El fallo de la Corte, que acaba de absolver al exrector de Uniatlantico, Ubaldo Enrique Meza de la judicializacion orquestada por Carrasquilla cuando fungía como ministro de Hacienda de Uribe en 2006, ha puesto en evidencia una conspiracion, que puede catalogarse como crimen de Estado, que involucra a altos funcionarios del gobierno, políticos regionales y algunos órganos de la rama judicial y que pretendía liquidar a la universidad pública colombiana para favorecer intereses privados incrustados en la educación superior. Se trata de una conspiración que bajo el actual gobierno uribista, se convierte en consigna estatal, con la negación por parte del presidente Duque, de los recursos para subsanar el deficit de 18 billones que asfixia a las universidades públicas.
Comunicado a la opinión pública
Ubaldo
Enrique Meza Ricardo, ex Rector de Universidad del Atlántico
LA CORTE SUPREMA ME ABSUELVE
"En pleito histórico con el Ministerio de Hacienda por pensiones convencionales en la Universidad del Atlántico".
Después de un desgastante y
atípico proceso penal de más de 12 años, promovido por quien en ese momento
figuraba como Ministro de Hacienda del Presidente Uribe y que hoy repite
funciones como “superministro” del Gobierno actual, Alberto Carrasquilla
Barrera, debo expresar públicamente mi complacencia como persona de honra al
servicio de la sociedad, por la decisión de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, que en sentencia de su Sala Penal de Casación del 26 de septiembre de
2018 y publicada la semana pasada, dejó sin efectos jurídicos la sentencia del
Tribunal Superior de Barranquilla que me condenaba a ocho años de prisión y al
pago de una suma de dinero cercana a los $7.400 millones de pesos. En su lugar,
la Corte me absolvió de todos los cargos formulados por un fiscal de la Unidad
Nacional Anticorrupción de Bogotá, quien me imputaba los delitos de peculado
por apropiación a favor de terceros, por el reconocimiento de pensiones a
docentes y servidores de la Universidad del Atlántico, que hice como rector de
esa institución, con apego a la ley, basado en la Convención Colectiva de
Trabajo vigente, que dicho sea de paso, ni firmé, ni a la cual tengo derecho,
es decir, nunca hubo conflicto de intereses.
En Carta Abierta del 6 febrero de
2017, revelamos los detalles jurídicos y denunciamos los fines pérfidos de
quienes instrumentalizaron este tortuoso proceso penal, caracterizado por una
penosa propaganda negativa a través de algunos medios, exclusivamente contra
los entonces rectores de la Universidad, Paola Amar Sepúlveda y el suscrito
Ubaldo Enrique Meza. Esta calumniosa campaña fue fomentada incluso por una
funcionaria menor del Ministerio de Hacienda, que había sido encargada de la
rectoría desde las altas instancias gubernamentales con los fines más
protervos. Además de la difamación de que fui objeto, se lucieron mis
adversarios exhibiendo las tropelías más inciviles, entre otras el ocultamiento
de la información requerida por investigadores del CTI de la Fiscalía, misión
desplegada por un escudero de la rectora, quien se desempeñaba doblemente
como Secretario General y apoderado de la parte civil de nuestra alma máter.
Este ominoso proceso penal fue utilizado desde el Ministerio de Hacienda para
“satanizar” las pensiones reconocidas legalmente a servidores de la Universidad
vinculados en la década de los 70’, y a partir de ello buscar una argucia
jurídica para eludir el cumplimiento de sus obligaciones financieras, que
constituyen un pasivo superior a 500 mil millones de pesos, más las
obligaciones de tracto sucesivo frente a los pensionados, a costa de mi
dignidad como persona y funcionario público honesto.
Para implementar este deslucido
proceso penal, que la Corte Suprema finalmente invalida, el entonces y actual
Ministro de Hacienda contrató la firma de abogados de la capital del país
Forero & Rodríguez Ltda., cuyo miembro principal fue nombrado meses después
Vice fiscal General de la Nación, dejando a su socio al frente de este proceso.
Extrañamente, al momento de calificar el mérito de la investigación se cambió
abruptamente de Fiscal Anticorrupción, para designar en su reemplazo a quien
con claro atropello del ordenamiento jurídico y de mano con el apoderado del
Ministerio de Hacienda, desatendió las decisiones ejecutoriadas de la
Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación,
del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Consejo de Estado, para
llevarme a juicio y perseguir una condena en contra de la doctora Paola Amar y
del suscrito, basados en hechos y argumentos infundados, incluso desdeñando la
decisión adoptada en su momento por su superior (Fiscal 45 Delegado ante el
Tribunal de Bogotá), cuya delimitación de cargos ignoró absolutamente durante
todo el juzgamiento.
