herramienta del emprendimiento y del desarrollo algo
tan deletéreo y vacuo como la economía naranja, no pasa de ser un gracejo como
tantos en los que ha mostrado ser experto el presidente Duque.
Micos a tutiplén
El articulado del Plan exhibe una gigantesca manada de escandalosos
micos.
La norma que regula la elaboración del plan establece que debe haber
unidad de materia, es decir, que el articulado del Plan apunte a materializar
los objetivos. El resto son los “micos” que están prohibidos teniendo en cuenta
que la discusión de la ley del plan es la menos democrática de las que hay para
elaborar leyes porque se aprueba por el Congreso en tres meses, en una sola
vuelta de discusión (o no lo aprueba y entonces queda en pie el proyecto que
presentó el gobierno). Por eso se exige que haya unidad de materia, para que
solo se discutan asuntos del desarrollo y no se use el Plan para meter de
contrabando reformas a leyes que poco o nada tiene que ver.
Pues bien, Duque usa los artículos para meter de contrabando piezas de
una reforma pensional, elementos de recorte de gasto que no pasaron en la ley
tributaria del año pasado como lo atinente a subsidios a los sectores más
pobres del país (el 85% de la población gana menos de dos salarios mínimos),
crea impuestos como el de parqueaderos que ha sido derrotado muchas veces,
apunta a acabar instituciones que tienen recursos parafiscales al establecer
que ahora entrarán a la caja común, da entierro de tercera al Departamento
Nacional de Planeación al dejar en manos de Hacienda la distribución de los
recursos del Plan, y más micos que han sido pillados por los analistas. Este
recuento ocuparía páginas y páginas pues además los artículos tienen una
redacción tan arrevesada que no siempre es fácil captar la proterva intensión
del gobierno.
Más locomotora minero-energética
Pero el problema central del plan de desarrollo de Duque es que apunta
a fortalecer lo peor del modelo que se le ha aplicado a Colombia en la etapa
neoliberal, las actividades minero-energéticas a manos de los grandes
monopolios. El Pacto por la legalidad no es otra cosa que sacar del camino a
los productores pequeños o artesanales para despejárselo a los emporios y
monopolios que están al frente de las explotaciones de minas, pozos y
latifundios.
No hay un plan de modernización o, lo que sería lo mismo, de
industrialización, que ponga al país en el camino de lo que es el motor hoy en
el mundo, la llamada cuarta revolución industrial, sino que ahonda más en el
viejo modelo de saqueo de los recursos naturales.
El “Pacto por los recursos minero-energéticos” absorbe casi 100
billones de pesos del Plan (que totaliza un poco más de un mil billones de
pesos) y uno de los componentes de la “legalidad” es la “seguridad energética”
que absorbe 85 billones de pesos. En cambio la tan cacareada economía naranja
tiene cinco billones y ciencia y tecnología (componente para entrar en el mundo
de la revolución industrial) 20 billones.
Finalmente hay que destacar que el gobierno pide facultades
extraordinarias en el Plan para reorganizar el Estado de acuerdo con las líneas
que quedan mencionadas, es decir, para mantener el atraso, la sojuzgación y la
antidemocracia.
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