Hoy, cuando la verdad sobre el
tema pensional de la Universidad del Atlántico sale a relucir y resplandece por
fin en su máximo órgano representativo la misión democrática de la justicia,
debo decir a mi familia, a mis amigos,
a la comunidad universitaria. a la opinión pública en general, y también a mis
detractores, que no sólo se reivindicó la dignidad y el buen nombre de Ubaldo
Enrique Meza Ricardo, sino que me conforta aún más la certidumbre económica que
mi absolución representa para las finanzas de nuestra amada Universidad del
Atlántico. Esto es así, puesto que el efecto inmediato de la condena penal
perseguida por el Ministerio de Hacienda, implicaba un recorte drástico en las
transferencias de los recursos a cargo de la Nación, un incumplimiento de la
ley urdido desde las altas esferas del Estado, desde todo punto de vista
irresponsable, arbitrario y unilateral, que conducía a una crisis financiera de
la universidad, que alcancé a visionar en mi época de Rector (1998 a 2001), y
que llevó a la Institución a la quiebra y a la aplicación de la ley 550. Esa
era la razón de fondo para oponerme de manera vehemente a la firma del leonino
Convenio de Concurrencia y para negarme a cumplir las órdenes que me impartía
la mencionada cartera ministerial, pero que lamentablemente más adelante fueron
consumadas por quien me sucedió en la Rectoría, respaldado por los gobernadores
de aquel entonces en el Departamento del Atlántico, ilustres desconocedores de
la realidad de la Universidad Pública.
De ahí la importancia del fallo
absolutorio proferido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues además
de despejar toda duda sobre la transparencia de mi actuación administrativa,
aclara el tema de la legalidad de las pensiones convencionales, como ya lo
había hecho el Consejo de Estado, y los Organismos de Control antes
mencionados, sentando jurisprudencia en materia tan importante como es el
principio de congruencia, desestimado por los jueces que hicieron caso omiso
del concepto favorable a mi causa, que ya había sido emitido por instancias superiores
y que ahora la Corte Suprema reivindica. Este histórico fallo también implica
para el Ministerio de Hacienda la obligación de responder a los compromisos
pendientes con la Universidad del Atlántico, que afectan al cuerpo docente y
administrativo y que incidieron negativamente en el normal cumplimiento de las
funciones misionales de la Institución.
Con esta decisión la Corte cierra
el capítulo de infamias, desinformación, persecución y mentiras, orquestado por
detractores políticos de dentro y fuera de la Universidad contra el suscrito, y
estuvo precedido por otros fallos en los cuales ya había sido exonerado de toda
responsabilidad en denuncias infundadas como el caso de las Conciliaciones, el
de los Bonos Pensionales y otros que quedaron suficientemente esclarecidos y donde
la justicia me dio totalmente la razón. Al absolverme de manera definitiva la
Corte no sólo restaura mi buen nombre, sino que le concede un triunfo resonante
a la Universidad del Atlántico y por extensión a toda la educación pública
superior, en una batalla librada contra un verdadero Goliat de la iniquidad
como el ministro Carrasquilla, a quien los medios de prensa y la opinión
nacional a través de las redes tienen en la picota pública, señalado por
supuestas conductas antiéticas y corruptas.
Agradezco a todas las personas
que siempre creyeron en mí, aquellas que con sus opiniones me dieron ánimo para
seguir enfrentando con paciencia, gallardía e inteligencia esta dura batalla
contra políticas neoliberales de economía salvaje dirigidas contra la
universidad pública, y a mis defensores, doctores Jeofrey Troncoso Mojica y
Fredis Suárez Suárez, quienes siempre tuvieron la convicción de mi absoluta
inocencia, y la firmeza de hacer prevalecer el derecho y la justicia.
Ubaldo Enrique Meza Ricardo
Ex
Rector de la Universidad del Atlántico
Barranquilla, 9 de octubre de
2018
2 comentarios
Write comentariosDesafortunadamente, asi funciona en este es el país del Sagrado Corazón.... Se roban desde la Registraduría todas las Elecciones; Gana el No por la Paz - Le roban las Elecciones a Petro y los que Ganaron la Curul para el Congreso se las quitan y les aparece de la noche a la mañana votos a qjienes No los ostentan y el más reciente, se roban la consulta Anticorrupción.... Pero con el paso del Tiempo se sabra la Verdad, COMO EN ESTE CASO...
ReplyLIBERTAD Y PAZ PROFESOR!!!
Gracias por tu comentario
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